El juicio contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el consultor Mark Rossini podría celebrarse en la antesala de las elecciones generales, aunque algunos abogados de defensa entienden que esa fecha “no es realista” debido a los escollos que han confrontado con el descubrimiento de prueba.
La jueza federal Silvia Carreño Coll celebró una vista sobre el estado de los procedimientos la tarde del martes para atender algunas controversias pendientes particularmente varias disputas relacionadas al proceso de descubrimiento de prueba, que todavía la fiscalía federal no ha completado.
“Este juicio debe verse en el 2024. Si hay una situación extraordinaria reconsidero”, apuntó Carreño Coll tras escuchar las argumentaciones de las partes.
El juicio estaba pautado para iniciar el próximo vez, pero ante el cuadro que abogados y fiscales dibujaron en sala Carreño Coll estimó que el juicio podría arrancar en octubre. Por tanto, pidió a los abogados y fiscales que ofrecieran dos fechas para iniciar el proceso judicial “antes de diciembre”.
A nivel federal, los acusados no suelen acudir a este tipo de vista. Así que hoy en la sala 6 estaban los abogados Luis Plaza Mariota, Ignacio Fernández De-Lahongrais, Peter John Porrata y Edgar Sánchez, quienes representan a Vázquez Garced, las abogadas Lilly Ann Sánchez y Sonia Torres Pabón, quienes representan a Herrera Velutini y Lydia Lizarribar, Juan Michelen y Michael Brian Nadler, quienes representan a Rossini.
También estaban en sala los fiscales Seth Erbe, Nicholas Cannon y Ryan Crosswell. En primera fila, detrás de la mesa del ministerio público, se sentó el jefe de la fiscalía federal, W. Stephen Muldrow, quien salió de la sala antes de que acabara la audiencia.
Aunque la defensa de la Vázquez Garced se expresó optimista en que el juicio se verá este año, los abogados de Herrera Velutini y de Rossini insistieron en que como pronto el juicio podría empezar en enero del 2025.
Durante la vista, que se extendió poco más de una hora, los abogados apuntaron que la fiscalía federal los ha inundado con millones de documentos, lo que hace que el proceso de evaluación sea engorroso y afecte el tiempo de preparación para el juicio.
“Los documentos entregados son difíciles de navegar y podría haber prueba exculpatoria enterrada en esa marea de documentos”, argumentó Plaza Mariota.
La disputa por el descubrimiento de prueba se debe a la lenta evaluación que el “filter team” (equipo de filtración) hace de la información obtenida de los celulares ocupados a los acusados, cooperadores y testigos como la subsecretaria de la Gobernación, Lilliam Sánchez, la ayudante ejecutiva Marisol Blasco y Frances Díaz, quien al igual que su ahora expareja John Blakeman, se declaró culpable tras alcanzar un acuerdo de cooperación con la fiscalía federal.
Una vez los abogados y abogadas reciben los documentos de la fiscalía tienen un término de tiempo para preparar un listado de las comunicaciones que consideran privilegiadas y que deben ser excluidas del proceso.
Debido a la lentitud del “filter team”, la defensa de Herrera Velutini solicitó sin éxito que “el material que no se ha producido hasta hoy debe ser excluido”.
Según los abogados de defensa, los fiscales y los agentes del FBI accedieron de forma indebida a comunicaciones privilegiadas entre los acusados y sus abogados al procurar órdenes de registro y allanamiento para ocupar sus celulares y entrar a sus cuentas de correo electrónico. La información obtenida de esa propiedad allanada, argumetan, debió ser evaluada primero por el “filter team” y luego de ese examen pasar a las manos de los agentes y fiscales.
La defensa de Herrera Velutini también solicitó las comunicaciones entre la OFIC y Bancrédito, una petición que la fiscalía objetó porque hay comunicaciones de acciones pendientes. En abril pasado, OCIF ordenó la liquidación de Bancrédito por el incumplimiento reiterado con sus requerimientos.
Además, en la vista de hoy quedó al descubierto que unos 10 u 11 empleados de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) son informantes en este caso además del excomisionado George Joyner y la actual comisionada Natalia Zequeira.
Ante los planteamientos de la defensa, el fiscal Crosswell informó que el “filter team” debe completar la tarea de evaluación de documentos para el 1 de marzo. La defensa entonces tendría hasta finales de marzo para presentar sus listados de las comunicaciones privilegiadas.
Fuera del tribunal, Sánchez insistió en la moción de desestimación de los cargos que presentó porque los fiscales accedieron a comunicaciones privilegiadas y aceptaron que la licenciada María Domínguez representara a Frances Díaz cuando era la abogada de Bancrédito.
La abogada reveló que volverá a presentar la demanda contra Domínguez por supuestamente faltar a su deber de fiducia con Báncredito al convertirse en la abogada de Díaz. En la demanda también pedirá la restitución de dinero que cobró como representante del banco.
“Imposible que María Domíguez fuera abogada del banco, de Julio Herrera y cambiar en ese mismo punto y ser abogada de Frances Díaz. Es completamente incorrecto y el gobierno (fiscalía) nunca debió permitir eso”, indicó.
También indicó que la defensa del banquero presentará testigos vinculados al mundo de la política y que espera por una respuesta a una moción para que el segundo juicio contra Herrera Velutini se celebre en Massachusetts y no en Puerto Rico.
“No creo que la defensa va a estar preparada para el 2024 y también creo que es un año de elecciones. Hay que ver como eso va a afectar el caso que es un caso tan político y mucho de los testigos que ya hemos dicho que vamos a llamar en este caso van a ser políticos o involucrados en la política”.
La jueza Carreño Coll acogió una petición para separar las dos conspiraciones imputadas por la fiscalía en juicios separados.
La fiscalía acusa a los tres acusados de participar en una conspiración para ayudar a Vázquez Garced en sus aspiraciones políticas a cambio del despido de Joyner, cuya oficina investigaba a Bancrédito por transacciones sospechosas.
La otra conspiración solo involucra a Herrera Velutini en otro alegado intento por descarrilar la investigación una vez Vázquez Garced perdióla primaria y Pedro Pierluisi se convirtió en gobernador.
