El controvertible legado del convicto exalcalde penepé Edgar Santana sigue flotando en la playa de Vega Baja… bueno, descansa en la arena. Va rumbo al arrendamiento, a la vez que el alcalde actual, Marcos Cruz Molina, asegura que “no se privatizará la playa, las playas son del pueblo”. ¿Se avecina otro plegoste playero?
La Legislatura Municipal de Vega Baja aprobó ayer con votación de 13-3 (13 votos de mayoría y tres de minoría) una resolución que autorizaría al alcalde Marcos Cruz Molina a arrendar a 30 años con opción a compra la propiedad denominada como “La Casona”, ubicada en la zona marítimo terrestre del Balneario Puerto Nuevo.
El Proyecto de Resolución Núm. 46, para estos fines, fue aprobado anoche con 13 votos a favor de los legisladores municipales del PPD y tres en contra de la minoría: uno del legislador del Movimiento Victoria Ciudadana y dos de los legisladores del Partido Nuevo Progresista. La sesión fue más concurrida de lo usual y contó con manifestaciones en contra.
“La Casona”, estructura que dejó el exalcalde penepé Edgar Santana en la playa antes de caer preso por corrupción en 2011, lleva en controversia dede que nació, por el mismo intento inical del Municipio de lucrarse de predios públicos costeros y por ubicar en una zona de inundación de marejada.
“Desde el inicio, lo trajeron ya construido ante la Junta de Planificación, y la recomendación era que debía ser demolido”, expresó a Cuarto Poder el exvicepresidente de la Junta de Planificación (JP), Pedro Cardona Roig, a quien le tocó atender esto durante el cuatrienio de Santana.
El portavoz del MVC en la legislatura Edwin Marrero Santiago cuestionó que se le diera la subasta a la firma Melao Holdings LLC, la cual fue creada el 29 de mayo de 2023, tres meses antes de adjudicarse la subasta en agosto. Melao Holdings es una corporación administrada por Manuel Noguera Pérez y César Candia Gatasol.
Marrero Santiago exigió “la celebración de vistas públicas para que expertos, ciudadanos y agencias pertinentes se expresen sobre el proyecto” y “que se prepare un deslinde y la cesión de la franja de 50 metros correspondiente a la franja de salvamento. Puntualizó que “la titularidad del espacio donde se encuentra La Casona no es del municipio, es del pueblo de Puerto Rico por lo que no debe haber un aprovechamiento particular del municipio o individuo”.
Lo que llaman “La Casona” fue una edificación que replica las antiguas casas de los hacendados. Fue construida entre el 2011 al 2013 a un costo de $4,975,964 como punta de lanza del legado de la administración de Santana, convicto por corrupción. Pese a la millonaria inversión, el interior nunca se completó, recientemente se hizo un aguaje de empañetar y, mas aún, recibió una paliza del huracán María que provocó que la mitad del techo se desprendiera.
En un inicio, la estructura se intentó usar para eventos culturales, como festivales gastronómicos con tarimas frente a la misma y kioscos alrededor, aunque luego la estructura regresó al abandono. Fue aquí donde sucedieron las primeras presentaciones más o menos masivas del archifamoso cantante urbano Bad Bunny, natural de Vega Baja, en 2015.
Recuerdan cuando la polémica llegó a la JP
Al hablar con Cuarto Poder, el planificador Cardona Roig recordó que cuando la polémica de lo ya construido por la administración de Santana llegó a la Junta de Planificación (JP) en aquel momento, les recomendó que fuese demolido. Recordó que fue a un consultor de la misma administración de Cruz Molina a quien le recomendó demolerlo. No se hizo por escrito, pues el Municipio no pidió una consulta formal .
“Edgar Santana acaba en 2013 y quien viene a consultar a la JP qué hacer con esa estructura fue Cruz Molina, por lo tanto nunca, que yo recuerde, hubo una inteción de legalizar nada, lo que querian era poner eso a correr. Había un consultor que tenía el municipio, que se llama Dennis Román, que estaba trabajando con el plan territorial. Me pregunta qué se puede hacer, que no se puede desaprovechar. Y les digo: ‘es que no es legal, no puede haber un aprovechamiento, se debe de demoler’. Pero que yo recuerde, nunca se hace una consulta formal, asi que no creo que exista un documento formal de oposición”, explicó Cardoa Roig.
Recordó que en aquel momento, “el título de propiedad entró a la discusión porque el Municipio indicaba que esa instalacion era para generar dinero para el municipio y para Vega Baja y se les dijo que no podía ser así, que el gobierno municipal no puede adueñarse de bienes de Puerto Rico para generar dinero para el Municipio”.
“No tiene título de propiedad. No tiene ninguna legalidad. Eso le pertenece al pueblo de Puerto Rico”, dijo.
“Se afecta por inundación de marejada, tanto al este como al oeste. Al norte, como esta es una punta de puerto nuevo. Hay formaciones de arena cementicias al norte, que son caracteristicas de la costa norte, que parecen piedras, pero no tienen la misma integridad de una roca pues es más una arena que se solidifica. Si el cambio climático sigue así, tendremos mayor erosión costera y pueder ser muy peligroso lo que allí suceda”, acotó el experto.
