La Fiscalía Federal en Puerto Rico confirmó hoy que no es un delito federal “colarse” o adelantarse de la fase de vacunación para COVID-19 que le corresponde a un individuo.
La portavoz de la Fiscalía Federal, Lymary Llovet, dijo que “un pago a un funcionario público para este propósito podría, en ciertas circunstancias, constituir soborno según la ley federal o estatal”.
Sin embargo, a juicio del ex fiscal federal Osvaldo Carlo, la gobernadora Wanda Vázquez pudiera establecer en una Orden Ejecutiva la penalización de esta conducta.
“Cuando estamos hablando de poner las vacunas es un proceso administrativo. Los estados tienen discreción en la manera que la vacuna va ser administrada”, sostuvo Carlo en entrevista con Jay Fonseca en Día a Día.
No obstante, dejó que claro que la gobernadora puede emitir una Orden Ejecutiva especificando el orden de prioridad en las fases de vacunación con el mismo lenguaje que sometió el Estado ante los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, (CDC, por sus siglas en inglés) y estipulando penalidades si no se cumple este orden.
En la primera fase se espera que se vacune a todo el personal médico y que labora en servicios de salud, pero hoy José Alverio Díaz, dirigente sindical de la Unidad Laboral de Enfermeras (ULESS), confirmó que se está vacunando a familiares de médicos y miembros de Juntas de Directores, y personal administrativo antes de que se haya vacunado a todo el personal médico que atiende directamente a los pacientes contagiados con COVID-19.
