Mientras sigue la controversia sobre el contrato de $150 millones que planifica otorgar el Departamento de Educación a la firma Álvarez & Marsal para ser síndico de fondos federales en la agencia, la comunidad escolar sufre los efectos directos de la burocracia al no poder acceder a los fondos de la Ley Cares de cara al reinicio de las clases presenciales.
En una carta de la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico, con fecha del 19 de febrero de 2021, la organización informa a las escuelas privadas que la comisionada residente, Jenniffer González, les confirmó que los fondos de la Ley Cares están congelados hasta tanto se nombre el agente fiduciario requerido por el Departamento de Educación Federal.
Estos fondos son indispensables para que las escuelas tanto privadas como públicas puedan costear los gastos de emergencia necesarios para poder cumplir con el protocolo para prevenir el contagio de COVID-19.
La Administración de Donald Trump impuso en junio de 2019 un síndico o fiduciario para manejar los fondos federales en el Departamento de Educación de Puerto Ricoen cuentas bancarias bajo su control exclusivo y con sistemas financieros independientes a la agencia.
Al menos $300 millones de fondos de la Ley Cares están congelados porque la agencia no ha contratado la firma que ejercerá como síndico.
Hoy un diario de circulación general (El Nuevo Día) publicó que el Departamento de Educación no ha firmado el contrato porque la firma Álvarez & Marsal objetó cláusulas que permitían a las autoridades locales fiscalizar y terminar sus servicios.
