Los recortes hechos a los presupuestos de la rama judicial y las procuradurías han obstaculizado el acceso a la justicia, según un estudio. Las políticas de austeridad implementadas por la Junta y el gobierno, han tenido como resultado el que hayan congelados un 15 % de puestos de trabajo, el que exista una reducción de personal regular y transitorio, y hasta han ocasionado el cierre de cerca de 20 salas de tribunales para que el gobierno pueda ahorrarse $71 millones.
