Gobernador defiende que Supremo seleccione jefatura de la CEE

La intervención del Tribunal Supremo en el proceso de selección de la jefatura de la Comisión Estatal Elecciones (CEE) está justificado, a juicio del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, aunque abogados constitucionalistas aseguran que esa nueva competencia de la curia violenta la separación de poderes, que caracteriza el gobierno y evita la concentración del poder.

La semana pasada, tras invocar una regla de necesidad, el Supremo acogió una petición de certificación para que ese foro atienda la demanda incoada por el Senado y que impugna la facultad que le delegó el Código Electoral vigente para nombrar al presidente y presidente alterno del ente electoral. 

“En esta situación, la Rama Judicial está entrando a actuar ante la inacción de parte -tanto de la Rama Ejecutiva y como la Rama Legislativa, en este caso más bien la Rama Legislativa. El Senado de Puerto Rico tuvo la oportunidad de pasar juicios sobre dos jueces designados por el Gobernador y no lo hizo. Ante su inacción el Tribunal Supremo puede intervenir para proteger la democracia porque aquí estamos hablando de una entidad autónoma, que está adscrita a la Rama Ejecutiva por razones presupuestarias, que todos debemos velar porque esté funcionando y que su labor no sea interrumpida”, apuntó el mandatario en rueda de prensa en Dorado.

“Así que desde mi punto de vista, la Rama Judicial tiene todo el derecho de proteger al pueblo de Puerto Rico en general, a las tres ramas del gobierno para que la labor de la Comisión Estatal de Elecciones no se interrumpa. Se cumpla. Se lleve a cabo y esta es mi posición”, abundó.

La semana pasada, el Senado, representando por su presidente José Luis Dalmau Santiago, presentó una petición de sentencia declaratoria y de injunction preliminar y permanente ante el Tribunal de San Juan. Pero hoy solicitó a la curia que certificara el recurso legal. La certificación es un trámite extraordinario que permite al Supremo atender un caso pendiente aunque no haya sido resuelto por los tribunales de menor jerarquía.

El debate constitucional ocurre luego que los comisionados electorales no lograron consenso en torno a la terna de candidatos que sometió el Gobernador y Presidente del Partido Nuevo Progresista y el Senado rechazó evaluar los dos nominados para evaluación.

Ante este escenario, el nuevo Código Electoral, aprobado por la mayoría penepé a cuatro meses de las pasadas elecciones generales, dispone que la decisión pase al Tribunal Supremo.

Así las cosas, el Senado demandó a la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez en representación del Supremo y al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, en representación del Gobierno de Puerto Rico para frenar el trámite y tratar de que declare inconstitucional la disposición del Código Electoral que delega esa facultad del poder político a Rama Judicial.

Mañana vencen el término para que las partes sometan sus escritos ante el Supremo, dominado por una mayoría de jueces estadistas.

“La Rama Judicial interviene en asuntos electorales consistentemente y lo hace como si fuera un árbitro. Aquí hasta cierto punto está haciendo lo mismo. Hubo un impasse. Sometí unos candidatos y ni tan siquiera le dieron una audiencia y ante esta situación pues entiendo que hay más que justificación para que la Rama Judicial intervenga, en este caso el Tribunal Supremo, porque es lo que dispone la Ley”, esgrimió Pierluisi Urrutia.

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