El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) archivó la querella que pesaba en contra del exsecretario de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras Aponte, y otros exfuncionarios de esa agencia. De esta manera, acogió la recomendación del Departamento de Justicia de no designar un fiscal especial independiente para ampliar la pesquisa.
Mediante comunicado de prensa, el PFEI explicó que esta investigación surgió a base de un informe de la Oficina del Contralor, que concluyó que la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) despachó combustible a conocidos, personas privadas y entidades no autorizadas, en medio de la emergencia creada por el azote del huracán María. Estimó en $15,171 el costo de ese combustible despachado de manera supuestamente ilegal. Ese informe, además, reveló que el exsecretario Contreras Aponte autorizó tal despacho. Estos hechos ocurrieron entre septiembre a diciembre de 2017, justo después del embate de María.
Según el informe, dichas acciones pudieron haberse configurado una serie de delitos tipificados en el Código Penal de Puerto Rico, en el reglamento de la AMA y en la ley de Ia Oficina de Ética Gubernamental.
La Oficina del Contralor le atribuyó las referidas actuaciones al entonces presidente y gerente general de la AMA, Santos Delgado Marrero; al director de la Oficina de Seguridad Interna de Ia AMA, Orlando Rodríguez Fuentes, y los dos oficiales, José Fernández del Valle y Wilbert Muñiz Sánchez.
La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia realizó la investigación preliminar y concluyó, entre otras cosas, que la Oficina del Contralor no tomó en consideración Ia relación contractual habida entre la Autoridad de Carreteras y Transportación y ACJ-Herzog, para los meses de septiembre a diciembre de 2017. Que tampoco investigó si la AMA le había facturado a la empresa el combustible despachado. De hecho, posteriormente advino en conocimiento de que se había equivocado sobre ese asunto.
El informe de Justicia señaló, además, que tampoco se perjuraron los oficiales de seguridad interna, José Fernández Valle y Wilbert Muñiz Sánchez, como consideró Ia Oficina del Contralor.
Finalmente, Ia División de Integridad Pública determinó que, Iuego de un amplio análisis sobre todas las actuaciones de las personas mencionadas en el informe de la Oficina del Contralor, incluyendo al exsecretario del DTOP, ninguno incurrió en posible conducta delictiva.
Por ello, le aconsejó al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, que no recomendara al Panel la designación de un FEI para investigar a los funcionarios señalados, con lo cual estuvo de acuerdo el Secretario.
“Luego de nuestra evaluación, acogemos Ia recomendación del Secretario de Justicia y determinamos que en este caso no existe el quantum de prueba necesario para la designación de un FEl. Conforme a lo expuesto, se ordena el archivo definitivo de este asunto”, apuntó Panel en su Resolución del 19 de octubre de 2022.
Como la Oficina de Ética Gubernamental tiene una investigación en curso sobre este asunto, el Panel ordenó que se le remita copia de Ia resolución emitida en este caso.
