Una querella que tuvo su origen en una carta remitida par la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al Secretario de Justicia, desembocó en que el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente designara un fiscal especial contra el exsecretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, y otros funcionarios de esa agencia, por autorizar el pago de locales arrendados cuyos contratos no estaban vigentes.
El secretario de Justicia Domingo Emanuelli, recibió Ia carta de la JSF, y tras investigar los señalamientos, recomendó la designación de un FEI. Los funcionarios que serán investigados además del ex secretario son: Osvaldo Guzmán López, exsubsecretario de Administración; Carlos M. Malavé Irizarry, Secretario Auxiliar de la Oficina de Servicios Auxiliares; y Evelyn Rodríguez Carde, directora de Finanzas del Departamento de Educación.
El Panel designó para Ia pesquisa al Lcdo. Manuel E. Núñez Corrada coma fiscal especial independiente y al Lcdo. Emilio E. Arill García coma fiscal delegado.
Según se desprende del Informe de Investigación Preliminar realizado por Ia División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC), la JSF a través de su Asesor Legal, Lcdo. Jaime A. El Koury, remitió al Secretario de Justicia los hallazgos de la evaluación de varios contratos de Educación.
El reclamo de la Junta fue que Educación desembolsó ilegalmente una cantidad considerable de fondos públicos ascendentes a cientos de miles de dólares, para el pago por arrendamiento de propiedades cuyos contratos estaban vencidos.
Culminada Ia investigación de la DIPAC, la prueba recopilada tiende a demostrar que los funcionarios pudieron haber incurrido en varias violaciones a los Artículos 262 v 264 del Código Penal. El Panel les concedió a los fiscales el término de 90 dias para profundizar en la pesquisa.
