La Junta de Control Fiscal (JCF) aprobó hoy la extensión del contrato suplementario de LUMA Energy. Ahora falta la votación de la Junta Directores de la Autoridad para las Alianzas Publico-Privadas (AAPP).
“Una revisión objetiva del rendimiento de LUMA durante sus primeros 18 meses apoya la conclusión de que la extensión del Acuerdo Suplementario es consistente con el Plan Fiscal de la AEE y proporciona a los residentes y empresas de Puerto Rico la mejor oportunidad de obtener un sistema energético fiable, moderno y asequible”, indicó el ente rector impuesto por el Congreso de Estados Unidos al gobierno de Puerto Rico.
También justifica las fallas del operador privado alegando que “no se puede esperar razonablemente que estas deficiencias fundamentales se corrijan por completo en solo 18 meses de funcionamiento”.
La comunicación oficial de la JCF no especifica el término de la extensión, pero el consorcio canadiense quería quedarse a cargo de la red eléctrica bajo las condiciones de un contrato que paga más y le impone menos responsabilidades.
Así lo reconoció esta mañana el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, quien apuntó que el consorcio privado procura una extensión al contrato suplementario, que le paga una tarifa fija de $115 millones al año.
El contrato suplementario se otorgó mientras la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) está en proceso de quiebra, pero se supone que una vez se reestructure la deuda entre en vigor un contrato a 15 años con una paga de $105 millones anuales. Sin embargo, LUMA Energy ha preferido que se extienda el contrato suplementario ya que asegura una paga anual mayor mientras se define en el Tribunal federal el proceso de quiebra de la corporación pública.
A un día para que expire de forma automática el contrato suplementario, el mandatario también reveló que operador privado ya no está en probatoria a pesar de que no acogido ninguna de las exigencias del ejecutivo, ni de los alcaldes y alcaldesas, para que aumente su plantilla de empleados y atienda con mayor premura los apagones que se han convertido en un problema rutinario.
Hoy, la Junta de Directores de la AAPP se reunirá para discutir el futuro de la polémica contratación, que el primer ejecutivo ha defendido con vehemencia luego de expresar públicamente su enfado con el consorcio privado y reclamar un cambio en la gerencia y medidas específicas para mejorar el servicio que el consorcio canadiense ofrece al archipiélago.
La propuesta que impulsa el director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés Gómez, contempla una extensión indefinida del contrato suplementario, que expira mañana 30 de noviembre, e impulsa una teoría legal que establece que los votos de los representantes del interés público no son necesarios para refrendar dicha extensión porque no se trata de un contrato nuevo.
Aunque Pierluisi Urrutia nombró a los representantes del interés público, esas designaciones surgieron de una terna de candidatos sometida por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, y el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez. La postura de Fontanés Gómez y del ejecutivo provocó una reunión a última hora ayer y el aplazamiento de la votación para esta tarde.
La Junta de la AAPP está compuesta por cinco integrantes: Omar Marrero Díaz, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal; Francisco Parés Alicea, secretario de Hacienda; Julio Lassús Ruiz, presidente de la Junta de Planificación, y dos personas en representación del interés público Eduardo Ferrer Ríos y Liza Ortiz Camacho.
La licenciada Ortiz Camacho representa al presidente cameral y el licenciado Ferrer Ríos representa al presidente del Senado.
“La opción es que se extienda (el contrato suplementario) hasta que termine el proceso de la quiebra. Otra opción es que se le ponga una fecha específica a la extensión. Esa son dos opciones y como he dicho una opción que hasta el momento LUMA no ha abrazado es que más bien que comience el periodo de efectividad del contrato a 15 años que tiene unos términos diferentes, una paga menor para LUMA y un proceso de bonificaciones y penalidades establecidos en el propio contrato a base de las métricas”, indicó Pierluisi Urrutia en Coamo tras inaugurar un proyecto de vivienda social en el ayuntamiento.
“Lo único que está sobre la mesa es la posible extensión”, añadió.
