Ex empleado de AAFAF miente a Ética para irse a trabajar con firma a la que otorgó contrato millonario

Pedro Vélez Soto. Suministrada Conway MacKenzie.

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) presentó una querella contra Pedro Soto Vélez, ex principal oficial financiero de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) por no cumplir con el periodo establecido en ley para poder trabajar con una firma a la que otorgó un contrato de $9.5 millones cuando laboraba como servidor público.

Se trata de la firma Conway MacKenzie, encargada de asesorar al Gobierno en asuntos fiscales y desarrollar el plan de liquidez para el Plan Fiscal presentado ante la Junta de Control Fiscal, entre otras funciones.

En la actualidad, según el portal cibernético de Conway MacKenzie, Soto Vélez labora como Managing Director de la firma en Miami.

La querella que fue presentada el 23 de junio de 2020 establece que Soto Vélez trabajó en la AAFAF desde el 3 de enero de 2017 hasta el 30 de junio de 2019.

“Dentro de sus funciones en la agencia se encontraba firmar y ejecutar, en representación de la AAFAF, cualquier contrato, documento, escritura pública u otro tipo de instrumento para cumplir con el propósito de la AAFAF”, reza la querella.

El contrato fue otorgado el 16 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019 Soto Vélez terminó su empleo en la AAFAF. La OEG informa en la querella que tan temprano como el 16 de septiembre de 2019, Soto Vélez comenzó a laborar en Conway MacKenzie.

Sin embargo, Soto Vélez mintió a la OEG cuando informó que dejó de trabajar en el Gobierno el 31 de julio de 2018 en vez del 30 de junio de 2019.

De acuerdo a la OEG, Soto Vélez violó la ley al contratar con una compañía con la cual había realizado una acción oficial otorgándole un contrato dentro del año anterior de haber culminado su trabajo gubernamental con AAFAF.

El licenciado Carlos J. Capó estuvo a cargo de la investigación por parte de la OEG. La querella establece que el exfuncionario público pudiera tener que pagar hasta $40,000 por violar dos artículos de la Ley de Ética Gubernamental.

Soto Vélez tiene 20 días para contestar las alegaciones.

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