Sin mucho rodeo, Hermán Cestero admitió que votó para confirmar a Ilka Ríos como rectora del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) sin leerse todo el informe de una investigación en su contra, que concluyó que violó las normas de la institución para tratar de evitar la expulsión de una estudiante de la Escuela de Medicina.
Pero aseguró que tenía la “esencia” del informe de 256 páginas y evidencia para demostrar que las conclusiones de esa pesquisa eran incorrectas.
En medio de la polémica que rodea el regreso de la académica a la jefatura del RCM, Cestero habló con Cuarto Poder (WAPA-TV) en su carácter individual y no como un portavoz de la Junta de Gobierno de la UPR, para justificar el nombramiento y rechazar que dicha designación vaya a afectar la acreditación del recinto a pesar de la oleada de renuncias registrada tras su confirmación.
Aunque no contaba con el apoyo mayoritario de la comunidad universitaria, la semana pasada la Junta de Gobierno de la UPR dio paso a la designación de la actual catedrática de la Escuela de Medicina Dental justo un año después de su destitución del mismo cargo.
“Ella (Ríos) no fue removida. Hay que corregir. Ella renunció ante una crisis de informática sobre presuntas irregularidades. Para eso es que yo pedí (sic), para demostrarte que las presuntas cosas no ocurrieron”, afirmó el cirujano plástico ante preguntas de Jay Fonseca.
¿Lo que dice el informe de la oficial que se nombró para investigar la supuesta intervención indebida no ocurrió o es incorrecto?, insistió Fonseca.
“Al informe le falta información”, respondió.
El retorno Ríos a la dirección del RCM constituye un cambio de postura del presidente de la UPR, Luis Ferrao, quien el año pasado la despidió y el mes pasado recomendó a la Junta designarla nuevamente al puesto sin mayores explicaciones. Tampoco aceptó una petición de entrevista de este medio.
A pesar de que Cestero insistió en que Ríos no había sido destituida del cargo, en la carta que envió a Ferrao el 4 de agosto de 2022 señaló que dimitía “atendiendo su sorpresivo pedido de renuncia”. En ese momento, no había concluido la investigación interna ordenada por el propio presidente ante denuncias de dos decanos de que la rectora Ríos había intervenido de forma irregular en el manejo del caso de una estudiante dotada de la Escuela de Medicina, que confrontaba problemas académicos.
Dos meses más tarde, la oficial investigadora Alondra Fraga Meléndez presentó un demoledor informe que determinó que Ríos violentó los procesos internos y actuó de manera unilateral al firmar un acuerdo de transacción extrajudicial con la estudiante porque no contaba con la facultad para tomar esa decisión. Esa facultad, según el informe, recaída sobre la presidencia de la UPR.
El informe también consignó que Ríos obstaculizó procesos internos y que quedaba pendiente de investigación por alegaciones de que había ordenado el cambio de notas de la estudiante dotada. El cambio, de acuerdo a la denuncia, consistió en sustituir las calificaciones con “F” por una “W”, que equivale a una baja. Pese a los hallazgos, la oficial investigadora no recomendó sanciones. Dejó esa determinación en manos de las autoridades universitarias.
Ante estas alegaciones, Cestero mostró a Cuarto Poder la carta que Ríos envió al registrador Abelardo Martínez el 2 de agosto de 2022 informando detalles del acuerdo y un correo electrónico reciente solicitando información sobre el expediente de la alumna.
En la misiva Ríos detalló que el acuerdo de transacción extrajudicial autorizaba “a la estudiante a realizar una baja parcial de algunos cursos del currículo de segundo año de medicina, tomados durante el año académico 2021-2022”, y a tomar tres cursos durante el año académico 2022-2023. Pidió también proceder con la matrícula con la universitaria. La carta no incluyó una petición de revisión de notas.
El escueto correo electrónico del 15 de agosto de 2023 es una respuesta a una petición de Ríos para que se cotejara la petición de baja de la estudiante. Según la respuesta de la Oficina de la Registraduría, la estudiante nunca completó el proceso de baja ” y la carta suya lo que autoriza es a un proceso de baja, no cambio de calificación”.
“Si hubo algún error involuntario no fue de parte suya, lamento la situación que esto haya causado. Al momento el expediente está con las calificaciones correspondientes”, finalizó el correo electrónico que no tiene firma de un remitente.
