Un impuesto ilegal al sol podría ser una realidad si se aprueba el Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA), de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), impulsado por la Junta de Control Fiscal (JCF), en nombre de los tenedores de bonos de la corporación pública. El acuerdo propone una serie de cargos que impactarían gravemente al pueblo de Puerto Rico, particularmente aquellos clientes de la AEE que buscan autogenerar toda o parte de su energía mediante energía solar.
Así lo denunció hoy Javier Rúa-Jovet, principal oficial de Política Pública, de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA, en inglés), durante las vistas públicas de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, que preside el senador, Javier Aponte Dalmau.
Esta comisión, según la Resolución del Senado 270, evalúa mecanismos para el repago de la deuda de la AEE “que no causen aumentos tarifarios al precio de energía al consumidor, que sean compatibles con los mandatos de reducir el costo de la energía y de transformar el sistema eléctrico en uno basado en eficiencia energética, energía renovable y en resiliencia energética, de conformidad a la Ley 17-2019, conocida como Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”.
La propuesta del RSA estructura los pagos de la deuda de la AEE a través de un aumento tarifario permanente llamado “cargo de transición” el cual inicia en $2.768 centavos por kWh, incrementando hasta $4.552 centavos por kWh en 2044. Este aumento es adicional al aumento reciente de 16.8% aprobado al inicio del presente año asociado al costo de combustible. Clientes que instalen un sistema solar tendrán que no solo pagar dicho “cargo de transición” en su consumo de la red, sino que adicionalmente serán castigados con un nuevo impuesto a su autogeneración solar.
“El fundamento ideológico de los impuestos solares incluidos en el RSA es el temor de los bonistas de que no queden abonados para facturarles por la luz y que por ende no puedan recobrar el repago de sus bonos. En primer lugar, tengamos en perspectiva que en Puerto Rico los sistemas solares distribuidos interconectados a la red suman alrededor de 1% de la energía total, un número muy muy pequeño”, dijo Rúa-Jovet.
“Sin embargo, las propias proyecciones certificadas de la JCF muestran que el aumento masivo en la demanda de energía debido al imparable crecimiento y penetración de los vehículos eléctricos superará con creces cualquier supuesta pérdida de facturación atribuible al aumento en penetración energía solar distribuida”, añadió.
Organizaciones ambientales y el Centro para la Nueva Economía habían alertado que el acuerdo de reestructuración de la AEE contenía un impuesto al sol que iba a contracorriente con la propia política pública del gobierno, de moverse a energía renovable y limpia.
Rúa-Jovet, quien participó en la audiencia en representación de las empresas locales, estadounidenses e internacionales que impulsan la energía solar y el almacenamiento energético en la isla, instó a los senadores a identificar mecanismos para el repago de la deuda de la AEE que no impliquen aumentos al precio de energía al consumidor, y que además, sean plenamente compatibles con el mandato de transformar el sistema eléctrico en uno basado en eficiencia energética, energía renovable y en resiliencia energética.
Entre sus recomendaciones están; eliminar todo cargo o impuesto solar pues la propia JCF admite que es innecesario ante el aumento de vehículos eléctricos; y que se redoblen los esfuerzos de AEE/LUMA por cobrar cuentas pendientes públicas y privadas y se racionalicen todos los subsidios innecesarios que puedan reformarse.
“Es critico confiar en el trabajo del regulador independiente. El Negociado de Energía es la única entidad con autoridad legal regular las tarifas, conforme a las leyes de Puerto Rico. Idealmente, es bajo el manto del Negociado donde la JSF, los bonistas, el Gobierno de Puerto Rico, junto a las demás partes y entidades interesadas deben trabajar en soluciones tarifarias legalmente alcanzables y políticamente posibles”, concluyó Rúa-Jovet.
Las vistas públicas continuarán con la participación no solo al sector gubernamental, sino también a partes afectadas y voces expertas de la sociedad civil, en la búsqueda de soluciones legalmente viables para el repago de la deuda de la corporación pública, que no tengan como consecuencia el aumento de las tarifas energéticas.
Sobre SESA:
SESA-PR es una asociación comercial sin fines de lucro que representa a compañías en la industria de almacenamiento de energía solar y que hacen negocios en Puerto Rico. Las compañías miembros de SESA-PR provienen de todo el espectro de negocios involucrados en la industria, incluyendo fabricación, ventas, instalación, operación, mantenimiento y financiamiento de sistemas de almacenamiento de energía solar.
