Sin decírselo a nadie, la Junta de Control fiscal (JCF) incluyó en la octava versión del Plan de Ajuste a la Deuda (PAD) una disposición que desestimaría una demanda incoada por un grupo de retirados del Sistema de Empleados del Gobierno y la Judicatura en contra de la entidad financiera UBS por impulsar una polémica emisión de deuda de cerca de $3,000 millones en el 2008.
Una moción urgente presentada hoy por los abogados de cinco retirados afectados por dicha transacción detalla que la demanda que se mantiene activa en en el Tribunal de San Juan no está relacionada al proceso de restructuración de la deuda pública. La demanda tampoco afecta o le cuesta nada al gobierno, pero si la jueza Laura Taylor Swain acogiera la petición de desestimación liberaría a USB de un posible pago por daños y perjuicios de hasta $1,000 millones, que pasarían a los bolsillos de los retirados y del quebrado Sistema de Retiro.
“Incluir (el pleito) en el Plan de Ajuste Propuesto es una distorsión de la justicia para el grupo de demandantes individuales que ha estado litigado en contra de UBS Financial en los tribunales del Estado Libre Asociado por la pasada década”, afirmaron los licenciados Harold Vicente Colón, Francisco Pujol Meneses y José Andreu Fuentes.
“Esta inclusión al Plan de Ajuste fue indebidamente interpuesta por los abogados de la Junta, O’Neill & Borges, como representante de los deudores, que también representan los intereses de UBS Financial en otros casos, en particular ante la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA)”, añadieron para establecer que UBS y la Junta comparten la misma representación legal.
Por tanto, solicitan a la jueza Taylor Swain que elimine el lenguaje relacionado a esta transacción del PAD, que tiene ante su consideración.
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