El juez Anthony Cuevas Ramos del Tribunal de San Juan determinó que el aumento a los miembros de la judicatura es válido debido a que hay el dinero reservado para costearlo.
En una sentencia de 14 páginas, Cuevas Ramos concluyó que la resolución conjunta aprobada que establecer el presupuesto del gobierno y que contenía una partida para el aumento de los jueces y jueces es una ley especial. Por tanto, se cumple con el requisito de la Constitución de Puerto Rico, que exige que los aumentos se aprueban mediante legislación.
A esos fines, la sentencia ordena a la Junta de Control Fiscal que les suba el sueldo sin que la Legislatura tenga que aprobar una ley para ello. Es decir, que realice los trámites administrativos para desembolsar el dinero asignado previamente.
“En vista de que el dinero reservado para sufragar el aumento de salario de la judicatura no se encuentra en las cuentas del Tribunal General de Justicia, sino que se encuentra presupuestado en una partida o cuenta en posesión de la OGP quien sirve como mero custodio de los fondos, se Ordena a la Oficina de Administración de Tribunales solicitar a la Junta de Supervisión Fiscal la reprogramación de los fondos de forma tal que una vez obtenga la aprobación, la OGP proceda de inmediato a la reprogramación de los fondos aprobados en el presupuesto”, reza la resolución circulada la tarde del viernes 17 de noviembre.
En la Constitución se establece que quien aprueba leyes con los sueldos es la Legislatura, pero también dice que no se le puede bajar el sueldo a los jueces. Así que, como los jueces no han recibido aumentos de sueldo en 20 años, entienden que se les está reduciendo el sueldo al haber tanta inflación sin aumentos de sueldo.
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