La legislatura aprobó legislación para cancelar el contrato de LUMA, pero Pierluisi Urrutia vetó ese proyecto. Tiene otra medida solicitando la cancelación del contrato sobre su escritorio. Públicamente Dalmau Santiago y Hernández Montañez se han expresado en contra del contrato, pero también han mostrado inclinación a favorecer una extensión corta de acuerdo en lo que se toma una decisión final sobre el sistema energético de Puerto Rico.
Ante las críticas por la falta de fiscalización de LUMA, admitida por la propia AAPP que no cuenta con personal para realizar esa tarea, hoy el gobernador rescató la figura del Negociado de Energía, como un ente regulador con jurisdicción sobre el operador privado.
“Algo que se ha obviado de la discusión pública es que el Negociado de Energía tiene jurisdicción para supervisar a LUMA y para imponer penalidades y multas, para multar si hay algún tipo de incumplimiento sustancial con las métricas que el propio Negociado establezca. El Negociado está en el proceso de ya publicar unas métricas, que no es que sean finales, siempre pueden ser revisadas, pero unas métricas que serían vinculantes así que el Negociado tiene un rol aquí importante”, indicó Pierluisi Urrutia.
LUMA asumió la operación del sistema de transmisión y distribución el 1 de junio de 2021, pero un año y medio más tarde, todavía no existen criterios para evaluar su desempeño. También pasó un año aprendiendo a manejar la red eléctrica.
Después de recalcar hace unos meses que LUMA estaba en probatoria por su pobre desempeño, hoy el gobernador soltó que el operador privado ya había superado esa condición ante su temor a que el operador rescinda el contrato.
¿LUMA sigue bajo probatoria?, preguntó la prensa.
“Lo que continúa es la fiscalización de todos porque como he dicho y reitero todos queremos que mejore el desempeño de LUMA. Todos queremos baje el número y la duración de las interrupciones en el servicio eléctrico y todos queremos que se acelere la reconstrucción de la red y las mejoras en las plantas generatrices que tenemos. En eso todos estamos unidos y hay unos reclamos que se le han hecho a LUMA que están pendientes de cumplirse. Yo he hecho algunos y otros se han unido a estos reclamos, reclamos como que priorice el manejo de la vegetación en la líneas principales de transmisión, reclamos como que aumente el personal que tiene en el campo porque una queja generalizada de muchos alcaldes y alcaldesas es que las brigadas no dan abasto y un cambio en la gerencia”, respondió.
¿Lo puso como ficha de canje en esta negociación?, insistió la prensa.
“Lo que he dicho y reitero lo que no quiero que suceda y estoy haciendo todo lo posible para que no suceda es que se cancele el contrato y que LUMA caiga en un periodo de transición a la salida. Yo te diría que eso es lo más importante que pesa en mí ahora mismo porque ese escenario es terrible para Puerto Rico”, contestó el mandatario.
El 1 de junio de 2021 inició el contrato suplementario que estableció un término de 18 meses para que la corporación pública atendiera la restructuración de su deuda y entrara en vigor el acuerdo o contrato a 15 años. Desde el inicio, el acuerdo pactado entre las partes ha recibido críticas porque no exige al operador privado invertir ni un solo centavo de su propio capital. También establece tarifas fijas y contempla reembolsos de gastos de entretenimiento para los directivos de LUMA.
Recientemente, la organización CAMBIO advirtió que lejos de ahorros, el contrato de LUMA supone un aumento en gastos para el gobierno por la abultada lista de consultores y asesores legales que tiene el consorcio canadiense para compensar por la falta de peritaje para administrar la red eléctrica. Según el análisis de CAMBIO, el consorcio privado gastó $100 millones en asesoría, que se sumó a los $117 millones que recibió por hacerse cargo del sistema de distribución y transmisión.
En octubre pasado, una Comisión cameral concluyó que el contrato de la privatizadora es “leonino e ilegal”, pero el Departamento de Justicia evaluó el contrato y le dio su visto bueno.
