La Ley Ética Gubernamental impide que el director ejecutivo de la Autoridad de Energía (AEE), Josué Colón Ortiz, pase directamente de su puesto en la corporación pública a ocupar un cargo en LUMA Energy, el operador privado de la red eléctrica.
A finales del año pasado en medio de rumores de que saldría de su cargo para dirigir el consorcio canadiense, Colón Ortiz consultó a la Oficina de Ética Gubernamental, que concluyó que no podía brincar de bando sin que hubiera un periodo de pausa de dos años en esa transición.
“Por todo lo anterior, y de conformidad con la LOOEG y la Ley de Alianzas Público Privadas, concluimos que usted no puede ocupar algún puesto directivo o cualquier otro puesto de LUMA, por espacio de dos años, a partir de la fecha de su renuncia”, apuntaló Luis Pérez Vargas, director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental en su respuesta al ingeniero.
En la misiva de cinco páginas, con fecha del 10 de enero de 2023, Pérez Vargas también aclara que aunque la legislación que propició la privatización de la AEE permitió que empleados de la corporación pública pasaran al consorcio privado, “ese proceso se llevó a cabo en un plazo específico. Es decir, estos servidores públicos tuvieron, como máximo hasta el 31 de mayo de 2021 para movilizarse hacia LUMA y ellos son los que estuvieron exentos de la aplicación de las disposiciones del artículo 4.6 de la LOOEG”.
El artículo 4.6 de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental estipula que en su inciso A “que un ex servidor público no puede ofrecer información, intervenir, cooperar, asesorar en forma alguna o representar en cualquier capacidad, directa o indirectamente, a una persona privada, negocio o entidad pública, sobre aquellas acciones oficiales o asuntos en los que intervino mientras trabajó como servidor público”. El inciso B establece el periodo de espera de dos años.
El 24 de agosto pasado, NotiCel informó que Colón Ortiz era considerado para dirigir simultáneamente a LUMA y la AEE, pero que la evaluación de su nombramiento había tomado un tiempo porque se evaluaba “cualquier traba ética o legal que le impidiera estar al frente de la privatizadora”.
Esa información surgió luego de que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia solicitara la renuncia al presidente de LUMA, Wayne Stensby, en medio de un aluvión de críticas por el pobre desempeño del operador privado.
Colón Ortiz nunca desmintió los informes de prensa. Por el contrario, dejó la puerta abierta a un potencial salto al operador privado, que la consulta a la OEG confirma consideró seriamente.
Mira el documento aquí: Carta de OEG a Josué Colón
