Después de entregarse a las autoridades, el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, inglés), Mark Rossini, acusado el jueves pasado junto a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced de participar en un esquema de sobornos, se presentó hoy ante la magistrada federal Camille Vélez Rivé para su vista inicial.
Rossini llegó esta mañana a las oficinas del FBI en San Juan en compañía de sus abogados Sean Haran y Derek Cohen. Poco después compareció a la audiencia, que se celebró mediante el mecanismo de video conferencia.
El hombre de 60 años enfrenta tres cargos por supuestamente conspirar junto al banquero venezolano Julio Herrera Velutini para sobornar a Vázquez Garced a través de un esquema de financiamiento durante la pasada campaña primarista.
Según la acusación, Rossini facilitó los pagos y sirvió de intermediario con una compañía consultora internacional, que ayudaría a Vázquez Garced en sus aspiraciones políticas a cambio de la destitución del entonces comisionado de Instituciones Financieras, George Joyner, quien mantenía una auditoría abierta relacionada a Bancrédito International Bank & Trust, cuyo dueño es Herrera Velutini.
Tras la lectura inicial de los cargos que enfrenta, Rossini quedó en libertad con una fianza de $50,000.
Durante la audiencia la fiscal federal Érica Waymack y los abogados defensores debatieron si el acusado debía permanecer en Estados Unidos o regresar a España, donde reside con su familia y recibe tratamiento médico.
La fiscal Waymack abogó porque permaneciera en Estados Unidos a pesar de que reconoció que la petición de los abogados para que regresa a España “no era irrazonable” porque había mantenido comunicación con el ministerio público durante el proceso que desembocó en su acusación. Sin embargo, afirmó que era “preocupante” que el acusado todavía mantuviera un nexo con el otro coacusado, que tenía recursos ilimitados.
Contra Herrera Velutini pesa una orden de arresto. Hasta el jueves pasado, se encontraba en Inglaterra.
Durante la vista, uno de los abogados señaló que Rossini se mudó a España hace cuatro años para recibir tratamiento médico en centro MD Anderson, que se encuentra en Madrid.
“Él no tiene cubierta médica en Estados Unidos”, apuntaló el letrado.
Por eso, insistió en la necesidad de que se le autorizara regresar al país europeo para mantener el acceso a sus médicos mientras espera por el inicio del juicio en su contra. También argumentó que el hoy acusado mantuvo comunicación con las autoridades desde hace aproximadamente un año y que conocía de la pesquisa desde hace unos 10 meses.
Inicialmente, la jueza Vélez Rivé se mostró receptiva a la solicitud de la defensa y reconoció para récord que era la primera vez en su carrera judicial, que se había extendido unos 18 años, que recibía una petición para que un acusado residiera en Europa durante el proceso judicial.
“No quiero imponer condiciones que afecten su salud”, afirmó.
Pero luego de consultar con la Oficina del Oficial de Probatoria, la togada rechazó la petición porque dicha oficina no tendría manera de supervisar a Rossini fuera de la jurisdicción estadounidense.
Ante este escenario, indicó que el acusado podría residir en Nueva York, donde tiene un apartamento, y viajar a España para tratamiento médico con autorización previa de la Oficina del Oficial de Probatoria. Impuso una fianza asegurada de $50,000 y ordenó que entregara su pasaporte.
La defensa anticipó que recurrirá las condiciones de la fianza.
Veléz Rivé también informó a los abogados que debían tramitar una admisión de cortesía o un “pro hac vice application” porque no eran abogados autorizados para ejercer en Puerto Rico. De lo contrario, Rossini debe contratar abogados locales.
