El trámite para privatizar las cuatro autopistas, que todavía administra el Gobierno, está en la etapa final, se limitó a decir la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), mientras que fuentes de Cuarto Poder (WAPA-TV) aseguran que la decisión ya está tomada.
A finales del 2022, la AAPP informó que las empresas Abertis Infraestructuras S.A., Concesionario Nuevo Puerto Rico -un consorcio formado por Plenary Americas US Holdings, Inc. y Shikun & Binui Concessions USA, Inc., y Vías de Puerto Rico, otro consorcio compuesto por Sacyr Infrastructure USA LLC y TKO Core Infrastructure Fund LP, un fondo de inversión que se formará y será manejado por Star America Infrastructure Partners LLC- habían completado el proceso de cualificación para participar en la licitación por la operación y administración de las autopistas PR-52 (Luis A. Ferré), PR-66 (Roberto Sánchez Vilella), PR-20 (Rafael Martínez Nadal) y PR-53 (José Celso Barbosa).
En declaraciones escritas, el director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés Gómez, indicó que “el Proyecto de Monetización de Carreteras de Peaje de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT) continúa en curso. En este momento, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) está en la etapa de negociaciones finales y aprobaciones pertinentes”.
El proceso de consulta, evaluación y adjudicación se mantiene confidencial de acuerdo a la Ley de Alianzas Público-Privadas o Ley Núm. 29-2009.
“Una vez culminado dicho proceso, la AAPP dará a conocer la selección final, y hará pública y disponible esta información”, indicó Fontanés Gómez.
Fuentes de Cuarto Poder apuntan a que Abertis sería el contratista seleccionado para administrar las cuatro autopistas, que en 2021 generaron ingresos anuales que superaron los $140 millones.
Esto significa que Abertis controlaría la mayoría de las autopistas en Puerto Rico ya que es el accionista principal de Metropistas, que ya opera la PR-22 y la PR-5. También opera el puente Teodoro Moscoso.
Al salir del cargo, Luis Fortuño Burset fue parte de la Junta de Directores de Abertis luego de que su administración le cedió la administración de la PR-22 y la PR-5, un contrato de concesión que su sucesor Alejandro García Padilla extendió hasta 2061 a cambio de $116 millones.
La privatización de las autopistas forma parte de la política pública de la Junta de Control Fiscal, que aprobó la llamada reforma del sistema de transportación del Puerto Rico como parte del plan fiscal certificado de la Autoridad de Carreteras y Transportación. Ese plan fiscal contempla un alza de 8.3% en las tarifas de los peajes por los próximos tres años.
El mes pasado, el medio español El Economista reveló que Abertis y Sacyr se vería las caras “en uno de los grandes procesos de privatización de autopistas que hay en marcha en el mundo” por una operación que se valoraba en más de 2,000 millones de euros ($2,120 millones).
