El 22 de marzo de 1873, se aprobó en las Cortes Españolas una ley que abolió la esclavitud en Puerto Rico dejando en libertad a las 30,000 personas esclavizadas que vivían en la Isla.
Aún así, la libertad fue condicionada a hacer contratos de trabajo por tres años. El decreto también establecía que no tendrían derechos políticos hasta cinco años después y que los hacendados recibirían inmunización por la pérdida de su “propiedad”.
Según la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, los hombres, mujeres, niñas y niños esclavizados representaban el 5% de la población. Eran pocos, en comparación con Cuba o Haití.
Algunos estudiosos opinan que la abolición se logró por presiones de un sector liberal de hacendados puertorriqueños y antiesclavistas españoles. Otros académicos opinan las personas esclavizadas gestionaron su propia libertad a través del cimarronaje; debilitando la estructura esclavista desde adentro. Y hay quienes piensan que ambas empresas funcionaron paralelamente para lograr el mismo fin.
Lo cierto es que Ramón Emeterio Betances fundó en 1858 una sociedad abolicionista en Mayagüez que utilizó una ley del gobernador Pezuela para liberar esclavos mediante su compra en la pila baustismal. Más adelante, en 1867 difundió una proclama clandestina en la que abolir la esclavitud ocupaba el primer lugar en la lista de los “Diez Mandamientos de los Hombres Libres”.
Mientras en España, en 1865, un grupo de puertorriqueños fundaron la Sociedad Abolicionista Española la cual exigía la abolición de la “funesta institución de la esclavitud”.
Se cree, que las presiones de Inglaterra y Estados Unidos, más la revolución en España y el Grito de Lares en Puerto Rico aceleraron el proceso.
Finalmente, el puertorriqueño Joaquín María Sanromá, presentó el proyecto de abolición que se aprobó un día como hoy hace 149 años.
Puerto Rico fue el penúltimo país en abolir la esclavitud en el Caribe, solo por delante de Cuba en dónde se abolió en el 1886 casi un siglo después de sus vecinos haitianos quienes se liberaron en 1793.
