La Junta de Supervisión está sumamente preocupada por los Proyectos 775 y 776 de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Estos proyectos de ley perjudican la transformación –que debió de haberse producido hace tiempo– del sector energético de Puerto Rico. Contrario a los requisitos de los Planes Fiscales Certificados para el Gobierno y la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), los proyectos de ley devuelven a la AEE el control del sector energético de Puerto Rico.
Ambas medidas pasaron el crisol de la Cámara de Representantes, pero quedaron pendientes de votación en el Senado. La última anotación en el registro electrónico de medidas consigna que el 28 de octubre quedaron en el calendario de órdenes especiales a la espera de la consideración de la Cámara alta.
La AEE es motivo de preocupación para la mayoría de las personas en Puerto Rico. Durante décadas, la AEE ha ignorado sistemáticamente el mantenimiento y se ha centrado en reaccionar a los problemas en lugar de prevenirlos proactivamente. Esta mala administración ha dado lugar a un rendimiento constantemente deficiente y a interrupciones regulares del servicio eléctrico. En la década previo a los huracanes y a la quiebra de la AEE, ésta tenía un déficit presupuestario que finalmente tuvo como desenlace la quiebra.
Los Planes Fiscales ofrecen un enfoque detallado para transformar el sector energético de Puerto Rico y proporcionar una energía más fiable, asequible y limpia. Un componente clave es evitar la interferencia política que ha afectado a la AEE durante décadas. En efecto, los proyectos de ley reintroducen el potencial de interferencia política y obstaculizan la transformación del sector energético.
El PC 775 disminuiría la participación de la Autoridad AAPP (P3A, en inglés) y del regulador energético independiente de Puerto Rico, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR). Según el proyecto de ley, la AEE tendría la autoridad de supervisión sobre cualquier contrato de alianza, no la AAPP, según se define en la Ley 29-2009. Además, el proyecto de ley protegería a los funcionarios que se negaran a cooperar con las AAPP de las graves consecuencias de la ley actual.
El PC 776 pretende dejar a la Junta de Directores de la AEE a cargo de la supervisión de los operadores privados y perjudica la transformación de la AEE, lo cual es directamente contrario a los Planes Fiscales del Gobierno y de la AEE. La AEE ha fracasado durante muchos años en operar la red eléctrica y las instalaciones generatrices de manera efectiva y competente. Facultar a la Junta de la AEE para que supervise y controle esencialmente al operador privado impedirá, como mínimo, la transformación del sistema energético que es fundamental para mejorar la calidad de vida y el clima empresarial en Puerto Rico.
Los proyectos de ley también interfieren con el método de los Planes Fiscales para que la AEE logre la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital, según lo dispone PROMESA. El proceso de transformación en cuanto a las instalaciones generatrices de la AEE está bien encaminado y la AAPP ya ha recibido propuestas de los participantes del mercado, las cuales están siendo evaluadas. Cambiar la naturaleza de supervisión de los acuerdos vigentes en este momento amenaza con retrasar el proceso en cuestión. Puerto Rico necesita continuar con la transformación. El pueblo de Puerto Rico merece algo mejor que lo que la AEE le ha brindado.
La Junta de Supervisión se reserva el derecho de tomar las medidas que considere necesarias, incluida la búsqueda de recursos para evitar la adopción y aplicación de la ley. La Junta de Supervisión espera que tales acciones sean innecesarias.
