Tras mantener una distancia de la polémica, la comisionada residente Jenniffer González Colón hoy arremetió contra la secretaria de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez Vega, a quien acusó de filtrar a los medios de comunicación un informe preparado por la agencia que concluyó que los trabajos de construcción realizados en una propiedad de sus suegros causaron daño ambiental en la reserva de La Parguera en Lajas.
El informe, que este portal publicó en primicia, corroboró las denuncias de líderes ambientales, como el excandidato independiente a la gobernación Eliezer Molina, quienes habían alertado sobre destrucción al mangle como parte de la construcción ilegal de un tablado y una terraza. Ante la supuesta inacción del Estado, el pasado 9 de julio un grupo de manifestantes llegó al lugar para remover la estructura ilegal e iniciar el proceso de rehabilitación de área. Durante la manifestación, la Policía arrestó a 8 manifestantes.
“Es triste que a estas alturas este tipo de cosas se den. Me encantaría que la Secretaria de Recursos Naturales no fuera tan irresponsable de hacer expresiones públicas cuando ni siquiera han culminado investigaciones y cuando hace público documentos internos de la agencia que ni siquiera han enviado a las partes”, afirmó González Colón, quien se anticipa retará al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia a primarias por la candidatura a la gobernación.
“Yo creo que ella tiene una función ministerial pero que recuerde que no es una propiedad la que hay ahí. Hay 110 casas. Yo no siquiera pensar que esto es exclusivamente porque son mis suegros. Verdad. Todo el que esté en contra de la ley y el derecho que le aplique la misma norma. No puede ser exclusivamente para una familia. Hay 110 residencias allí y obviamente esta cumple con todos los permisos”, añadió.
González Colón, quien al inicio de la polémica se limitó a decir que la casa no era suya, también defendió la decisión de su esposo José Yovín Vargas de acompañar a sus padres la semana pasada al Negociado Federal de Investigaciones, que se encuentra justo al lado del Tribunal Federal en la Avenida Chardón en Hato Rey, donde había destacado un contingente de periodistas cubriendo el juicio contra Félix Verdejo Sánchez y que se percató de su llegada al lugar.
Hoy, la política aseguró que la insistencia de vincularla a una propiedad que no es suya es parte de una agenda política para hacerle daño, que indicó se zanjará en las urnas.
“Mi esposo fue a acompañar a sus padres que son personas mayores de edad a acudir como ciudadanos privados, porque mis suegros no son figuras públicas, a vindicar sus derechos y hacer los reclamos que entiendan pertinentes en derecho ante las agencias federales y estatales”, apuntó a preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa para anunciar la presentación de legislación para que los pequeños negocios en Puerto Rico tengan acceso a recursos para cumplir con la American with Disabilties Act (ADA).
“Son grupos que buscan una agenda política lamentablemente de independencia y de crear controversias donde no las hay. Aquí hay unas agencias de estado que son las que tienen que tomar acción si es que hay algún tipo de violación de ley o administrativa en cada una de las agencias y son las agencias del gobierno, estatal y federal, las que tienen que tomar acción. Ningún ciudadano, ningún partido puede abrogarse ese poder que tienen esas agencias y menos tomar acción como destruir propiedad privada adjudicándose un derecho que no tienen”, agregó.
En una exposición, que se extendió unos siete minutos, atacó a Molina, a quien describió como una persona con problemas de salud mental.
“Yo respeto el derecho a la libertad de expresión. Lo que no respeto es la destrucción, el vandalismo, el acoso, la violencia contra el que sea. Así que al gobierno de Puerto Rico le exhorto a que haga cumplir las leyes y reglamentos en igualdad de condiciones a todo el mundo. No con encargos de nadie”, concluyó.
REACCIONA SECRETARIA DRNA
La secretaria Rodríguez Vega rechazó las imputaciones de persecución selectiva y recordó a la Comisionada Residente que intervino en el condominio Sol y Playa en Rincón, donde reside Walter Pierluisi Isern, primo del gobernador.
A continuación sus expresiones íntegras.
“Desde el primer día que asumí el cargo de manera interina y luego en propiedad, he respaldado con acciones mis palabras de sancionar todas aquellas violaciones a los reglamentos y leyes ambientales de Puerto Rico, como requiere mi deber ministerial y de acuerdo con la política pública establecida en nuestra Constitución (Artículo VI, Sección 19). Todas nuestras acciones están precedidas de estudios y análisis ambientales y legales, sin distinción alguna de quien las comete.
Al contrario, hemos recibido críticas por protegerle a las personas investigadas el debido proceso de ley y la igual protección de las leyes, que son principios constitucionales de los cuales no nos apartamos aunque causen dilación en los procesos administrativos y judiciales, que son los foros correspondientes donde se deben dilucidar las controversias y no asaltando los lugares donde se alega que hay violaciones de leyes ambientales. Buenos ejemplos recientes y exitosos son los casos del condominio Sol y Playa y la Cueva de las Golondrinas, mientras, el proceso judicial de desalojo y para imponer responsabilidades en la Reserva Estuarina Bahía de Jobos, en Salinas, no sólo avanza sin marcha atrás, sino que a este momento no hay allí una sola persona usurpando los bienes de dominio público, contrario a pocos años atrás.
Respeto profundamente las opiniones de todos los ciudadanos, incluyendo la de los funcionarios electos del Gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, es importante recordar que en el DRNA estamos comprometidos con la protección y conservación de nuestros recursos naturales, y esto incluye los mangles, que son vitales para nuestra biodiversidad y resiliencia contra el cambio climático.
Nuestra intervención no fue un acto selectivo ni de irresponsabilidad, sino un cumplimiento con nuestro deber como guardianes de la naturaleza y el medio ambiente. Si se ha llevado a cabo alguna actividad sin el debido permiso, es nuestra obligación intervenir, sin importar a quién pertenezca la propiedad en cuestión. En el DRNA atendemos con profunda seriedad todas las querellas y casos activos.
El pueblo reclama transparencia y el Gobierno está respondiendo a ese reclamo. Nadie que ame a Puerto Rico y la conservación y protección de nuestra naturaleza debe oponerse a ello.”
