Luego de que su amigo Joseph Fuentes Fernández el contador público autorizado sentenciado a 14 meses de cárcel por corrupción, el gobernador Pedro Pierluisi aseguró ayer que no le pidió que creara el Súper PAC Salvemos a Puerto Rico desmintiendo así a Joaquín Monserrate Matienzo, abogado de Fuentes Fernández.
Fuente: Noticel
Al momento, el Departamento de Estado tiene 1,013 solicitudes de licencias profesionales pendientes de tramitar, una cifra que incluye peticiones de renovación.
Algunas de las profesiones u oficios con el mayor número de solicitudes pendientes son: Técnicos y Mecánicos Automotrices (223), Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado (194), Maestros y Oficiales Plomeros (143), Operadores de Aguas (133) Corredor de Bienes Raíces (79), Barberos y Estilistas (66) Arquitectos y Arquitectos Paisajistas (44) e Ingenieros y Agrimensores (43).
Ante la situación, que impide a cientos de personas trabajar, la agencia reclutará personal adicional para reducir el número de casos pendientes en un término de 30 días, aseguró esta tarde el secretario de Estado, Omar Marrero Díaz.
Actualmente ocho empleados de Estado tramitan las licencias. La agencia reclutó otros ocho.
Pero a mediano plazo Estado realizará cambios a su plataforma para que notifique cuando una persona radica una solicitud incompleta y se entrelace con las bases de datos de otras agencias, como la Policía y la Administración para el Sustento de Menores, cuyas certificaciones son requeridas como parte de este trámite. Más a largo plazo, procurará legislación para acabar con la “burocracia” que requiere a un profesional más de un licencia o permiso para practicar su oficio.
En entrevista con Jay Fonseca en el programa Los datos son los datos (WAPA-TV), Marrero Díaz reconoció la situación que el diario Primera Hora dio a conocer hoy.
“Mucho se debe a que las solicitudes están incompletas. La plataforma no dice que su solicitud está incompleta. Vamos a tener una nueva plataforma a final de año”, indicó.
En esas instancias, corresponde a un empleado o empleada llamar a la persona para que complete la presentación de documentos.
Detalló que Estado trabaja en coordinación con 23 Juntas Examinadores en labores administrativas, que en ocasiones contempla un examen de conocimiento general. También explicó que hay muchas profesiones tienen Juntas Examinadoras y Colegios Profesionales, lo que complican el proceso de certificación. Por esos atrasos, Estado no responde, aunque Marrero Díaz reconoció los retos para que se reúnan los miembros de las Juntas Examinadoras porque se trata de posiciones que no reciben salario sino que funcionan con pago de dieta y millaje.
“Compromiso es resolver esto en 30 días. Atender esto para septiembre y que la espera sea de 30 a 45 días para una licencia”, apuntó.
Mira la entrevista aquí: Profesionales reclaman lento proceso para sus licencias
El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, recomendó hoy a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para que investigue al alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry, por malversación de fondos públicos e incumplimiento del deber.
Tras una investigación de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) de la agencia junto al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), el titular de Justicia concluyó que existe causa suficiente para creer que el alcalde pudo haber cometido los delitos de malversación de fondos públicos e incumplimiento del deber, así como violaciones al Artículo 4.2(b) de la Ley Núm. 1-2012, conocida como la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental, al reclutar, otorgar contratos y mantener en puestos en el municipio a personas que han resultado convictas y sentenciadas por la comisión de delitos, entre estos, la exsenadora Maritere González López y el doctor Edgar Cancel Zapata.
La investigación preliminar de la DIPAC reveló que Cancel Zapata, al momento de ser nombrado para ocupar el puesto irregular de médico para el Departamento de Sistema de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (COVID-19), era convicto por fraude en violación al Título 18 U.S.C.A. sec. 1028 (1)(2) y ello surge claramente de una Resolución emitida por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica que obra en los documentos relacionados a su reclutamiento en el municipio.
Más aún, la DIPAC indicó que la investigación preliminar reveló que el señor Cancel Zapata se encontraba inhabilitado permanentemente para ser empleado en el municipio de Arecibo por su convicción de delito en el foro federal, entre otras cosas. Por ello, indicó que nunca debió ser reclutado ni nombrado por el alcalde Ramírez Irizarry al puesto que ocupó y por el cual devengó un pago o desembolso que resulta ser ilegal.
