Cámara evalúa pedirle al Supremo inmunidad para la fiscal Betzaida Quiñones

La Cámara de Representantes evalúa solicitarle al Tribunal Supremo que conceda inmunidad disciplinaria a la fiscal Betzaida Quiñones Rodríguez para que declare libremente sobre las supuestas prácticas antiéticas o ilegales cometidas por funcionarios del Departamento de Justicia.

El presidente de la Comisión de lo Jurídico, Orlando Aponte Rosario, explicó hoy en el programa Los datos son los datos (WAPA-TV) que el cuerpo también considera extenderle inmunidad civil y administrativa a la fiscal, quien en noviembre pasado denunció que la entonces jefa de Fiscales, Olga Castellón Miranda, y la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, le habían ordenado detener las pesquisas del asesinato del trapero Kevin Fret y la muerte sospechosa del abogado Carlos Cotto Cartagena.

A raíz de estas alegaciones, el Departamento de Justicia inició una investigación, pero luego refirió la pesquisa al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, quien designó a la exjueza Crisanta González Seda para realizar la investigación preliminar.

Esta mañana Quiñones Rodríguez debía comparecer ante la Comisión de lo Jurídico por segunda ocasión, pero se ausentó por razones de enfermedad. Al informar, la cancelación de la audiencia el legislador y abogado informó que analizaba concederle inmunidad al amparo de la  Ley 27 de 1990 o Ley de Procedimiento y Concesión de Inmunidad a Testigos.

El artículo 7 de este estatuto estipula que la Comisión de lo Jurídico debe aprobar una resolución concediéndole a la “testigo inmunidad transaccional, civil o administración a todas, siempre que sea con el voto de la mayoría de los miembros de la Cámara correspondiente”. Esa resolución “podrá, además, autorizar al Presidente de la Cámara correspondiente a solicitar del Tribunal Supremo inmunidad disciplinaria para el testigo, si éste fuera un abogado debidamente admitido al ejercicio de la profesión por el Tribunal Supremo”.

La petición al Supremo ocurre luego de que Quiñones Rodríguez realizó expresiones en el programa Cuarto Poder (WAPA-TV) relacionadas a la investigación del asesinato de Fret. Esa noche reveló que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) concluyó que Fret no extorsionó al cantante de música urbana Ozuna y que el manejador del intérprete de “Taki Taki”, Vicente Saavedra, mencionó -en varias ocasiones- sus vínculos con el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares cuando lo entrevistó, como parte de su investigación.

Poco después de interrogar a Saavedra como potencial testigo, Quiñones Rodríguez recibió instrucciones para detener la pesquisa. Tras esas declaraciones, el abogado de Saavedra, Harry Padilla Martínez, presentó una querella en su contra ante el Supremo.

“Además de esto, el propio Departamento de Justicia a través de su Secretario (Domingo Emanuelli Hernández) le envió una carta advirtiéndole, que a pesar de que no tenía objeción a que ella compareciera ante la Comisión, no podía expresar, dar detalles de las investigaciones que ella alega fueron paralizadas y que tampoco puede dar detalles en torno a las denuncias que ha hecho relacionadas al Departamento, que alegadamente están siendo investigadas por el Panel del FEI. Así que básicamente parecería que le están dando una orden de mordaza y para evitar que el propio Departamento y alguna persona pueda tomar una acción civil administrativa o disciplinaria por lo que hemos aclarado, queremos auscultar de si es necesario darle este tipo de inmunidad para que pueda declarar sin ningún tipo de reservas”, apuntaló Aponte Rosario.

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