Molesto con el manejo de su presupuesto, el juez federal Francisco Besosa impuso un síndico financiero al Negociado de la Policía, que inicia labores el próximo 1 de julio.
En una orden de tres páginas, Besosa nombró a Christopher Graham como “oficial de supervisión financiera” de la Policía, que ya cuenta con un monitor y forma parte de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública (DSP).
Graham no es ajeno a la uniformada. Ya había auditado sus gastos para los años fiscales del 2018 al 2021.
El nuevo síndico devengará un salario de $150 la hora, que no excederá los $90,000 al año, y podrá reclamar reembolsos de gastos hasta un tope de $12,000. Para cubrir este gasto, Besosa ordenó a la Policía a depositar $102,000 en una cuenta separada.
“El tribunal ha dejado claro, en repetidas ocasiones, que sigue preocupado por el manejo financiera de los gastos relacionados con la Reforma”, apunta el juez en la orden.
“El tribunal también ha dejado claro que considera que todo el financiamiento del Negociado de la Policía de Puerto Rico, incluido el presupuesto operacional anual recurrente y el presupuesto anual de Reforma de $20 millones, es un activo financiero único bajo la supervisión del tribunal”, añadió.
El representante y candidato a presidir el Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, colgó la orden en su cuenta de Twitter e inmediatamente exigió la salida del secretario del DSP, Alexis Torres.
“Esto es otra demostración de la ineficiencia del DSP y de la administración de Pierluisi. Aunque la acción correcta es derogar el DSP, hoy deberían comenzar por solicitar la renuncia del secretario Alexis Torres a causa de la acción del tribunal”, apuntaló.
Uno de los proyectos de fusión emblemáticos del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, el DSP ha confrontado problemas desde el inicio. Creado en el 2017 para reproducir el organigrama federal de las agencias de ley y orden, esta sombrilla agrupa a seis dependencias públicas: Policía, el Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1, el Negociado de Emergencias y Administración de Desastres, el Negociado del Cuerpo de Bomberos, el Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas y el Negociado de Investigaciones Especiales.
El Negociado de Ciencias Forenses formó parte de la agencia, pero la directora María Conte Miller logró su emancipación a finales del 2020 porque la burocracia administrativa entorpecía los trabajos de la agencia. Tras librarse de la sombrilla, recuperó su nombre y volvió a llamarse Instituto de Ciencias Forenses.
En el contexto de sus primeros nombramientos después de ganar las elecciones, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia reconoció las fallas del DSP, que se ha convertido en una agencia poderosa que maneja los presupuestos de las agencias bajo su control, y adelantó su intención de separar el NIE de la sombrilla para que retornara a su función de brazo investigativo del Departamento de Justicia. Pero a tres años de su gestión, el DPS continúa sin cambios.
