Pese a que el Gobierno había dicho que no había escasez de diésel sino problemas de distribución, ayer el Ejecutivo solicitó una dispensa temporera a la Ley Jones para que barcazas de bandera extranjera puedan transportar combustible a la isla argumentando que los abastos estaban disminuyendo más rápido de lo anticipado.
En una carta que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia envió al presidente estadounidense Joe Biden señaló que la demanda por combustible, particularmente el diésel, había aumentado tras el azote del huracán Fiona.
“Las distribuidoras de combustible nos han informado que los abastos de diésel disminuyen a un ritmo más alto de lo previsto anteriormente y ha habido reportes de escasez alrededor de la isla”, afirmó el mandatario.
Pero el director de la Autoridad de Puertos, Joel Pizá Batiz, rechazó que existiera una contradicción en las acciones del Gobierno.
“El universo del diésel es bien variable. Los mayoristas no todos tienen una cantidad uniforme de diésel. Hay unos mayoristas que están muy bien y otros no están muy bien. Este combustible hace falta y es un deber moral y de buena fiducia del Gobierno de Puerto Rico que si hay 300,000 barriles allá afuera hagamos todo lo posible para recibirlos y si estuviéramos bien también de reserva no está mal tenerlos”, respondió Pizá Batiz a preguntas de Cuarto Poder (WAPA-TV).
El viernes pasado, el secretario de Asuntos del Consumidor, Edan Rivera Rodríguez, indicó que había abastos de diésel para 10 días y que ese día llegaba una barcaza con 300,000 galones para 60 días. Detalló que los retos de distribución se debían en parte, a que la falta de energía había demorado el despacho en el terminal de Yabucoa, pero que este proceso se agilizaría a partir de ese día porque el terminal ya se había sido energizado.
La petición de la dispensa ocurre en momentos en que una barcaza extranjera con unos 300,000 barriles de diésel espera en la costa de Guayanilla desde el fin de semana por el permiso para acercarse a puerto en Peñuelas a descargar el combustible. La decisión del mayorista Peerless Oil de adquirir ese combustible de British Petroleum -sin haber tramitado primero la debida dispensa a través del Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés)- generó un debate intenso sobre el efecto de las leyes de cabotaje y de las intenciones detrás de la movida en medio de crisis que atraviesa el país por el paso del ciclón.
Además de la petición de British Petroleum el gobierno federal evalúa otra de la compañía Total.
“Me informan que se van a estar atendiendo las peticiones de dispensa para embarcaciones particulares caso a caso”, precisó Pierluisi Urrutia en rueda de prensa para actualizar la respuesta del Gobierno ante el paso de Fiona.
“Lo que espero es que se atiendan con celeridad porque ayer (lunes) tuve comunicación directa con el secretario de Seguridad Nacional y me consta que le está dando atención a este asunto”, agregó.
