El Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico (CPEPR) y varios miembros de su Junta de Gobierno, incluyendo a la actual presidenta, Ana Cristina García Cintrón, fueron demandados por parte del bufete Litigación y Consulta Jurídica TMNG, Inc. por incumplimiento e interferencia de contrato, cobro de dinero, daños, difamación y abuso del derecho.
La demanda surge luego de que el CPEPR contratara a la firma legal en 2018 para que realizara una investigación y tomara acciones legales tras un aparente esquema de fraude con fondos públicos que ha sido el modus operandi de la Junta del Colegio por los pasados 12 años, según se describe en la demanda.
El pleito también abarca un supuesto traslado ilegal de información confidencial, incluyendo números de seguro social, de todos los colegiados a servidores de empresas en Nueva York, Canadá y otras a nivel local.
Según dicta el documento obtenido por Cuarto Poder (WAPA-TV), inicialmente tanto García Cintrón, como los demás miembros de la Junta, se mostraron complacidos con el trabajo de investigación que llevaba a cabo la firma. En un informe preliminar, el bufete concluyó que por los pasados 20 años han existido “intereses externos a la Junta de Gobierno que manipulan, controlan y deciden sobre y contra los procesos administrativos” del CPEPR.
Sin embargo, desde enero de 2021 “los miembros de la Junta que [originalmente] protegieron al Colegio y se opusieron vehementemente al esquema de fraude, […] boicotearon la investigación”, elabora la demanda.
Se alega que García pidió la renuncia de la firma legal durante la segunda fase de la investigación en la que Litigación y Consulta se disponía a presentar su informe final y una enmienda a la querella que habían sometido al Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Esa enmienda a la querella implicaría a García por recibir un salario ilegal y por pagar facturas infladas a su asesor legal Eugenio Steffens, ambos sufragados con fondos públicos.
La demanda también señala a Steffens, al miembro de la Junta, Benjamín López Torres y al licenciado Roberto Padial por objetar los trabajos para los que la firma había sido contratada y orquestar una campaña de difamación, así como por cancelar los pagos a Litigación y Consulta y obstruir la investigación que se llevaba a cabo.
Precisamente, especifica la demanda que Padial Pérez fue contratado a través de su bufete, Legal Coop, sin autorización de la Junta, para justificar el despido de una empleada que la misma Junta había determinado que no debía despedirse.
Finalmente, en marzo de 2021 García y López Torres solicitaron la cancelación del contrato a Litigación y Consulta.
El bufete demandante alega que dicha cancelación es nula, pues se presentó en una reunión de la Junta que no contaba con el quórum requerido y porque, dos meses antes la Junta había desestimado la petición inicial de esa cancelación.
Por otra parte, la demanda afirma que García se unió al grupo de intereses que ha propiciado el despilfarro de fondos públicos, que asciende a $500 mil.
Como evidencia de ello, aseguran que García solicitó que se archivara una demanda en contra de un abogado que habría sido testigo del esquema de fraude, como también el desistimiento de los casos contra los demandados y representantes externos del Colegio.
Litigación y Consulta solicitó al Tribunal $112 mil por pagos interrumpidos tras la cancelación de su contrato, $100 mil como compensación por daños y difamación, más gastos de honorarios de abogado.
Entre tanto, una búsqueda en el portal del Registro de Corporaciones y Entidades del Departamento de Estado, confirmó que Litigación y Consulta fue incorporada justo el mes antes de ser contratada por el CPEPR para realizar las labores de investigación.
Se expresa la presidenta del Colegio:
A través de expresiones escritas, García confirmó que el licenciado Luis Rivera Sierra, presidente de Litigación y Consulta, fue contratado por el Colegio como asesor legal durante los años 2018 a 2021.
También expuso sobre el abogado que “en marzo del 2021 la Junta de Gobierno del Colegio decidió rescindir el contrato por retiro de confianza tras haber incurrido en actos de impericia profesional en el manejo de los asuntos que le fueron encomendados por el Colegio y por ocultar a la Junta las consecuencias de dicha negligencia”.
En cuanto a la demanda, que fue radicada la semana pasada, la doctora indicó que “estamos seguros de que prevaleceremos dada las múltiples evidencias que motivaron la cancelación del contrato con el
Lcdo. Rivera Sierra”.
García pidió “calma y confianza”a la matrícula y amigos del CEPPR.
Concluyó la declaración asegurando que “estas serán las únicas expresiones públicas al respecto en señal de
respeto al tribunal, a la Junta de Gobierno, y a todos los miembros del Colegiode Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico”.
