Solo 7 de los 81 feminicidios reportados durante el pasado año y medio llegaron al tribunal, concluyó un informe preliminar del Poder Judicial, que evaluó los trámites judiciales y administrativos relacionados al manejo de los casos de violencia de género.
Aunque el trato de los jueces y juezas “denotaba empatía y respeto” hacia las víctimas en 4 casos, ninguno de esos togados “orientó a las partes al expedir la orden protección sobre las consecuencias de una violación” a dicha orden protectora.
El informe de 110 páginas, divulgado esta tarde luego de que la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, ofreció una extensa presentación resaltando hallazgos generales y disertó sobre la complejidad de las raíces de la violencia contra la mujer, también encontró que los jueces no indagaron sobre los riesgos que enfrentaban las víctimas, que reclamaban el auxilio y la intervención del tribunal.
“Del total de 7 casos evaluados, se observó una pobre participación de los jueces y juezas para auscultar la presencia de indicadores de letalidad y para orientar a la parte peticionaria. En uno de los casos de petición, la jueza no logró exteriorizar, ni transmitirle a la peticionaria la forma en la que debía testificar, ante el testimonio desorganizado de la peticionaria. Asimismo, las grabaciones de voz reflejan el distanciamiento en algunos casos de parte del juez o la jueza, al escuchar los testimonios”, señaló el informe.
Los togados tampoco preguntaron sobre la existencia o el acceso a armas, otra bandera roja en los escenarios de violencia doméstica.
La evaluación de los expedientes judiciales y de las grabaciones de las vistas de los feminicidios ocurridos entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2021 reveló que los documentos se manejan con falta de rigor. Por ejemplo, no indicaban si las vistas se realizaron de forma presencial o virtual, una modalidad que tomó impulso en tiempos de la pandemia del COVID-19. Los expedientes no detallaban la presencia de intercesoras legales, que sirven de apoyo a las víctimas de violencia de género, ni alguaciles. En uno de los casos, apuntó el informe, no apareció la hoja de datos de la víctima y en los casos que se incluyó la hoja no se protegió la confidencialidad de la información.
“Se pudieron identificar deficiencias en las notas de los jueces y juezas en la vista. Un expediente no tiene ningún tipo de nota o tracto procesal”, consignó el informe.
“Varios de los casos evaluados no contienen determinaciones de hechos y en algunos casos, tampoco contienen notas. En uno de los casos, se incluyeron bajo determinaciones de hechos lo que realmente son notas sobre el testimonio de las partes, donde lo que consigna es lo que dijo cada cual. Esto es particularmente preocupante para los casos en que no existe grabación del proceso”, agregó.
Pese a que Oronoz Rodríguez ordenó la investigación ante el malestar colectivo que causó el manejo judicial del caso de Andrea Ruiz Costas, el informe adoptó una metodología que solo ofrece un cuadro general de las circunstancias de cada caso sin identificar a las partes involucradas.
En cambio, el informe elaboró 7 “flujogramas”, que usando flechas solo recogen el tracto procesal de los casos sin pormenores que arrojen luz sobre las circunstanciales particulares de cada mujer, que murió a manos de su pareja o expareja.
El flujograma del caso 2, que consta de dos hileras de cajitas blancas y azules coincide con las fechas del proceso civil y criminal que Ruiz Costas intentó encaminar sin éxito en el Tribunal de Caguas. La mañana del 29 de abril, el cuerpo de la mujer de 35 años apareció en el sector Guavate de Cayey. Un mes antes, la jueza del Tribunal de Caguas, Ingrid Alvarado Rodríguez, le negó una orden de protección.
“El propósito del ejercicio no es auscultar el manejo judicial o las decisiones que tomó un juez o una jueza, sino darnos herramientas a nosotros, a la administración, de cuáles prácticas no están funcionando, cuáles hay que potenciar, o qué mejores prácticas hay que desarrollar para dar mejor atención a los casos en los tribunales”, respondió Oronoz Ródriguez ante preguntas de la prensa sobre el alcance de los hallazgos del informe.
Dejó claro también que como resultado de este informe no se tomarán medidas disciplinarias contra los jueces o juezas que fallaron en el desempeño de sus obligaciones.
A pesar del cuadro general que cinceló el informe y que no realizó ninguna reforma mayor de los trámites judiciales, la Jueza Presidenta defendió el análisis preliminar como un “ejercicio de autocrítica” y de transparencia. Aseguró también que “no debe quedar duda de que entendemos nuestra responsabilidad”.
Pese a que invocó la transparencia y la apertura a la fiscalización, Oronoz Rodríguez ofreció una presentación en la cual omitió los hallazgos más duros del informe y entregó el documento a la prensa cuando acabó la conferencia de prensa.
La Jueza Presidenta rechazó comentar sobre el proceso administrativo que enfrenta la jueza Alvarado Rodríguez, a quien separó de la Sala Especializada de Casos de Violencia Doméstica tras el feminicidio de Ruiz Costas.
“Las reglas no nos permiten hacen ninguna expresión sobre el tema”, repitió en varias ocasiones.
Al inicio del encuentro con la prensa, resaltó el bajo porcentaje de “mujeres o hombres” que pisa un tribunal en busca de protección y destacó los números de las peticiones de órdenes de protección.
“Eso tiene que llevarnos a pausar y preguntarnos por qué no llegan estos casos a buscar ayuda del gobierno o por qué no llegan a los tribunales”, cuestionó Oronoz Rodríguez.
Apuntó que durante la pandemia hubo 12,302 solicitudes de órdenes de protección, pero desconocía el número de órdenes denegadas. De ordenes protectoras expedidas, 9,488 se concedieron ex parte o en ausencia de la parte contra quien se solicita la protección.
A pesar de la importancia del dato, fue a preguntas de la pregunta que mencionó que en el 99% de las órdenes de protección “no se violentan”. Por eso, realizó un llamado a las víctimas de violencia doméstica a procurar este tipo de protección.
La exjueza Aleida Varona Méndez, presidió el grupo compuesto por los jueces y juezas Janette Perea López, William Machado Aldarondo, Raiza Cajigas Campbell y Juan Carlos Vera Rivera. También colaboraron en el documento con fecha del mes pasado, pero divulgado hoy, Adriana Alonso Calderón, Gina Gutiérrez Gálang y Aracelis Cabrera Alicea.
