Denuncian que LUMA Energy facturó de más a sus clientes

El representante popular Ramón Luis Cruz Burgos denunció hoy que LUMA Energy sobrefacturó a sus 1.46 millones de clientes al pedir aumentos por ajuste de combustible mayores al alza en el costo del petróleo.

También convocó a la ciudadanía a mantener la presión sobre el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia para lograr la cancelación del polémico acuerdo que delegó al operador privado la administración de la red eléctrica. Ese contrato suplementario entró en vigor el 1 de junio de 2021.

“Nos sentamos a comparar los aumentos que ha establecido LUMA con los aumentos que ha tenido el petróleo durante junio 2021 hasta el presente. Es bien interesante saber que hay una disparidad de 17% entre la relación del aumento del petróleo y del aumento del kilovatio hora”, apuntó en rueda de prensa desde el Capitolio.

“A pesar de que decían que había que aumentar la tarifa de energía eléctrica, el kilovatio hora, para costear el aumento constante del petróleo, lo aumentaron 17% más: la tarifa y el kilovatio hora de lo que aumentó el petróleo. ¿Saben cuánto significa eso en costo y dinero? Son $600 millones en un año y tres meses que le han facturado por encima en comparativa con el aumento del petróleo a los puertorriqueños”, añadió.

Desde que LUMA asumió la administración del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica, la factura de la luz ha aumentado en siete ocasiones por el ajuste en la cláusula de compra de combustible y energía.

“El crédito ese que está llegando de uno y pico se supone que fuera de $50 mensuales porque facturaron 17% por encima el kilovatio hora en comparativa al aumento que tuvo el petróleo, que fue la justificación que usaron para aumentar el kilovatio hora”, aseguró Cruz Burgos.

El paso de Fiona, la tormenta tropical que se convirtió en huracán categoría mientras pasaba al sur de Puerto Rico, causó un apagón, que todavía mantiene a algunas comunidades sin servicio eléctrico. Por ley, el operador privado otorgó un crédito por el periodo sin servicio. Pero han surgido críticas porque se trata de un ajuste menor, que no compensa el mal rato y las pérdidas por el periodo sin servicio eléctrico.

A tres semanas y media para que venza el contrato suplementario de LUMA, el representante del Partido Popular Democrático enumeró las cláusulas en el contrato, que lejos de garantizar un mejor servicio para el país, insistió promueven la ineficiencia, el mal servicio y el lucro desmedido de la compañía privatizadora.

“El gobierno privatizó la transmisión y distribución de energía, con la justificación de un servicio más eficiente y económico que el ofrecido por la Autoridad de Energía Eléctrica. Sin embargo, cuando vemos en detalle algunas de las cláusulas del contrato, nos percatamos que el contrato está diseñado a la medida del privatizador”, sentenció Cruz Burgos.

Poco después de la firma del contrato, el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero evaluó el acuerdo y concluyó que la privatización de la red provocaría aumentos en la tarifas. Destacó también que el operador privado no tendría que invertir ni un solo centavo de su capital en la operación de la red eléctrica y que hubo una “aprobación sesgada” de contrato.

De cara al 30 de noviembre, fecha en que acaba el contrato suplementario a menos que el gobierno extienda su vigencia, la Cámara de Representantes y el Senado cocinan una estrategia para aprobar legislación que garantice la cancelación del contrato.

Ya Pierluisi Urrutia y la Junta de Control Fiscal han expresado su respaldo a LUMA Energy e indicado que la cancelación del contrato provocaría un atraso en el proceso de reconstrucción de la red eléctrica, que arrancó bajo la Autoridad de Energía Eléctrica.

Tras enumerar los múltiples defectos de la contratación, Cruz Burgos emplazó al primer ejecutivo a cancelar el polémico contrato y exhortó a la ciudadanía a “utilizar la mejor herramienta que es la expresión y la presión”.

Wanda Vázquez solicita modificación de sus condiciones de libertad bajo fianza

Vía Facebook

La exgobernadora Wanda Vázquez Garced presentó una petición al tribunal federal para que se le conceda el poder viajar de noche dentro de Puerto Rico sin la necesidad de autorización previa de la oficina de fiscalía federal.