Con relación al nombramiento de la exsenadora González López en el puesto de Ayudante Especial del alcalde y por el cual devenga un salario sufragado con fondos públicos, la investigación de la DIPAC reveló que, una vez fue convicta por el delito de negligencia en el cumplimiento del deber y sentenciada a una pena a ser cumplida bajo el régimen de sentencia suspendida, el alcalde tenía el deber de iniciar un proceso de habilitación en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, según dispuesto en el Código Municipal, en el Reglamento de Habilitación para el Servicio Público y en la reglamentación del municipio de Arecibo.
A pesar de los hallazgos, la DIPAC concluyó que no es posible establecer el elemento de intención específica.
“En esta ocasión, aunque coincidimos con los hallazgos de la investigación, diferimos en cuanto a la interpretación del derecho realizada por la DIPAC. Al amparo de mis facultades como secretario, recomendé la designación de un FEI conforme a los hallazgos de la investigación, la norma legal vigente y el quantum de prueba exigido en esta etapa de los procedimientos en torno a si existe causa suficiente para creer que se ha cometido un delito grave”, confirmó el secretario de Justicia.
Debido a que la investigación continúa, ahora en la OPFEI, el secretario y los funcionarios del Departamento de Justicia no emitirán comentarios adicionales sobre este caso en particular.
Desde el año pasado, la DIPAC del Departamento de Justicia ha completado 38 investigaciones que se han referido a la OPFEI relacionadas con actuaciones ilícitas por parte de alcaldes, legisladores y otros funcionarios. Actualmente, la DIPAC trabaja en 22 investigaciones adicionales.
El gobernador Pedro Pierluisi aseguró que Luma Energy “está en probatoria” y que no existe conflicto ético de la secretaria de la Gobernación, Noelia García, al supervisar el contrato al tiempo que la hermana de la funcionaria trabaja con el consorcio a cargo de la operación del sistema de transmisión y distribución energética de la Isla.
Pierluisi dijo que la hermana de García es una empleada entre miles y que además designó al ingeniero Francisco Berríos como secretario auxiliar de Asuntos Energéticos para que ayude a supervisar el desempeño de Luma Energy.
“Lo importante es que no tengamos interrupciones (de servicio) mayores y si las tenemos que se restablezca el servicio rápidamente”, sostuvo el primer ejecutivo a preguntas de la Prensa luego de participar en la juramentación de 13 fiscales designados para atender los casos mediante el programa Drug Courts a través de los distritos judiciales en la Isla.
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La “reforma de servicio público” que trabaja la Junta de Supervisión Fiscal y el Gobierno promueve cuatro componentes: un sistema nuevo de evaluación de empleados, reclutamiento del recurso humano cuando sea necesario, reorganización y actualización de las estructuras del aparato gubernamental y la creación de nuevas escalas salariales.
Esta iniciativa comenzó el año pasado, y está a punto de culminar para la OGP y el Departamento de Hacienda, que fueron seleccionadas para desarrollar el proyecto piloto.
La Junta de Supervisión Fiscal rechazó el Proyecto del Senado 903, que pretende añadir recursos recurrentes al Fondo de Equiparación del que se benefician los municipios.
El Fondo de Equiparación, un pote de dinero distribuido entre todos los pueblos y que, según el plan fiscal certificado, debe desaparecer en 2024.
El presidente del Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico, Julio Bonilla, leyó uno de los tantos mensajes que recibe para sintetizar el sufrimiento que atraviesan aquellos que esperan por sus licencias para tener empleo, mejorar su salario o ejercer sin miedo a ser multados.
Esto como porque las Juntas Examinadoras están sin nombrar o sin todos sus miembros, falta de personal para procesar las solicitudes de licencias, hay imputaciones de corrupción y hasta años de atraso en el análisis de los documentos que llevaría a los trabajadores a contar con las certificaciones que les son requeridas por ley.
Como parte del Plan para repagar la deuda de la AEE, la q no pagamos desde 2016, hay gente cabildeando para que la Junta apruebe cualquier plan de ajuste y así tengamos que chuparnos a LUMA por 15 años sin renegociar el contrato. El asunto aquí es que si no se aprueba el plan de la deuda, podemos cambiar el contrato de LUMA para noviembre o antes… pero hay que activarse. Como hicieron estos boricuas que estuvieron dispuestos q lanzarse a protestar pq no es justo que habiendo billones y billones el servicio sea tan mediocre.