Durante la entrevista Cestero impugnó los hallazgos de la investigación y defendió la decisión de la Junta de Gobierno de realizar la votación del nombramiento de Ríos de forma secreta porque se trata de una “tradición”. El nombramiento recibió 8 votos a favor y 5 en contra.
“No, no hubo una intervención indebida… La conclusión tuvo que ver con otras cosas. El documento es un documento grandísimo. No lo tengo (aquí). Son doscientas cincuenta y pico de páginas. Ni yo me lo he leído completo, pero tengo parte del contenido, de la esencia y la conclusión no fue que hubo una intervención. Tengo la evidencia que te la puedo enseñar, que no la hubo”, insistió.
Cestero también rechazó que la designación coloque en peligro de la acreditación del RCM e insistió que de los candidatos disponibles para ocupar el puesto Ríos era la mejor.
“Como rectora no hay una persona que haya aplicado mejor cualificada que ella”, repitió.
¿No deberíamos dejarla vacante la posición hasta que llegue otra persona sin esta mácula?, preguntó Fonseca.
“Es que ella no tiene mácula”, ripostó.
¿Hace un año que la removieron?, continuó Fonseca.
“Surgen unas cartas de dos personas (decanos) que presentan la renuncia basadas en que la doctora Ríos cambió nota, pero ya te enseñé que ella no cambió nota. Todo parte de una presunción equivocada. Esas personas no buscaron para ver. Ellos presumieron que ella había cambiado, presumiendo quizás en lo que tú me acabas de decir que una persona de Fortaleza del partido, de lo fuera, llamó. De eso yo no te puedo decir si hubo ese proceso. Lo que sí te puedo decir que el cambio no ocurrió”, apuntaló el cirujano plástico.
A pesar de los señalamientos de que el nombramiento responde a una lucha por el control político de los bandos del Partido Nuevo Progresista que pululan por el RCM y del pedido de la facultad de la Escuela de Medicina para que se revoque en nombramiento, Cestero señaló que la controversia que rodea el nombramiento no daña la reputación de la institución, ni la coloca en peligro.
“No, no… aquí estamos hablando de una persona que dentro de los que están accesibles a ser rector, es la que está mejor cualificada sin dudas a lugar”, soltó.
“No porque esas personas que han amenazado con renunciar no son indispensables. Nadie es indispensable en este mundo. Ella tampoco es indispensable, pero no hay nadie mejor disponible. Ese es el problema. Ya ha habido varias consultas y siempre son esencialmente las mismas personas disponibles”, agregó.
Los documentos examinados por Cuarto Poder -algunos suplidos por Cestero y otros por fuentes independientes- revelaron un complejo proceso administrativo interno que tomó dos vías de acción de forma paralela y que desembocó en recomendaciones encontradas.
El Comité de Promoción de la Escuela de Medicina atendió un referido para realizar una evaluación académica de la estudiante y, en dos ocasiones, recomendó su expulsión. Además, los oficiales involucrados en este proceso denunciaron que la rectora obstaculizó el trámite, que insistieron constituía el camino oficial establecido en los reglamentos de la institución.
La rectora siguió otra ruta que garantizaba la permanencia de la estudiante en la Escuela de Medicina argumentando que atendía reclamos de la alumna de que había recibido un trato injusto y discriminatorio. Explicó que firmó un segundo acuerdo transaccional confidencial el 7 de julio de 2022 amparada en las estipulaciones del acuerdo original firmado por su antecesor, Segundo Rodríguez, el 19 de febrero de 2021.
Tras ese primer acuerdo, la estudiante repitió los cursos fracasados durante su primer año de estudios y se le asignó un psicólogo clínico para que la ayudara en el proceso académico.
El segundo acuerdo atendía otro reclamo de acomodo de la estudiante tras fracasar en tres clases en su segundo año de estudios. De acuerdo al asesor legal del RCM, Marcos Román, dicha transacción, entre otras cosas, protegía al recinto de futuras acciones legales ante incumplimientos de la institución. Contrario a la oficial investigadora, Román determinó que la rectora tenía facultad para firmar dicho acuerdo “puesto que los recintos tiene autonomía administrativa y fiscal”.
En medio de esta disputa, la estudiante no ha regresado a la Escuela de Medicina.