“Ya aquí hay suficientes atributos de riesgos y de valores naturales. Es un sistema natural protegido por leyes locales y federales. Hay barrera costanera y la barrera costanera esta protegida por el Coastal Zone Management Act federal de 1978 y tambien por las leyes locales, como la Ley de Recursos Naturales y el Programa de Manejo de Zona Costanera, que es un programa combinado entre la JP y el DRNA”, resaltó.
En las redes sociales, ya se compartía una petición de Change.Org que busca que la estructura sea demolida.
Alcalde de Vega Baja: “No vamos a privatizar la playa”
Cruz Molina dialogó en la tarde del martes con Cuarto Poder. Señaló que su admnisitración llevó a cabo un proceso de subasta en el mes de mayo, que esta mañana curso mensaje a la secretaria del DRNA y que su administración nunca ha recibido recomendación oficial de ninguna entidad gubernamental para demoler la estructura.
“Se le adjudicó la subasta en el mes de agosto a Melao Holdings, que a pesar de que tiene una inscripción reciente, [sus incorporadores] llevan seis años en la industria hotelera”, señaló. Indicó que los incorporadores de Melao Holdings operan en la actualidad cinco hoteles, entre ellos The Pelican Poshtel, en Isla Verde, y el Coral Princess, en el Condado.
Dijo que la propuesta es para una hospedería “de 59 habitaciones en la huella existente, con una reestructuracion que tiene que ver con “La Casona”, dentro de los parámetros donde ya está”.
“Dentro de dónde está la verja, eso es lo que estamos arrendarlo. Mi idea no es venderla estructura, mi idea es arrendarla. La playa sigue siendo patrimonio público y yo estoy claro en eso”, articuló.
Sobre la recomendación de demolición que Cardona Roig indicó que hizo verbalmente tras una consulta informal en la Junta de Planificación, expresó que “es preocupante”, pues eso no figura “en los expedientes de la administración”.
“Con relación al particular no tengo esa información en los expendientes de la administración. A mí no me consta que haya una recomendación de demolicion por un experto en el tema. Sería buena dialogar con la persona, con los fines de entender si la recomendación es que el edificio se demuela por alguna situación en parituclar, pero sería muy lamentable, en el sentido de que hay una inversion allí que se hizo y no es solamente la construcción, sino la supervisión, la adquisición, que elevan el costo más allá de los cinco millones de dólares”, expresó Cruz Molina, quien esperaba dialogar pronto con Cardona Roig, luego de que este medio le pasara el contacto.
El alcalde señaló además que cursó comunicación esta mañana con la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez, para que le defina y delimite la Zona Marítimo Terrestre en esta zona de “La Casona”.
“Cuando uno va a la página del DRNA, mediante su aplicación, La Casona está fuera de la zona de marítimo terrestre, con respecto a lo que llamamos el deslinde”, expresó.
Al cuestionársele sobre el contrato que entablaría el Municipio con Melao Holdings, confirmó que pasados los 30 años, si el Municipio fuera a vender la propiedad, “la primera opción sería el arrendador”.
“¿El issue es que sea con opcion a compra? ¿El issue es porque está en la ZMT? Habría que definir el ‘issue’, porque esta no es la primera vez que se presenta esto”, arguyó, recordando que ya hay dos ocasiones previas en las que se intenta trabajar con esta estructura, incluyendo en el 2019, cuando la firma de inversionistas de Misla & Robinson por poco abren el hotel Azure.
En un reportaje en Primera Hora en el año 2019, el alcalde Marcos Cruz Molina había revelado que dos inversionistas abrirían allí un hotel boutique de 25 habitaciones llamado ‘Azure’, pero nunca sucedió eso. De igual forma, se maravilló por el mero hecho de que las agencias pertinentes dejasen construir aquello allí a Santana.
“No sabemos cómo rayos les dieron los permisos”, dijo sorprendido el alcalde en aquel momento, al no poder comentar sobre la manera en que Santana logró hacer la construcción a solo pasos del mar, según reza el artículo de ese entonces en ese diario nacional, firmado por la periodista Frances Tirado.
“Y como dije en ese artículo también, las playa son del pueblo”, respondió al cuestionársele.
“Cuando yo llego a la administración municipal, el proyecto estaba en el proceso de terminación y cuando llegó, se envió una comunicacion a la Compañía de Turismo, y el area de planificación que se recomendó fue un hotel boutique con un salon comedor y un salon para actividades”, subrayó.
“Siempre hemos velado por que se salvaguarde lo que es el medio ambiente. Y ahí está la evidencia, que es la Bandera Azul que por los pasados cinco años hemos sostenido. En este momento se evalúa un proyecto para que se declare una zona protegida, incluso. Y todas nuestras propuestas han salido de la administración municipal, en coordinación con la comunidad”, expuso.
“Vuelvo y me sostengo, le envié una carta a la secretaria DRNA, y estoy abierto para más consulta con expertos. Al día de hoy yo no he firmado el proyecto. Tengo 20 días para vetarlo. Marcos Cruz Molina no va a permitir que vengan aquí a privatizar la playa. Esto es un contrato de arrendamiento”, articuló.
