El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia se expresó hoy en contra de propuestas que busquen criminalizar a las mujeres o a los médicos que realizan terminaciones de embarazo, mientras que el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, señaló que la revocación del derecho al aborto a nivel federal no debería tener un impacto mayor en Puerto Rico puesto que la Constitución isleña consagra de manera expresa el derecho a intimidad, que incluye la decisión de las mujeres a terminar su embarazo.
Hasta el momento, el mandatario había evitado asumir una posición clara en torno al aborto en medio del debate que generó el intento inicial de Senado de bajar a votación una medida que restringiría las terminaciones de embarazo a las 22 semanas de gestación.
Pero hoy, dos días después de que se filtrara el borrador de la Corte Suprema de Estados Unidos que anticipa la revocación del emblemático caso de Roe v Wade, indicó que respeta el estado de derecho vigente, que garantiza el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
“La (postura) mía es respetar el derecho en este momento. Todavía lo es el caso de Roe v Wade y en cuanto a reglamentación, lo que he expresado, para mi es relevante lo que tiene que decir la clase médica. Para mí es relevante lo que tiene que decir el secretario de Salud. Es relevante lo que tiene que decir nuestro secretario de Justicia”, respondió a preguntas de la prensa al concluir la presentación del proyecto “Creciendo Sembrando desde mi finca escolar” en Utuado.
O sea, ¿usted respeta la discreción médica?, insistió la prensa.
“Sí, definitivamente y no se debe perseguir ni a la clase médica ni tampoco invadir la intimidad de las mujeres innecesariamente”, indicó.
La Cámara Alta tiene ante su consideración, el Proyecto del Senado 693 que limitaría las terminaciones de embarazo después de las 22 semanas, salvo que medie alguna emergencia médica o corra riesgo la vida de la mujer. El Departamento de Justicia se opuso al proyecto porque entiende que es inconstitucional. También criticó la medida por la vaguedad de su lenguaje que podría obligar a un médico a tener que decidir entre el bienestar de la mujer o la viabilidad del feto. Además, señaló que la pieza legislativa sustituye el criterio médico por el legislativo al establecer el momento de viabilidad del feto a las 22 semanas.
La medida tampoco ofrece una definición clara de la emergencia médica y no toma en cuenta escenarios de malformaciones fetales, agresiones sexuales o incesto para decir terminar el embarazo de forma tardía.
El Departamento de Salud señaló que la medida es innecesaria porque las terminaciones de embarazo ya están reguladas en Puerto Rico.
Ante las dudas que generó la filtración del borrador que anticipa la revocación del derecho federal al aborto, Emanuelli argumentó que esa decisión no debería tener mayores consecuencias en el archipiélago. El borrador adelanta que la Corte Suprema delegará a los estados y territorios la facultad de regular el aborto.
“Yo creo que Puerto Rico no se afecta tanto porque tenemos una Constitución de factura más ancha. Así que como tenemos el caso de Pueblo v. Duarte”, señaló Emanuelli en un encuentro con varios periodistas en el Capitolio.
“Es importante que la gente sepa que, de esta decisión concretarse, lo que dice es que los estados y territorios pueden regular el aspecto de los abortos por su Legislatura”, agregó.
Mencionó que el estado de derecho vigente en Puerto Rico “tiene una ventaja”.
“Aquí en Puerto Rico hay un caso que resolvió que aplicaba el debido proceso de ley y el derecho a la intimidad a la mujer. Así como también, me parece a mí, que en Puerto Rico la gente, por lo menos lo que se ha visto en la historia, en los tribunales y todo (es que) se han dirigido hacia la protección del derecho a la intimidad”, indicó.
El caso Pueblo v. Duarte revocó la sentencia impuesta a un médico, que enfrentó cargos criminales por practicarle un aborto a una mujer de 16 años. Esa decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció que la Constitución isleña tiene más garantías que la federal, pero también consignó en la nota al calce 5 que, “en materia de aborto, advertimos que la extensión de las protecciones que brinda nuestra Constitución no es mayor a la que brinda la norteamericana; por tanto, sólo nos referimos a ésta”.
Anoche, durante una participación en Cuarto Poder (WAPA-TV), la senadora del Proyecto Dignidad y una de las autoras del PS 693, Joanne Rodríguez Veve, reiteró la viabilidad de este proyecto.
Recordó, además, que hay otra medida pendiente en la Cámara de Representantes, de la también legisladora del PD, Lisie Burgos, que propone restringir el derecho al aborto desde que se detectan los latidos de corazón del no nacido.
