La familia de Shannel Colón Ponce no cree la versión del Instituto de Ciencias Forenses, que indica que la joven se suicidó. Para colmo, saben de testimonios de confinadas en videos que se filtraron desde la cárcel, donde afirman que la joven no se suicidó.
“¡A Shannel la mataron! ¡Nos quieren mandar a callar… que si hablábamos nos iban a meter a máxima y Regla 9! ¡Queremos Justicia para Shannel!”, exclaman algunas confinadas en uno de tres videos en posesión de Cuarto Poder, en los que aseguran que oficiales de Corrección las intimidan para que no hablen del caso.
“Hablamos desde aquí, de la cárcel de mujeres de Bayamón. Queremos que todos sepan el maltrato que tiene los oficiales con las confinadas, nos amenazan, que si hablamos de Shannel, nos van a aplicar Regla 9 o nos van a segregar, no tienen ética profesional, nos hablan malo, nos agreden, no nos dan los servicios como se suponen”, dice otra voz de una confinada en otro de los videos.
Las denuncias llegaron hasta los oídos de la directora de la organización Kilómetro Cero, que lidia con la violencia policiaca en todos sus aspectos.
“Nosotros nos especializamos en los casos de violencia policial pero cuando ocurrió lo de Shannell, y al ver las denuncias de las confinadas y toda esta sospecha de que había sido un homicidio de una guardia penal, entramos a exigir que se hicieran investigaciones independientes sobre este caso y sobre muchos otros que hay, en las cárceles”, indicó Mari Mari Narváez.
“¿Tú sabes que se han duplicado las muertes en las cárceles de Puerto Rico en los últimos años? A cada rato nos contactan familiares, pero este caso nos conmovió mucho por las denuncias directas de las confinadas y por las manifestaciones de la familia y porque es bien parecido a la violencia policial en cuanto a que no existe ningún tipo de rendición de cuentas en este sistema de justicia criminal. ¿Se supone que la familia le crea?”, articuló.
Según datos ofrecidos por Corrección, entre otros recopilados para la organización Proyecto Matria por la estudiante de trabajo social forense, Analise Laureano, la curva de muertes – ya sea por causas “naturales”, que incluyen el padecimiento de enfermedades crónicas, o por causas “no naturales”, que incluyen asesinatos y sobredosis con substancias controladas – continúa en un aumento vertiginoso desde 2019.
Durante el año fiscal 2019-20, catalogado como periodo de pandemia COVID-19, el DCR registró 59 muertes de confinados, 30 de estas por causas no naturales, según reveló en agosto de 2021 la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, ante la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico. De esas 30 muertes, dijo, el 83% fue por abuso de sustancias controladas, el 14% por homicidio y el 3% por suicidio, siendo estas las tres causas principales de los fallecimientos no naturales en las prisiones de la isla.
Por otro lado, durante 2020-2021 el DCR registró 21 muertes naturales, 27 no naturales, y 32 que aún están pendientes por la autopsia forense para un total de 59 muertes de confinados, mientras que para 2021-2022, los números continuaron en ascenso con 23 muertes naturales, 16 no naturales y 55 pendientes por el proceso del ICF para un total de 94.
Mientras tanto, desde que comenzó el 2023 hasta hasta el 22 de febrero, el DCR había registrado 13 muertes entre confinados en las cárceles de Puerto Rico, alertando sobre la situación actual que vive la agencia encargada de velar por las cárceles de Borinquen.
En el caso de Shannell, a esta aparente crisis con el trato a los presos de parte del DCR y de Physician Correctional – la empresa que han subcontratado para atender las necesidades médicas de los confinados – habría que agregarle una interrogante: ¿será posible que Shannel recibió este trato durante su arresto y su encarcelamiento por ser una joven humilde de Llorens?
“Los residenciales públicos en Puerto Rico son mundos paralelos al restod e zonas urbanas y urbanizadas que conocemos, las historias en los residenciales públicos con la violencia policial sigue siendo las mismas historias de hace años atrás en términos de como la policía entra, hacen allanamientos sin ordenes de registro y como incluso agreden a muchachitos, los bostean, los ponen contra la pared sin ninguna justificación aparente, de esos casos en residenciales públicos en general hemos documentado mucho”, manifestó Mari Mari Narváez, directora de Kilómetro Cero.
“La misma policía a ciertas áreas las denomina como de alta incidencia criminal y una de nuestras grandes preguntas es cuales son los criterios para ellos identificar esas zonas de alta incidencia criminal, porque todo aparenta ser una idea basada mas bien en raza y en pobreza”, añadió.
“No sé qué elementos pudo haber pesado mas que otro, pero yo no tengo duda de que en Shannell se dramatizan todas esas condiciones de vulnerabilidad, de marginación que existen en Puerto Rico, empezando porque es mujer. Si venia de un residencial publico mas todavía, que era una muchacha negra, joven, con problemas de salud mental. Estos son los cuerpos con los que el Estado siente que puede hacer lo que sea, es como si no tuviera protecciones”, subrayó.
Nota de la editora: Segunda parte de tres. A casi un año de la muerte de Shannel Colón Ponce, Cuarto Poder investiga en qué quedó el caso, el cual es escrudiñado tanto por una comisión senatorial, como por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE). Lea la primera parte pulsando aquí.
