Solo el 39% de las escuelas públicas en la isla que fueron cerradas hace cinco años han sido adjudicadas o concedidas para otros usos y, de las que están en desuso, hay algunas que están siendo empleadas para actividades indebidas.
Fuente: El Nuevo Día
La Policía encontró 19 caimanes de diferentes tamaños, rifles, drogas, municiones, cargadores y dos chalecos antibalas fueron ocupados ayer en dos residencias abandonadas en el barrio Cerro Gandía de Manatí.
El hallazgo se hizo cuando ejecutaban un operativo de búsqueda para dar con el paradero del Josbriel Rivera, joven de 28 años quien se encuentra desaparecido desde el pasado 20 de agosto, cuando fue visto por última vez en una gasolinera en Vega Baja.
Fuente: El Nuevo Día
La encuesta que recibió la exgobenadora Wanda Vázquez la declaraba ganadora y 36 días después de verla, la ex primera ejecutiva accedió a botar al entonces comisionado de instituciones financieras para designar a uno escogido por el hoy coacusado federal, el banquero Julio Herrera Velutini.
Fuente: El Nuevo Día
El excandidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina Pérez, notificó al tribunal que está en conversaciones para llegar a un acuerdo y establecer un plan de pago que le permita ponerse al día con el préstamo con el Banco de Desarrollo Económico (BDE) de $385,000 que le extendieron en 2019 y que el agricultor no paga desde hace más de un año.
Fuente: Noticel
Según datos proporcionados por la secretaria auxiliar de Salud Familiar del Departamento de Salud, Marilú Cintrón, se realizaron una totalidad de 4,225 abortos entre los cuatros centros de terminaciones que existen en el país. Ninguno de ellos después de las 21 semanas de gestación.
Fuente: Noticel
Su gran amigo Joseph “Joey” Fuentes Fernández nunca le dijo que estaba alambrado a petición de las autoridades federales, ni que tenía la encomienda de grabarlo, aseguró hoy el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.
“No, como también he dicho en repetidas ocasiones yo no tengo conocimiento de los pormenores de esa investigación”, afirmó el primer ejecutivo al culminar una rueda de prensa en La Fortaleza para anunciar cambios al plan de salud del gobierno.
Un día después de que el abogado de Joey se retractara de achacarle a Pierluisi Urrutia gestionar con su cliente la creación del comité de acción política Salvemos a Puerto Rico, el primer ejecutivo volvió a distanciarse de la pesquisa federal, que desembocó en la convicción de su amigo.
“Jamás hablé o he hablado con el señor Fuentes sobre esa investigación y no tengo nada que ver con los hechos que redundaron en su convicción y lo he dicho repetidamente y lo seguiré diciendo cuantas veces me sigan preguntando al respecto”, soltó el mandatario.
El viernes pasado, el juez federal Joseph Laplante condenó a Fuentes Fernández a 14 meses de prisión por mentir en sus informes a la Comisión Federal de Elecciones (FEC, en inglés) para encubrir los nombres de los verdaderos donantes de Salvemos a Puerto Rico, que durante las elecciones del 2020 realizó campaña en contra de los contrincantes políticos de Pierluisi Urrutia.
En su alocución previo a la sentencia, el contador público autorizado reveló que lo reclutaron para establecer dicho Súper Pac y que le pidieron mantener a los donantes anónimos. No ofreció el nombre de la persona que le hizo la petición.
Pero posteriormente el licenciado Joaquín Monserrate Matienzo señaló a Cuarto Poder (WAPA-TV) que el encargo lo había hecho Pierluisi Urrutia. También apuntó que Fuentes Fernández “se sacrificó” para no implicar a otras personas en la pesquisa y que no quiso grabar a Pierluisi Urrutia para no traicionar la estrecha amistad, que desarrollaron desde que eran jóvenes universitarios.
Ayer, sin embargo, Monserrate Matienzo aseguró que su cliente nunca le dijo que su amigo le pedido crear el comité de acción política.
“Yo admito que fue un error, fue un malentendido cuando dije que Joey había dicho que quien pidió hacer el Pac fue el gobernador. Eso no es correcto”, indicó el licenciado Monserrate Matienzo.
En mayo pasado, Fuentes Fernández se declaró culpable de participar en un esquema de fraude relacionado al financiamiento de una campaña a favor de Pierluisi Urrutia. Alcanzó un acuerdo de colaboración, que incluyó realizar grabaciones encubiertas bajo la supervisión del Negociado Federal de Investigaciones.
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, junto al secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, y la directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Edna Marín, anunció que los 1.2 millones de beneficiarios y los miles de proveedores de servicios de salud del Plan Vital gozarán de más beneficios bajo los nuevos cambios en la contratación de las aseguradoras seleccionadas.
