La Ley 17-2019 de Política Pública Energética prohíbe la entrega del control de más del 50% de la capacidad de los activos de generación a una sola compañía por lo que el contrato que el Gobierno firmó con Genera PR para el manejo y eventual decomiso de las unidades generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) es nulo.
Así concluyó el informe de la Cámara de Representantes sobre la nueva Alianza Público Privada.
Además, Genera PR no cuenta con el conocimiento o la experiencia para labores contratadas que recaerán en la subcontratada PIC Group, que a su vez no tiene garantías sobre el tiempo que rendiría servicios, indica el informe.
