Mientras la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción aún espera respuesta de las peticiones de información que le han hecho a distintas partes concernientes con el caso de la muerte de Shannel Colón López, el director de la empresa que administra los servicios de salud en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) arrojó un poco de luz sobre cómo se desarrolla la atención médica que recibe la población penal.
Cuando Shannel murió en circunstancias cuestionables dentro de la cárcel, su familia protestó frente a Fortaleza. Incluso, dos familiares de Shannel, su madriana Odemaris Noble Figueroa y su primo segundo, Christofer Escobar Torrens, resultaron arrestados, aunque luego esos cargos por obstrucción a la justicia se cayeron durante la vista preliminar.
Además, varias organizaciones, lideradas por Proyecto Matria, Kilómetro Cero y la Unión Americana de Libertades Civles (ACLU), le cursaron una carta al gobernador Pedro Pierluisi pidiendo que conformara un comité independiente que investigara la muerte de Shannell.
Pierluisi abordó el tema, pero apra indicar que esperaba el resultado de la investigación de las autoridades, pues no había cámaras en la cárcel para grabar lo sucedido.
“Aparentemente, no había cámara que pudiera haber filmado lo que ocurrió allí, para uno saber si eso realmente fue un suicidio o fue un asesinato o una muerte violenta de otra índole”, dijo ante periodistas en junio de 2022.
“Ana Escobar tiene un plan exacto para atender este problema. Ya hizo la subasta, ya tiene más de dos millones de dólares destinados, para [que a] finales de este año (2022) hayan cámaras en todas las cárceles de Puerto Rico”, señaló en aquel entonces.
El senador José Vargas Vidot realizó una vista en junio de 2022, a días de la muerte de Shannell. Tal y como indicamos al principio de esta historia, la comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción mantiene abierta una investigación sobre la muerte de Shannell.
“Yo voy a ser bien claro contigo. Yo no creo que hubo buena fe en la manera en que actuaron desde el principio con este senador, empezando con que a mí me pareció absolutamente extraño que la propia agencia, la secretaria de Corrección, se autoquerellara ante el NIE”, apostilló el senador Vargas Vidot.
“Y eso me llama muchísimo la atención, porque si bien es cierto que es un tema delicado, no es menos cierto que las autoridades pertinentes que investigan casos de esta naturaleza son suficientes como para que la propia agencia se autoquerelle contra si misma e inicie una investigación con el NIE”, añadió, indicando que “el NIE merece mucho respeto, más cuando intentan purificar su trabajo alejándose de las agencias”.
Para Vargas Vidot, “ese gesto tan bondadoso culmina en obstaculizar nuestra investigación, porque todo lo que estamos pidiendo durante un año está bajo esa sombra, bajo es cubierta del NIE, que ayuda a cualquiera a mantenerse en el más puro secreto”.
La familia de Shannell asegura que durante el mes y medio que la joven pasó en prisión, estuvieron constantemente indicándole a un trabajador social penal que identificaron como Jorge Plaza que Shannel dependía de tratamiento siquiátrico.
“Se les notificó también verbalmente a los oficiales que estaba pasando por depresión severa y trastorno de personalidad”, dijo. “Plaza me decía que estaba recibiendo el tratamiento adecuado”.
“Todo el mundo sabe que siguen las muertes en las instituciones penales y la mayoría, sino todas ellas, están vinculadas con lo que entiendo que es una inmensa negligencia de Physician Correctional y de la pobre gerencia de esos servicios de salud”, apuntó Vargas Vidot.
El senador desglosó el presupuesto que desde hace cinco años tiene Physician Correctional a su disposición con el DCR.
“En el 2018, fueron $ 64 millones de dólares. En el 2019, fueron $ 60 millones, en el 2020 fueron $56.5 millones de dólares y el de $ 53 millones, que fue en el 2021”, narró Vargas Vidot, indicando que son $ 233.5 millones de dólares en apenas cinco años.
“Sin embargo, lo que hay a cambio es tan pobre. Por ejemplo, el que no se compartan los expedientes entre una institución y otra, e que no haya un control de la calidad de los servicios y una fiscalización de parte de Corrección hacia Pyhisician Correctional. Parece ser que es al revés, que el privatizador es el que manda y decide cómo, cuándo y qué se debe incluir”, apuntó.