Según indicó el gobernador Pierluisi, la cubierta que entrará en vigor el 1 de enero de 2023, bajo nuevas pautas y medidas de cumplimiento, proveerá mejor compensación a los médicos y proveedores de la salud, pero sobre todo ofrecerá más servicios a los pacientes, en especial a los más vulnerables. Las aseguradoras seleccionadas en la nueva contratación son; MMM Multihealth, First Medical, Plan de Salud Menonita y Triple S.
“Hemos redefinido este modelo enfocado en la retención de médicos en Puerto Rico y en aras de garantizar la salud del pueblo. Agradezco al equipo de trabajo por su desempeño y su compromiso a mi llamado de completar el proceso de adjudicación de manera ágil y eficiente. La salud de nuestro pueblo es un componente prioritario para mi administración y por eso atender estos cambios en el Plan Vital forma parte de mi programa de gobierno”, sostuvo Pierluisi Urrutia.
Entre los cambios principales en el modelo se destaca un aumento en las tarifas a médicos especialistas y profesionales en la salud de un 70% a un 80% del “Medicare Fee Schedule”. Mientras que se estará aumentando a un 100% la tarifa de Medicare a las siguientes subespecialidades: neonatólogos, neurólogos, psiquiatras, cirujanos ortopédicos, reumatólogos, otorrinolaringólogo, cirujanos cardiovasculares, entre otros.
A los más de 70 hospitales de Puerto Rico también se le estará aplicando un aumento adicional de un 5%. Este aumento representa unos $102 millones aproximadamente entre el aumento del 5% retroactivo a octubre 2021 más 5% adicional a enero de 2023. De paso, se simplifican los métodos de facturación, reduciendo de 72 formas de pago a 11.
“El aumento de prima total para el 2023 será de aproximadamente un 5% con el objetivo de atender estos aumentos. Este incremento en la compensación es parte del compromiso programático que venimos trabajando con la clase médica, proveedores y profesionales de la salud, desde el día uno de esta administración. Estas medidas, sin duda alguna, nos permitirán retener a nuestros profesionales de servicios médicos y ser más atractivos para atraer a aquellos que están fuera de Puerto Rico, lo que redundará en mejores beneficios para los participantes del Plan Vital”, aseguró el titular de Salud.
Otros cambios significativos en la cubierta incluyen el glucómetro pediátrico para las edades de 0 a 18 años, la vacunación mandatoria para adultos mayores de 19 años de edad y la eliminación de las redes cerradas de las aseguradoras. El cambio también provee que aquellos médicos que están contratados por grupos médicos o IPAs como “staff” reciban el ajuste proporcional por la prestación de servicios a beneficiarios del Plan Vital. Ahora estas redes para los médicos serán abiertas bajo el concepto conocido como ‘any willing providers’. El nuevo modelo mantiene el aumento que se prorrogó a los médicos primarios.
Se mantiene el aumento que se prorrogó a los médicos primarios, es decir pediatras, generalistas, internistas y médicos de familia, el cual proyecta un pago mínimo de $18 PMPM al médico primario. Esto es un aumento histórico en su tarifa. “Este aumento histórico en tarifa permite que, a los médicos que también están contratados bajo un ‘staff model’, se les ajuste su compensación por la prestación de servicios a los beneficiarios del plan vital. Reconocemos que Puerto Rico tiene un modelo de Cuidado Coordinado y que nuestros médicos primarios son el pilar de la prestación de servicios, pero ante el éxodo de profesionales de la salud confiamos que las aseguradoras podrán manejar los servicios que nuestra población necesita con los recursos asignados”, dijo Marín, quien se ha destacado por más de 20 años en el campo de salud en el área de cumplimiento.
A su vez, se informó, que la población virtual compuesta por aproximadamente, 2,800 niños y niñas bajo la custodia del Departamento de la Familia estará a cargo de la aseguradora MMM.
“La salud es un derecho humano y continuaremos trabajando en iniciativas que protejan la vida de todos los que vivimos en esta Isla. Por eso, para beneficio de los participantes hemos desarrollado una aplicación para su teléfono móvil que le permitirá tramitar su acceso al plan desde la palma de su mano y contar con una tarjeta virtual”, añadió la funcionaria.
El gobernador añadió que, “estamos haciendo cambios en el modelo administrativo para fortalecer la fiscalización del programa y asegurar que los aumentos llegan a los proveedores ayudando a retenerlos en Puerto Rico, y que resultan en mejor acceso y calidad en los servicios de salud. Por ejemplo, los contratos modelo con los Grupos Médicos Primarios deben ser aprobados por ASES para asegurar la viabilidad financiera de los proveedores del Programa. Asimismo, se fiscalizará que las aseguradoras, como Organizaciones de Cuido Coordinado, estén pagando a los proveedores todas las sumas relacionadas a los incentivos de calidad”.
Los funcionarios públicos explicaron que se está estableciendo un proceso de acreditación uniforme que logrará facilitar la admisión de proveedores a las redes de las aseguradoras del Plan Vital, eliminando barreras y largos períodos de espera al utilizar una Organización de Verificación de Acreditación que será la responsable de acreditar y reacreditar los proveedores bajo el programa estatal de Medicaid. Más aún, se le está prohibiendo a las aseguradoras que utilicen sus clínicas afiliadas en el Plan Vital para excluir de su red a otros proveedores disponibles.
