El futuro del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, está en las manos de nueve mujeres y tres hombres, que formarán el jurado que determinará si el expresidente de la Federación de Alcaldes es culpable o no culpable de recibir sobornos del ahora convicto contratista Oscar Santamaría Torres a cambio de darle contratos municipales.
En términos generales, se trata de un jurado profesional, clase media y que habla inglés con cierta fluidez. La edad promedio oscila entre los 40 a 45 años, en su mayoría con personas que no residen en la zona metropolitana.
Pero los testigos principales de la fiscalía federal son todos hombres: Santamaría Torres, el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo y Carlos de Jesús, un empleado de Island Builders. Esta empresa está vinculada a Santamaría Torres, pero en una moción previa al inicio del juicio los abogados de defensa plantearon que no existe evidencia en el descubrimiento de prueba que así lo demuestre.
Más allá del alto número de mujeres en el jurado, que según algunos estudios son más dadas a ponderar la prueba y cambiar de opinión durante la deliberación, hoy comenzaron a caer en su lugar algunas piezas del rompecabezas que los fiscales Myriam Fernández González y Nicholas Cannon trataran de armar en las próximas dos semanas. Hasta ahora la fiscalía federal había logrado acuerdos con una decena de exalcaldes, empleados municipales y contratistas vinculados a un este esquema de sobornos como peaje a jugosos contratos municipales.
Pérez Otero, quien hoy llegó al Tribunal Federal en Hato Rey acompañado de su esposa la exlegisladora y exjueza Liza Fernández Rodríguez, es la primera prueba de fuego para el Estado porque ha sido el único alcalde en rechazar un acuerdo para hacer alegación de culpa y reclamar su derecho a juicio por jurado.
Durante la selección de jurado, el ministerio público anunció 8 testigos, mientras que los abogados defensores Osvaldo Carlo Linares, Eduardo Ferrer y José Olmo Rodríguez no presentaron nombres de testigos a los paneles de potenciales jurados congregados en la sala 4 del juzgado. La defensa ha asegurado que su representado no recibió sobornos sino que se trató de donativos de campaña.
Sin embargo, ese dinero no aparece en los informes que el político radicó ante la Oficina del Contralor Electoral. En respuesta, la fiscalía federal aclaró que se trata de cantidades de dinero diferente y que conoce que Santamaría Torres realizó donativos de campaña política que llevó al acusado a la poltrona municipal.
Los fiscales también adelantaron que durante el proceso judicial se mencionaran -como parte del descubrimiento de prueba, los nombres de la esposa del acusado, los convictos contratistas José Bou Santiago, Raymond Rodríguez y Mario Villegas; los convictos exalcaldes Luis Arroyo Chiqués, José Cruz Cruz, Javier García Pérez y Reinaldo Vargas Rodríguez; el convicto exdirector de Obras Públicas de Cataño Pedro Marrero Miranda; así como el exalcalde de Cidra, Javier Carrasquillo, quien extendió a Santamaría Torres el primer contrato grande de recogido de basura y le abrió la puertas de otros municipios y del ex vice alcalde de San Juan, Alberto Escudero Morales, quien renunció de manera inesperada en septiembre pasado.
La fiscalía había anticipado que contaba con unas seis grabaciones de llamadas telefónicas y grabaciones en vídeo de los supuestos encuentros en los que se observa al acusado recibiendo los “kickbacks”. En una moción de petición de fianza el día del arresto, también incluyó dos fotografías del entonces alcalde recibiendo una paca de dinero de manos de Santamaría Torres.
Las argumentaciones iniciales serán el próximo jueves porque el juicio pausará dos días, mientras la jueza federal Aida Delgado Colón, acude a una convención judicial fuera de Puerto Rico. Ese día arranca el desfile de prueba.
El 9 de diciembre de 2021, agentes del Negociado Federal de Investigaciones arrestaron a Pérez Otero en su residencia en Guaynabo luego de que un Gran Jurado federal autorizó una acusación en su contra por cargos de extorsión, soborno y conspiración. La acusación le imputa recibir tres sobornos de $5,000 de manos de Santamaría Torres.
Por los delitos imputados, el exalcalde se expone a una sentencia de hasta 20 años de cárcel.
