A pesar de la flexibilización de las medidas para atender la emergencia del COVID-19, el Proyecto Dignidad presentó una moción ante el Tribunal de San Juan asegurando que las órdenes vigentes continúan violando el principio de separación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo.
En su escrito, la colectividad argumentó que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia quitó algunas de las directrices, pero le dio el poder al secretario de Salud, Carlos Mellado López, para “legislar” a través de órdenes administrativas y que dejó la declaración de estado de emergencia intacta por lo que podría volver a imponer restricciones en cuanto quiera sin pasar por revisión legislativa.
Por tanto, el Proyecto Dignidad planteó (la Cámara de Representantes también se unió en principio luego de la demanda) que deben seguir ante el tribunal para asegurarse de que el gobernador no pueda abusar del poder Ejecutivo. Además, reiteró que la Rama Legislativa tiene que poder revisar que el gobernador no abuse de su autoridad nuevamente como aseguran ocurrió antes.
En la más reciente orden ejecutiva, el gobernador eliminó los mandatos de vacunación obligatoria y delegó en Mellado López la facultad para emitir recomendaciones sobre la vacunación para toda la población.
Bajo esa asignación, el galeno promulgó una orden administrativa que, entre otros asuntos, exige la vacunación a estudiantes mayores de 16 años y que, según la moción presentada el abogado de la senadora Joanne Rodríguez Veve y la representante Lisie Burgos Muñiz, representa una enmienda a la Ley 25 o “Ley de la Inmunizaciones Compulsorias a los Niños Preescolares”. Esa facultad arguyó el licenciado Juan Manuel Frontera Suau no le corresponde a la Rama Ejecutiva sino a la Legislativa.
El juez Alfonso Martínez Piovanetti atiende la controversia.
