El licenciado Alexis Acevedo, quien era funcionario del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM), había alertado en una vista del Senado, las irregularidades que más adelante fueron señaladas a compañías privadas contratadas en los municipios para administrar sus programas de estorbos públicos y por las que se han hecho referidos al Departamento de Justicia en al menos dos instancias. Pero ese día, al abogado no lo dejaron terminar la ponencia.
Acevedo presentaba ante la Comisión de Asuntos Municipales y Vivienda una ponencia de no endoso por parte del CRIM al proyecto 780, que busca enmendar varios artículos del Código Municipal, entre ellos, relacionados a las expropiaciones forzosas y declaraciones de estorbos públicos.
La vista, celebrada el 5 de abril de 2022, fue detenida cuando Acevedo hablaba, según se aprecia en un video colgado en la página de Facebook del Senado. El senador Juan Zaragoza, aseguró que había conversado con Reynaldo Paniagua, director ejecutivo del CRIM, minutos antes de comenzar la audiencia y que este le había indicado que no había evaluado la ponencia que presentaría Acevedo ese día.
“¿Esta es su opinión personal? Obviamente tiene que ser su opinión personal porque si no la discutió con el director”, cuestionó Zaragoza.
A lo que el abogado respondió: “es la posición institucional del CRIM desde antes de yo entrar”.
“Posición institucional del CRIM que usted no discutió con el director ejecutivo”, ripostó el senador.
“Es que siempre ha sido la misma, es que no cambio en nada”, acotó el abogado.
En parte, el memorial advertía que al CRIM no se le estaba permitiendo cobrar la deuda contributiva de propiedades que estas compañías privadas declaraban estorbo y luego expropiaban para venderlas. También, señalaba que las tasaciones, que comisionaban las mismas compañías, presentaban “valoraciones irrisorias” y que eran nulas según la Normas Uniformes de Práctica de Tasación Profesional (USPAP, por sus siglas en inglés).
Y mencionaba la tendencia de presentar facturas “idéntica[s] para todas las propiedades” de $20 mil por gastos de limpieza.
Cuarto Poder solicitó hablar con el director del CRIM y en respuesta la agencia indicó que “han sido muchas las instancias en que ha habido comunicación con el honorable senador Juan Zaragoza sobre el proyecto del senado 780 y otros asuntos de importancia para el CRIM, por lo que no podemos precisar a qué se debió la diferencia o malentendido durante el desarrollo de la vista”.
“Sin embargo, según nuestros récords, posteriormente el director ejecutivo compareció personalmente ante la misma Comisión y dejó esbozados los comentarios, sugerencias y recomendaciones del CRIM sobre el proyecto discutido”, continúo la declaración escrita.
Por otro lado, el mismo día en que se celebró esta la vista en cuestión, Universal Properties Realty Government Services, una de las compañías referidas a Justicia y que fue contratada por 22 municipios, enmendó los casos de expropiación forzosa que estaba llevando en los tribunales. La enmienda consistió en quitarse como parte de interés para adquirir las propiedades que la misma empresa había declarado estorbos y pretendía expropiar.
¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON UNIVERSAL Y LOS MUNICPIOS?
A raíz de las denuncias del alegado esquema de fraude por parte de las compañías contradas para manejar estorbos, varios municipios han cancelado sus contratos a Universal Properties.
Uno de los municipios que más ruido ha hecho, lo es Caguas, que no solo cancelo el contrato, sino que refirió el asunto a Justicia.
Cuarto Poder corroboró que este municipio ha desistido de algunos casos de expropiación forzosa.
“La Oficina de Permisos del Municipio de Caguas realizó una inspección de la propiedad y se percataron que la propiedad ha dejado de ser un estorbo público y que está siendo rehabilitada por personas con interés propietario en la misma”, esbozó la administración municipal en una moción de desistimiento de un caso que llevaba Universal Properties.
Por otro lado, municipios como Guayama, luego de cancelarle el contrato a Universal, han solicitado al tribunal que les exima de sanciones impuestas por retrasos en el proceso judicial debido a que el municipio no cuenta con documentos que requiere para tomar acciones en los casos.
“Luego de la cancelación del contrato, el Municipio carece de toda la información y documentación manejada por la compañía contratada para este programa de estorbos públicos, pues luego de múltiples gestiones, la misma no ha sido entregada. Esta información es indispensable para que el Municipio pueda analizar los procesos seguidos por Universal Properties, y esté en posición de analizar la conveniencia de continuar con los mismos, contratar a otra compañía para la continuación de los procesos, y/o desistir de los mismos”, detalló el municipio en una comparecencia especial de un caso de expropiación forzosa.
Cuarto Poder conversó con German Monroig Pomales, quien funge como enlace de comunicaciones para Universal Properties, aunque asegura que no trabaja formalmente para la compañía. Este indicó que entiende que la compañía se está reestructurando y quien está trabajando todo es el abogado Abraham Freyre. Se dio a entender que Andrés Reyes, presidente de Universal, ya no estaría a la cabeza de la empresa, pero Monroig no pudo confirmar esta información.
El también asesor del PPD, explicó a que actualmente Universal no cuenta con mucho personal por lo que el retraso en la entrega de documentos podría estar relacionado a esto.
LOS ABOGADOS TAMBIÉN LE RENUNCIARON
Este medió confirmó que los abogados de Universal han renunciado a los casos de expropiaciones forzosas en distintos municipios. En algunas instancias el motivo que han dado para su renuncia responde a la cancelación de los contratos a Universal por parte de los municipios y en otros se repiten las mismas palabras:
“Que han surgido diferencias irreconciliables en cuanto al manejo de los casos entre el abogado que suscribe y Universal tras esta última no cooperar con la representación legal en cuanto a proveer los documentos, información y testigos que hay que presentar en los casos”.
¿LE QUEDA ALGÚN CONTRATO A UNIVERSAL?
Actualmente los municipios de Santa Isabel, Patillas, Guánica, Luquillo y Morovis han cancelado o no han renovado sus contratos a la compañía, según confirmó cada administración. Mientras que Las Piedras sostuvo que su contrato sigue vigente hasta abril de 2024 y no se ha contemplado cancelar por el momento.
Por otro lado, Cuarto Poder no ha podido corroborar si Aibonito y Río Grande continúan sus acuerdos con Universal Properties.
