A horas de que mayoría conservadora de la Corte Suprema federal anulara el histórico fallo Roe v. Wade que protege el derecho al aborto, un grupo de legisladoras y legisladores presentó una medida para garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre cuerpo en Puerto Rico.
La decisión de la Corte delegó a los estados y territorios la facultad de regular el aborto o las terminaciones de embarazo. Ocurre a tres días de que el Senado de Puerto Rico aprobara una medida que prohibiría las terminaciones de embarazos después de las 22 semanas a menos que la mujer o persona gestante enfrente una emergencia médica. Pero la Cámara de Representantes dejó la discusión del polémico Proyecto del Senado 693 para la próxima Sesión Ordinaria.
Ante ese escenario, las senadoras Ana Irma Rivera Lassén (MVC), María de Lourdes Santiago Negrón (PIP), Migdalia González Arroyo (PPD), Elizabeth Rosa Vélez (PPD) y Rosamar Trujillo Plumey (PPD), junto a los senadores Rafael Bernabe Riefkohl (MVC), José Vargas Vidot (IND) y Juan Zaragoza Gómez (PPD), presentaron esta tarde el Proyecto 929 que crearía la Ley para la Protección de los Derechos Reproductivos de las Mujeres y de las Personas Gestantes.
En la Cámara de Representantes, la legisladora Mariana Nogales Molinelli (MVC) y los legisladores José Bernardo Márquez Reyes (MVC) y Denis Márquez Lebrón (PIP) presentaron el Proyecto de la Cámara 1403, una medida hermana.
A través de un comunicado de prensa, el grupo indicó que la medida busca ratificar, defender y codificar mediante ley el derecho al aborto reconocido al amparo del derecho a la intimidad contenido en la Constitución de Puerto Rico.
“El estado de derecho en Puerto Rico sigue siendo que el aborto es legal para proteger la vida y salud de las mujeres y personas gestantes. Mediante este proyecto queremos darle seguridad a ese estado de derecho, que no se menoscaben sus derechos sexuales y reproductivos. Que no se confunda nadie, no hay crisis legal, no hay crisis de abortos realizados sin reglamentación como dicen las personas anti-derechos. Tampoco hay miedo a defender nuestros derechos. No podemos retroceder al pasado de dolor y sangre de quienes no pudieron tener un aborto seguro”, aserveró la senadora Rivera Lassén.
La senadora Santiago Negrón añadió que la determinación de la Corte entrega al Estado el control del cuerpo de las mujeres y constituye el anticipo de otras iniciativas para menoscabar más derechos humanos y civiles.
“En ese escenario es imperativo que desde la Asamblea Legislativa se escuchen las voces que creemos en la defensa de esos derechos, y eso es lo que representa esta medida”, indicó.
El proyecto, que se presenta en las postrimerías de la tercera Sesión Ordinaria, ofrece un recuento de la historia para “exponer cómo históricamente se ha pretendido ejercer control sobre los derechos reproductivos de las mujeres, cómo en Puerto Rico existe el derecho al aborto desde 1902 y cómo se ha reiterado su importancia en numerosas veces”.
Las legisladores y legisladores resaltaron que el caso normativo es Pueblo v. Duarte Mendoza, resuelto en 1980, el cual ató directamente el derecho al aborto con el derecho constitucional a la intimidad.
Al lamentar la decisión de hoy, la senadora González Arroyo indicó que la decisión representa un retroceso en la lucha de los derechos reproductivos de la mujeres.
“Con este fallo se anula el derecho constitucional al aborto que había existido por más de 50 años en Estados Unidos tras la sentencia en el caso de Roe vs Wade. No obstante en la Constitución de Puerto Rico sí está garantizado el derecho a la intimidad, que les permite a las mujeres decidir sobre su cuerpo y el tratamiento médico que necesitan”, manifestó.
“Con esta decisión se afectan las mujeres más vulnerables y deprimidas económicamente, que tendrán que recurrir a otros medios que pueden poner en riesgo su vida y seguridad. Ni en Estados Unidos, ni en Puerto Rico, ni en ninguna parte del mundo debemos permitir se eliminen derechos a las mujeres”, agregó González Arroyo.
El senador Vargas Vidot reiteró “que la decisión emitida hoy supone un daño irreparable para los derechos de las mujeres y las personas gestantes, además de la peligrosa puerta que queda abierta para que se continúen restando derechos arduamente luchados y basados en el derecho a la intimidad. No podemos quedarnos de manos cruzadas y, con este proyecto,
pretendemos garantizar los derechos sexuales y reproductivos para todas las mujeres y personas gestantes como derechos fundamentales bajo la Constitución de Puerto Rico”.
Abogados que analizaron la decisión de la Corte Suprema señalaron que, en su opinión concurrente, el juez Clarence Thomas consignó que ahora corresponde evaluar otras decisiones judiciales en las cuales se reconoció el derecho a los anticonceptivos, la prohibición a la criminalización de la sodomía y el matrimonio igualitario.
“Ante esta embestida anti-derechos tenemos que reafirmar que en Puerto Rico seguimos teniendo derecho a decidir. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos actuar para preservar ese derecho, para que quede meridianamente claro que aquí no vamos a permitir más retrocesos que pongan en riesgo nuestra libertad, nuestra salud y nuestra vida”, concluyó la representante Nogales Molinelli.