Vargas Vidot dijo que en el DCR hay obreros de la salud mental comprometidos con los que ha dialogado en visitas sorpresas que ha realizado a distintas instituciones. Indicó que la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicciones le exigió documentos a Physicians Correctional, al DCR y al ICF, y que le ha pedido al NIE que indique cómo va su investigación para ver el informe final.
Mientras, el licenciado Rodríguez entiende que un caso civil contra el Estado pudiese llevarse incluso a nivel federal, donde no existe un tope para pagar demandas como esta, contrario a Puerto Rico, donde existe un tope de $ 75 mil dólares para pagar al demandante y de $ 150 mil dólares, si fuese más de uno.
“Según la versión que ellos mismos dan, esta joven cogió una sabana y se colgó fuera de la celda, entonces, ¿dónde estaban las personas para poder evitar eso, quién estaba vigilando ahí, ellos tenían que estar pendientes de esta situación para evitarla. Y si hubiesen sido diligentes no hubiese pasado esta situación”, puntualizó el licenciado Rodríguez.
Responde Physician Correctional
Mientras tanto, el doctor Raúl Villalobos, quien dirige Physicians Correctional, explicó y defendió la gestión que su empresa realiza desde hace cinco años con el DCR, al aceptar la invitación de Cuarto Poder.
La madre de Shannel envió precisamente esta semana una petición formal para que Physician Correctional entregue el informe final de lo que sucedió con Shannel y el récord médico de la joven. En la misiva figuran el abogado de la familia, el licenciado José ‘Cheo’ Rodríguez, al igual que Cuarto Poder y el periodista Hermes Ayala.
Villalobos no arrojó luz sobre el récord médico, aunque indicó que Shannel sí fue atendida con tratamiento siquiátrico y que tan pronto pueda hará pública la información. La comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicciones del Senado aún espera por bastante información que le ha requerido hacia Physicians Correctional, aunque Villalobos aludió también a la Ley Hippa en este caso como motivo de la lentitud de este proceso.
Por otro lado, Villalobos corrigió la información sobre las cifras que aparecieron en el reportaje de televisión de Cuarto Poder el pasado 2 de mayo, indicando que Vargas Vidot no se refería a los contratos que ha tenido Physicians Correctional con el DCR, sino al presupuesto con el que la agencia cuenta para proveer los servicios de salud a los confinados.
Como administradores, empero, Phyisicians Correctional mantiene un contrato de más de $ 53 millones de dólares desde 2018.
“Que bueno que me permitas corregir eso. Nuestro contrato, no solamente en salud mental sino en salud física, es un contrato de $10,377,000 anuales. Existe otro presupuesto que es propiamente del Programa de Servicios de Salud Correccional que cubre los empleados regulares, los enfermeros, los empleados transitorios, la compra de medicamentos de Sida, de cáncer, la compra de materiales médicos y servicios correccionales que asciende alrededor $50 millones de dólares, aparentemente el acceso de información pues une ambos presupuestos”, arguyó.
Villalobos puntualizó que “anterior a nosotros ese presupuesto era de 17 millones 600 mil dólares” y que su empresa estableció “un ahorro de seis millones de dólares anuales para el Estado”.
La carencia de atención medica que parece haber en la cárcel de mujeres de Bayamón, donde murió Shannel, salió a relucir durante su entrevista con Cuarto Poder. Villalobos reaccionó al ser confrontado con el hecho de que en la tabla de personal que totaliza Physician Correctional para atender a la población penal aparece que hay .25 de siquiatras para atender el recinto correccional de mujeres de Bayamón.
“.25 siquitaras para esa facilidad que actualmente tiene 202 confinadas sentenciadas y sumariadas es una razón de personal adecuada”, manifestó en entrevista con Cuarto Poder, ante cuestionamientos del anfitrión del programa, Jay Fonseca.
Dijo que eso equivale a 10 horas de tratamiento siquiátrico semanales en esa cárcel para 202 reclusas. Según el perfil del confinado de 2020, un 86 % de las mujeres confinadas padecen de dilemas de salud mental.
Nota de la editora: Tercera parte de tres. A casi un año de la muerte de Shannel Colón Ponce, Cuarto Poder investiga en qué quedó el caso, el cual es escrudiñado tanto por una comisión senatorial, como por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE). Lea la primera y segunda parte pulsando aquí.
