A 40 días para que termine el contrato suplementario de LUMA Energy, en la Legislatura se cocina otro esfuerzo para procurar la cancelación del polémico acuerdo contractual, que cedió al consorcio privado la administración del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica.
El contrato vence automáticamente el 30 de noviembre a menos que el gobierno de Puerto Rico a través de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) solicite extender su vigencia, concluyeron el Centro de la Nueva Economía, la Comisión cameral que preside Luis Raúl Torres Cruz y otros abogados que evaluaron el acuerdo, que entró en vigor el 1 de junio de 2021.
Pero el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero Díaz, quienes apoyan la permanencia de LUMA a pesar de los reclamos ciudadanos para que se rescinda el contrato por su pésimo servicio, han adoptado otra interpretación que concede al operador privado la potestad de cancelación.
Ante el hartazgo colectivo con el consorcio canadiense, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, recientemente radicó la Resolución Conjunta del Senado 326 que ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a la AAPP presentar en un término de 20 días un plan de trabajo completo ante la cancelación del contrato y el cambio a otro proveedor.
El Senado ya aprobó la medida, que pasó a la Cámara para aprobación.
La Cámara Baja, donde el representante Torres Cruz dirige una comisión que le tiene el guante encima a LUMA, aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 315 que ordena la cancelación del contrato suplementario de 18 meses y del acuerdo para la operación y mantenimiento de la red eléctrica, que tiene una vigencia de 15 años. La medida, refrendada la sesión pasada por representantes del Partido Popular Democrático, del Partido Independentista Puertorriqueño, del Movimiento Victoria Ciudadana y del Proyecto Dignidad, espera por aprobación en el Senado.
En entrevista con Cuarto Poder (WAPA-TV), el representante Torres Cruz explicó que ambas medidas serán enmendadas, pero que existe un acuerdo para que cada cuerpo concurra con los cambios.
“Tenemos los votos para la aprobación de ambas piezas”, apuntó el legislador independiente.
El plan es aprobar ambas medidas antes de que acabe el mes.
Pero el veterano legislador reconoció que, al momento, no están los votos para ir por encima de un anticipable veto del gobernador, quien ha sido un férreo defensor de LUMA y de la política pública de privatización de los servicios y recursos públicos.
En sesiones pasadas, la Legislatura aprobó medidas similares para aplazar o cancelar el contrato. El gobernador las vetó y la falta de apoyo de los legisladores del Partido Nuevo Progresista impidió la revocación del veto ejecutivo. La Cámara necesita 34 votos y el Senado 18 votos para pasarle por encima a un veto.
A pesar de esa experiencia previa, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, está convencido de que el viento cambió de dirección y que insistir en la permanencia de LUMA constituye un acto de suicidio político.
“Nosotros vamos a estar comunicando cuáles van a ser los próximos pasos en cuanto a Legislación. Cómo se van a aprobar estas medidas y que se va a incluir para entonces ir a los tribunales si es necesario y evitar que LUMA continúe en Puerto Rico y evitar que venga otro proveedor con el mismo esquema”, indicó ayer en entrevista radial.
“¿Podrá tener posibilidades electorales el gobernador continuando con un contrato leonino que le hace daño a todos los puertorriqueños?”, añadió.
El fin del contrato suplementario de LUMA ocurre en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nombró a la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, a cargo de un equipo de trabajo que tiene la encomienda de acelerar el proceso de reconstrucción y de modernización de la red eléctrica, abatida tras el paso de María en el 2017.
Pese a que el gobierno federal asignó $12,000 millones para reparar la red eléctrica tras María, los trabajos han transcurrido con extrema lentitud quedando al relieve la vulnerabilidad del sistema eléctrico tras el paso de Fiona, que provocó daños mayores en el sur y oeste del país.