Por vía de excepción, se permitirá este tipo de contratación solo cuando sea para cumplir con los estándares de adecuación de la red. En otras palabras, las aseguradoras tendrán que justificar la necesidad de contratar a sus clínicas afiliadas y así evitar que se brinde trato preferencial a centros de salud con los que tienen relación financiera, excluyendo a otros proveedores.
El proceso para la selección de las nuevas aseguradoras comenzó el 20 de mayo con la publicación de un aviso público (RFP) en los periódicos de circulación general. Inicialmente, nueve entidades mostraron interés, pero solo cinco formalizaron sus propuestas. El pasado viernes, 26 de agosto de 2022 fue presentado el informe final para la consideración de la Junta de Directores de ASES. Tres días más tarde se informó la adjudicación y se realizaron las debidas notificaciones a las aseguradoras participantes.
“Como ven, hemos tomado medidas puntuales para atender retos que están teniendo nuestros proveedores de salud, con miras a garantizar un sistema de salud más fuerte y viable en Puerto Rico. Nuestro pueblo puede estar seguro de que continuaremos trabajando para dar los pasos que sean necesarios a favor de la salud en nuestra Isla”, puntualizó el gobernador.
ASES tiene 75 empleados en su plantilla. Además, cuenta con 296,424 beneficiarios bajo la cubierta de Medicare Platino. Entre sus responsabilidades de destaca el implantar, administrar y negociar, mediante contratos con aseguradores, y/u organizaciones de Servicios de Salud, un sistema de seguros de salud que les brinde a todos los residentes elegibles de la Isla acceso a cuidados médico-hospitalarios de calidad, independientemente de la condición económica y capacidad de pago de quien los requiera. También tiene el deber de fiscalizar y evaluar los servicios que ofrecen las compañías aseguradoras contratadas.
Una querella presentada por una exempleada legislativa contra el legislador Orlando Aponte Rosario, actual Representante por el Distrito 26, no será atendida por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), al no cumplir con los parámetros establecidos en la Ley Núm. 2-1988, ya que no cubre actuaciones de candidatos políticos.
El Departamento de Justicia, que recibió en primera instancia la querella presentada por la señora Zuleika Zayas González, no realizó Ia investigación preliminar de rigor, por entender que no cumplía con los requisitos establecidos en la 1ey para ello.
Todo gira en una situación ocurrida en agosto de 2020, cuando el ahora legislador era candidato a la posición que ocupaba el representante Urayoán Hernández Alvarado. Siendo candidato, no está cobijado por la Ley del PFEI. Aponte Rosario presentó para ese entonces una querella, alegando que existía un patrón de aumentos a ayudantes del legislador con circunstancias similares a las que terminaron en los arrestos de los legisladores Nelson Del Valle y María Milagros Charbonier.
Así, Aponte Rosario solicitó a Justicia que investigara si Hernández Alvarado recibía “kick backs” de parte de sus empleados, especialmente de la señora Zayas González. Esa querella fue investigada sin hallazgos que confirmaran la comisión de delito, por lo que el PFEI ordenó su archivo.
Culminado ese proceso, en junio pasado, Ia exempleada legislativa recurrió con una querella ante Justicia, alegando que en el transcurso de Ia investigación realizada, el ahora legislador Aponte Rosario, “reconoció que ni tenía conocimiento personal de lo alegado ni sus alegaciones constituían delito.”
La señora Zayas González entiende que la acción de presentar una querella por Aponte Rosario representó un desperdicio de recursos del Estado e indujeron a error a Justicia. Estas acciones a su juicio, pudieron haber violentado los Artículos 268 y 269 del Código Penal de Puerto Rico.
La Ley 2 enumera específicamente los cargos y puestos públicos que están sujetos a la intervención del Panel. No obstante, el estatuto no cobija a candidatos políticos o personas particulares aspirando a una posición electiva. Este fundamento impide cualquier acción del PPEI sobre la querella incoada, según estableció el Departamento de Justicia.
Por tanto, en la Resolución emitida, el Panel sobre el FEI establece que no tiene jurisdicción para entender en el caso.
Todas las mañanas, Jay Fonseca te pone al día con las noticias más importantes para Puerto Rico y el mundo.
Casi dos años después del huracán, en junio de 2019, el municipio contrató a Bou Maintenance Service Corp mediante una subasta informal, para la reconstrucción del techo de una estructura en cemento del parque La Esperanza. Para el trabajo se pagó $190,000 al hoy convicto José Bou Santiago y se dio a cambio de un reloj Rolex para el exalcalde Félix “Cano” Delgado.
La Unidad de Investigación de El Nuevo Día constató que las reparaciones fueron deficientes al nivel que el deterioro del edificio ha avanzado, debido a que las filtraciones nunca se resolvieron.