Cuatro de los siete acusados a nivel federal por cargos de lavado de dinero y fraude al municipio de Mayagüez ponderan declararse culpable en las próximas semanas, mientras que otro se inclina a enfrentar juicio.
Así trascendió esta tarde en una vista con antelación al juicio ante la jueza federal Aida Delgado Colón.
El año pasado un gran jurado autorizó una acusación de 33 cargos en contra de Eugenio García Jiménez, Stephen Kirkland, Steve Minger, Alejandro Riera Fernández, Joseph Kirkland, Arnaldo Irizarry Irizarry y Roberto Mejill Tellado por conspirar para defraudar al municipio de Mayagüez y al consorcio municipal Mayagüez Economic Development (MEDI) de $9 millones en fondos legislativos asignados dineros al ayuntamiento. Pese a que el dinero debió usarse para realizar mejoras al hospital de trauma, el municipio transfirió los fondos a MEDI para supuestas inversiones de alto rendimiento.
Ya se han declarado culpables Stephen Kirkland y Roberto Mejill Tellado.
Hoy, en la vista que se celebró mediante el mecanismo de video conferencia, la fiscal Myriam Fernández González informó a la togado que ha intercambiado ofertas y contra ofertas con los abogados defensores de García Jiménez, Minger, Riera Fernández, Joseph Kirkland e Irizarry Irizarry, pero que todavía quedaban algunos asuntos por finiquitar relacionado a “los números” en una referencia que pareció aludir al periodo de cárcel.
La fecha para aceptar un acuerdo y hacer una alegación de culpa vence el 1 de agosto. El inicio del juicio está pautado para el 12 de septiembre.
Después de las expresiones de la fiscal, los abogados Carlos Vázquez Álvarez, quien representa a García Jiménez; Giovanni Canino Sánchez, quien representa a Minger; Diego Alcalá Laboy, quien representa a Riera Fernández; y Juan Álvarez Cobián, quien representa a Irizarry Irizarry indicaron que se encontraban en proceso de culminar la negociación con el ministerio público.
“Estamos muy, muy cerca de poder disponer de este caso”, afirmó Canino Sánchez.
Pero, en su turno, el licenciado Benito Rodríguez Masso informó que a pesar de las conversaciones su representando, Joseph Kirkland, “en este momento no está en disposición de aceptar un acuerdo”.
Ante este escenario, la jueza Delgado Colón pautó otra vista para el 10 de agosto a las 5:00 p.m. para finalmente conocer cuántos acusados enfrentarán juicio, que según anticipó la fiscal se extenderá dos semanas.
El esquema de corrupción, según la acusación, consistió en crear cuentas financieras y entidades corporativas ficticias para desviar el dinero para sostener los lujos de los acusados, que incluyó la compra de una embarcación, joyas, ropa, así como pagos en restaurantes, tarjetas de crédito e hipotecas, entre otros gastos personales. De la inversión de $9 millones, el grupo de asesores financieros e inversionistas solo pagó al municipio $1.8 millones, que alegó correspondían a la supuesta ganancia del dinero invertido.