De ser concedida la petición, Vázquez Garced, quien se encuentra en libertad bajo fianza, necesitaría autorización de fiscalía para viajar fuera de la jurisdicción de Puerto Rico.

“Guillito” dio contrato en MEDI bajo el que se sobrepagó por hacer nada

El alcalde suspendido de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez, emitió un contrato a una empresa formada por dos consultores municipales para pagarles una “comisión” por una inversión de $9 millones que resultó en pagos por hacer nada y hasta por encima de lo que estipulaba el contrato.

El documento fue parte de la evidencia que presentó ayer la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en el juicio contra el exconsultor legal del municipio de Mayagüez, y exjuez superior, Arnaldo Jerónimo Irizarry Irizarry, y del exdirector ejecutivo de Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI), Alejandro José Riera Fernández.

El caso involucraba a siete personas, pero cinco aceptaron culpa.


Noticel

Gobierno asegura rechazará recortes a los pensionados de la AEE

El gobierno no avalará un Plan de Ajuste en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)  si este modifica las pensiones de los jubilados de esa corporación pública.Además, el secretario de Estado, Omar Marrero  dijo que el plan de reestructuración que se presente el próximo 1 de diciembre no puede ser una carga a la economía de Puerto Rico ni para los abonados de la corporación pública.

El Nuevo Día

Secretario de Justicia refiere a Integridad Pública alegaciones de fiscal contra Olga Castellón y Wanda Vázquez

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, refirió a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor las alegaciones de la fiscal Betzaida Quiñones Rodríguez en torno a que recibió instrucciones de paralizar la investigación de la muerte de Kevin Fret Rodríguez por parte de la exjefa de fiscales, Olga Castellón, bajo la administración de la exsecretaria Wanda Vázquez Garced.

“Luego de examinar los informes y documentos relacionados con el caso, referí este asunto a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor para que evalúe si hubo comisión de alguna actuación ilegal.  Son alegaciones serias que deben examinarse con mayor detalle de acuerdo con las leyes y reglamentos. Es importante aclarar que por sí solo la paralización de una investigación no constituye un acto ilegal, pero tiene que existir una justificación conforme a la ley y a las facultades del cargo”, informó Emanuelli Hernández.

“Bajo mi administración, en el Departamento de Justicia todo se atiende conforme a la ley y sin distinción de personas. La autoridad de investigar y procesar a cualquier ciudadano debe ejercerse con diligencia, cautela y rigor; sin presiones de ningún tipo, ni políticas ni de nadie en los medios de comunicación. Estamos consciente de la responsabilidad tan grande que tenemos, y realizamos las evaluaciones conforme al derecho, la evidencia y la conciencia. La confianza del pueblo es esencial para el procesamiento de delitos de manera efectiva. No vamos a permitir que nada ni nadie ponga en riesgo la integridad del Departamento de Justicia y sus funcionarios. Quien actúe de manera ilegal será investigado y procesado”, añadió.

El secretario reiteró que la investigación sobre la muerte de Kevin Fret Rodríguez continúa su curso y “nos aseguraremos de que se atienda debidamente para hacerle justicia a la víctima y a sus familiares, igualmente que se trabaje con la confidencialidad que requieren los procesos investigativos para que posteriormente pueda probarse más allá de duda razonable en un tribunal”.

Ex ayudante del alcalde de Trujillo Alto llega acuerdo para declararse culpable

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El ex ayudante ejecutivo del alcalde de Trujillo Alto, Radamés Benítez Cardona, solicitó hoy declararse culpable ante el Tribunal Federal a cambio de una sentencia más baja.

El cambio de alegación rebajaría la sentencia de 46 a 30 meses.

Se alega que Benítez Cardona, cobraba un soborno mensual de $17,250 conectado con la otorgación de un contrato a la empresa Waste Colleection Corp en Trujillo Alto.

Benítez Cardona fue arrestado el mismo día que el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez el pasado 9 de diciembre de 2021.