A un mes de tomar un adiestramiento de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), el entonces alcalde interino de Hatillo, Carlos Román, grabó un anuncio para promover su candidatura en la casa alcaldía con empleados del ayuntamiento durante horas laborables.
Por violar tres incisos del Artículo 4.2 de la ley orgánica de la agencia, el actual alcalde pagará un multa de $6,000 y realizará otros pagos mensuales, informó hoy el director ejecutivo de la OEG, Luis Pérez Vargas.
Román ganó la elección especial celebrada el 1 de mayo tras la renuncia de José “Chely” Rodríguez Cruz. Ocupó el cargo de alcalde interino del 10 de mayo de 2021 al 12 de mayo de 2022, aunque trabaja en el ayuntamiento desde el 1991.
Según la resolución del 8 de junio, Román “reconoció la falta” y renunció a la vista administrativa. Por tanto, aceptó un acuerdo de transacción plasmado en la resolución que cuenta con su firma y la firma de su abogado, el exalcalde de Ceiba y excomisionado electoral de la Pava, Gerardo Cruz Maldonado.
El anuncio en cuestión se grabó el 27 de abril y luego se circuló en la redes sociales del entonces candidato a la alcaldía.
“En la referida fecha, el querellado utilizó sus funciones, las facilidades de la oficina del Alcalde y e salón de conferencias de la Casa Alcaldía para grabar un vídeo de promoción a su candidatura política”, reza la querella del 31 de mayo.
Al realizar este anuncio, Román violó las incisos de la Ley de Ética que le impiden beneficiarse del cargo, promover intereses políticos mientras ejerce una función oficial y atentar contra la integridad de la función gubernamental.
Luego del pago inicial, que suma $2,000 por cada una de las tres violaciones éticas, realizará pagos mensuales durante 24 meses por el monto de $170 del 15 de julio de 2022 al 15 de junio de 2024. El pago final será por la cantidad de $90.
Los abogados de la OEG también presentaron una querella en contra de José Padilla Romero, director de Relaciones Públicas y Prensa del ayuntamiento, por coordinar y participar de la grabación de un vídeo.
Según la querella, Padilla Romero usó su posición para pedirle a empleados municipales que participaran en la grabación. Esta querella todavía está pendiente de adjudicación.
