Manos afuera del Gobernador en controversia de Rodríguez Aguiló y jefa de Servicios Generales

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia no intervino en la controversia entre la jefa de la Administración de Servicios Generales, Karla Mercado Rivera, y el representante penepé Gabriel Rodríguez Aguiló, por una supuesta intervención indebida para impulsar la contratación de una compañía de asfalto.

Pierluisi Urrutia afirmó hoy, a preguntas de la prensa, que la funcionaria “siempre” goza de su confianza, pero evitó asumir una postura.

“No me voy a adelantar a los eventos. La política pública mía es que aquí la ley hay que cumplirla. Si la administradora de Servicios Generales ve cualquier irregularidad, las directrices que tiene es que refiera a las autoridades cualquier situación irregular que detecte y yo, por lo que entiendo, eso es lo que ha hecho en el pasado y lo haría en el futuro”, respondió el mandatario.

“Este incidente en particular, yo no tengo los detalles y sé que el representante se está expresando al respecto y me parece que hay que escucharlo también”, agregó.

En medio de críticas de legisladores que señalan que en la Administración de Servicios Generales hay un embudo de subastas que atrasa el proceso de reconstrucción del archipiélago, esta mañana Mercado Rivera aseguró que una persona de que su equipo de confianza recibió una llamada de un empleado legislativo promoviendo la contratación de una compañía, que no identificó, pero dijo que no tiene contratos con la AGS en este momento.

“Las garantías están. Lo que sí puede levantar molestia es que pues ya nosotros no aceptamos llamadas para que contratemos ciertas compañías o le demos un espacio a ciertas compañías como las hemos recibido en todo este proceso de tratar de hacer las cosas transparentes”, afirmó Mercado Rivera en entrevista en “Temprano en la mañana” con Rubén Sánchez (WKAQ).

“Personal de la oficina del representante Rodríguez Aguiló llamó a personal de mi staff de confianza procurando la contratación de una compañía en particular. Ciertamente ese acto de por sí no es un acto ilícito pero en procesos competitivos le resta a la transparencia”, añadió.

Inicialmente, Mercado Rivera no ofreció el nombre del empleado que alegó llamó a su oficina. Pero luego de que Rodríguez Aguiló negó las alegaciones y tildó la denuncia como un acto para manchar su nombre, la funcionaria identificó al empleado como Manuel Matos e indicó que contaba con una declaración jurada de su empleado para sostener la imputación.

También aclaró, a este medio a través de su portavoz de prensa, que la asfaltera en cuestión no era J.R. Asphalt, la compañía involucrada en un esquema de sobornos ilegales, que ha desembocado en la presentación de cargos a nivel federal en contra de varios alcaldes y funcionarios municipales. 

Al responder a los señalamientos, Rodríguez Aguiló indicó que luego de escuchar “la acusación” de Mercado Rivera se comunicó con sus empleados y que “nadie de mi oficina me corroboró que haya hecho una llamada a favor de un contratista de asfalto, ni una llamada a favor de un contratista en esa oficina”.

Apuntó que la funcionara debió, primero, confirmar la veracidad de la persona que realizó la supuesta llamada y luego comunicarse directamente con él en vez de optar por la denuncia por la denuncia pública.

“Yo no la he llamado a ella, ni a ningún empleado de esa oficina, ni de ninguna entidad gubernamental a favor de un contratista y mucho menos de asfalto”,  apuntaló Rodríguez Aguiló en entrevista radial.

Además, planteó que las expresiones de la funcionaria buscaban propinarle un “golpe político” por las críticas que ha hecho a la ASG y porque presentó legislación para agilizar el funcionamiento de la agencia.

Luego que Mercado Rivera identificó el nombre del empleado, Rodríguez Aguiló anunció en rueda de prensa que como medida cautelar no renovaría su contrato, que vence el 30 de junio, pese a que el empleado negó haber realizado la gestión.

También solicitó al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez que ordene una investigación que abarque a todos sus empleados.

Ante la controversia, el representante y portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Ángel Matos, anunció la celebración de vistas públicas este miércoles.

“Esta vista será realizada por la Comisión de Hacienda y he encomendado al compañero Jesús Santa que, de inmediato, se garantice la deposición de la testigo y que se le extiendan todas las garantías que el reglamento de la Cámara confiere”, indicó en declaraciones escritas.

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