El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia elogió hoy la labor que realiza la Oficina de Ética Gubernamental, pero abordó de lejos la polémica por la querella que esa agencia presentó en contra de la cabildera por la estadidad Melinda Romero Donnelly por no radicar su informe financiero anual.
Por esa falta, Romero Donnelly se expone a una multa de hasta $20,000.
“La Oficina de Ética Gubernamental tiene un rol importante en el gobierno de Puerto Rico y cuando entiende que ha habido una infracción de su ley procede a multar. Eso aparentemente es lo que ha hecho en el caso de la delegada Melinda Romero. Habrá que ver en qué termina el asunto”, respondió a preguntas de la prensa tras anunciar detalles de la fiesta de despedida de año.
¿Pero no la va a llamar a capítulo?, preguntó una periodista.
“Por eso y ya se le ha multado. Veremos que es lo que sucede con ese asunto, si van esas multas, si lleva algún tipo de proceso ante los tribunales. No me voy a adelantar, pero si tengo que elogiar a la Oficina de Ética Gubernamental porque está todo el tiempo velando que nuestros funcionarios a todos los niveles cumplan con la Ley de Ética y que se desempeñen como debe ser”, indicó.
“En este caso, estamos hablando de un informe financiero que aparentemente no radicó. La mejor manera de corregir esa situación es radicándolo”, añadió el también presidente del Partido Nuevo Progresista.
Desde el inicio, la gestión de estos cabilderos por la estadidad ha estado en entredicho porque no existen criterios claros para el trabajo que deben realizar en el Congreso de los Estados Unidos y porque realizan tareas políticas pagadas con fondos públicos. La ley que creó la delegación congresional tampoco fijó un salario.
Los cabilderos por la estadidad reciben un salario anual de $90,000 y $30,000 para gastos reembolsables. Solo el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares renunció a esa compensación.
