La confirmación del designado secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, se tambalea porque algunos senadores y senadoras de la delegación popular tienen dudas sobre los planes de la agencia para cerrar planteles escolares.
El pasado 18 de enero, durante su vista de confirmación ante la Comisión de Nombramientos del Senado, Ramos Parés negó “categóricamente que este servidor tenga una lista de escuelas para cerrar”. Pero reconoció, a preguntas de la senadora independentista María de Lourdes Santiago Negrón, que funcionarios de la agencia prepararon una presentación, con información que dijo no era oficial, para iniciar una diálogo sobre la reconstrucción del sistema de enseñanza público con los $2,300 millones asignados por la FEMA.
Esa presentación, que Ramos Parés confirmó existía, proponía el cierre de otras 83 escuelas en los próximos cuatro años, según reportó el Centro de Periodismo Investigativo.
Hoy, en entrevista en Temprano en la Mañana con Rubén Sánchez, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, indicó que luego de esa audiencia la Comisión de Nombramientos recibió copias de contratos de empresas que se dedican al cierre de escuelas. Esas contrataciones tienen la firma del designado secretario de Educación.
Antes esa situación algunos senadores y senadoras rojas han pedido citar a Ramos Parés para que explique “el origen y la veracidad” de esos documentos.
Según Dalmau Santiago el cuerpo que preside convocará al funcionario para que responda esas inquietudes. Luego la Comisión de Nombramientos completaría el informe y el nombramiento bajaría a votación. Para pasar el crisol del Senado, el nombramiento necesitaría 14 votos. La delegación penepé, que apoya la designación, cuenta con 10 votos, así que Ramos Parés necesita apoyo de las otras delegaciones.
Ramos Parés también ha estado bajo fuego por negociar cambios al currículo con perspectiva de género con la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve y de espalda a las organizaciones de mujeres que forman parte del Comité PARE, creado por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia tras decretar un estado de emergencia para frenar el flagelo de la violencia de género. El Comité, como parte de sus propuestas, elaboró el currículo con perspectiva de género que debía entrar en vigor de forma piloto en agosto pasado. Debido a esa situación, las organizaciones de mujeres retiraron el endoso para que Educación reciba una partida de $250,000 para implantar el currículo con perspectiva de género, que ahora se transformó en un currículo de valores.
