Un juez del Tribunal de San Juan ordenó al exrecaudador de fondos de la Pava Anaudi Hernández y a su esposa Verónica Ponce devolver $34,503 que cobró por la celebración de una boda en su palacete en Aguadilla y que todavía retiene a pesar de que al municipio emitió una orden prohibiendo la celebración de actividades en el lugar.
El convicto federal también deberá pagar intereses sobre ese importe.
Al emitir la sentencia parcial en rebeldía, el juez superior Alexis Carlo Ríos también fijó la fecha de juicio para establecer los daños reclamados en la acción civil para el 25 de septiembre de 2023 a la 1:30 p.m.
“[S]e ordena a la parte demandada a devolver a favor de la parte demandante la cantidad pecuniaria que pagó indebidamente que asciende a de $34,503.26; más el correspondiente interés legal que será contado a partir de que la presente Sentencia Parcial sea final, firme e inapelable”, reza la sentencia de 8 páginas con fecha del 18 de agosto.
El pasado 14 de marzo, Ariel Colón y Alexander Nieves demandaron al dúo, que opera la propiedad bajo la corporación Casa Herdz, por incumplimiento de contrato y angustias mentales. La pareja reclama la devolución de los $34,503, que ya desembolsó, y otros $200,000 en daños.
En la demanda, Colón y Nieves explican que firmaron un contrato por $67,806.81 el 8 de noviembre de 2021 para celebración de su boda el 30 de noviembre de 2023 en la propiedad que ubica en Playuela en Aguadilla. El festejo incluía una estadía de 5 días y 4 noches para 18 personas y una boda para 150 invitados, entre otras actividades. El pago se haría a través de plazos diferidos.
Pero el 25 de mayo de 2022, seis meses después de firmado el acuerdo, el Municipio de Aguadilla emitió una orden de cese y desista, que impide la celebración de actividades en la lujosa residencial con vista al mar, por falta de permisos de operación y de construcción para mejoras realizadas a la propiedad, donde en el pasado se celebraron múltiples eventos de recaudación de fondos para políticos populares.
“La prohibición por parte de la Oficina de Permisos del Municipio de Aguadilla y la falta de gestión de los demandados con cumplir con la ley y reglamentos municipales han provocado que el contrato otorgado entre las partes sea uno que el demandado no puede cumplir, ya que el objeto del contrato se perdió, al verse incapacitado los demandantes de celebrar su boda en el local acordado”, consiga la sentencia como una determinación de hecho.
En la sentencia, el juez señala que el emplazamiento se realizó por edicto “conforme a derecho” y que hizo una anotación de rebeldía en contra de la pareja que se ha negado a participar del proceso.
“[L]a consecuencia jurídica de anotarle la rebeldía a una parte es que se darán por aceptadas cada una de las alegaciones bien formuladas de la demanda”, apuntala el juez Carlo Ríos.
