Tras el cierre de 10 instituciones correccionales, anunciado el año pasado, sus edificios se encuentran en desuso, con necesidad de reparaciones y hasta conectados aún al sistema energético, a pesar de que uno de los objetivos del cierre era disminuir los gastos de este tipo de servicio.
Una investigación del programa Cuarto Poder (WAPA-TV), reveló que el pasado mes de agosto las luces de varias oficinas, el área de celdas y un taller en la parte posterior, permanecían encendidas en la estructura del anterior Centro de Tratamiento Residencial de Arecibo, aunque la institución cerró en mayo de 2022.
Según el Departamento de Corrección y Rehabilitación, actualmente hay solo dos bombillas prendidas debido a que en el lugar entran y salen camiones de recogido de basura del Proyecto de Recogido de Desperdicios Sólidos (REDES).
Por otro lado, cerraron también el Campamento la Pica en Jayuya, el Instituto Educativo Correccional en Bayamón, la unidad Guayama 945, los anexos 304, 246 y 224 en Ponce y el Hogar Intermedio de Mujeres en San Juan.
Las inmediaciones que daban lugar a este último le pertenecen al municipio que, expresó en declaraciones escritas que la estructura “se encuentra cerrada debido a la falta de mantenimiento y de mitigación de daños que por los pasados años no se le ofreció, tras el impacto que recibió por el huracán María. Lamentablemente, la pasada administración dejó el edificio en total abandono”.
“Actualmente existen unos fondos de FEMA aprobados para llevar a cabo las reparaciones en el edificio, pero no contemplan los trabajos que deben realizarse en su totalidad. Por lo que esperamos que, para el próximo año se puedan culminar las fases de subastas para diseño y construcción, esto con una combinación de fondos provenientes de asignaciones de FEMA y fondos ordinarios”, continuó la declaración.
De las demás instituciones cerradas el año pasado, Corrección indicó que el Instituto Educativo Correccional de Bayamón “continuará utilizándose como taller de tapicería del Programa de Empresas de Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas. También albergará la Unidad de Ruta y Escoltas de Bayamón, el área de empaque de medicamentos y récords médicos”.
En cuanto a las unidades de vivienda para confinados de Guayama 945, llevan “cerradas hace varios años. Para usar algunas áreas de esta instalación es necesario reparar algunos daños estructurales. En caso de ser necesario su uso habría que realizar trabajos de reconstrucción antes de ubicar confinados allí. Las áreas administrativas albergan el programa de comunidad de Guayama y personal del Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PASAJ). La sala de emergencia de esta institución se movió a la institución Guayama 1000”, indico la agencia en declaraciones escritas.
La estructura del Campamento la Pica en Jayuya fue adjudicada al municipio mediante usufructo, aunque el trámite no se había culminado al momento en que Cuarto Poder recibió la información.
Otras instituciones cerradas anteriormente de las que Cuarto Poder también solicitó información lo son el Antiguo Campamento Penal de Guavate, cuya instalación pertenece al Departamento de Recursos Naturales, según confirmó Corrección.
También la Antigua Cárcel Correccional de Menores en Cabo Rojo, que lleva años a la espera de ser desarrollado como una hospedería turística. Esas inmediaciones fueron cedidas al municipio en 2009. Mediante una comunicación escrita aseguraron que “la administración municipal está comprometida con el desarrollo turístico para beneficio del público en general que próximamente se anunciará”.
En 2013 la legislatura aprobó una resolución con “fines de clarificar e identificar correctamente el titular o los titulares de los terrenos y los edificios”, sostiene el comunicado. Pero no fue hasta el segundo cuatrienio del exalcalde Roberto “Bobby” Ramírez que “realizan un contrato de dudosa legalidad, por lo que, la administración municipal actual, con el aval de la Legislatura Municipal dejó sin efecto las actuaciones de la pasada administración”, añadió el municipio.
Finalmente, en Humacao, está la estructura de la Cárcel Regional “El Mangó” donde “solo opera el Programa de Comunidad de Humacao”. Y el Antiguo Centro de Tratamiento de Menores en el barrio Collores que fue cedido al municipio mediante usufructo.
