Mientras que el Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) reclamó su cualidad de institución privada para pedir que el tribunal los libere de una demanda por el trato a una jugadora de voleibol embarazada, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) recordó la cantidad de millones de dólares que recibe el COPUR del fisco y sus responsabilidades, aún como entidad privada, para evitar el discrimen de género.
Añadió la OPM que la política pública de evitar el discrimen de género aplica por ley a entidades públicas y privadas, como el COPUR y la Federación Puertorriqueña de Voleibol, por lo que tienen obligación de que sus contratos y decisiones no resulten en prejuicio para las mujeres.