El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, exigió a las aseguradoras participantes del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico a realizar los pagos para saldar las deudas que tienen con médicos y proveedores bajo el plan de salud del Gobierno.
El Secretario también advirtió multas y la paralización de pagos a las aseguradoras del Plan Vital si no pagan los $185 millones que se destinan a los médicos como incentivo.
La empresa San Juan Cruise Port, subsidiaria de Global Ports Holding, fue contratada en una Alianza Público Privada a 30 años para la reparación, diseño, construcción, financiamiento, mantenimiento y operación de los terminales de cruceros de la Bahía de San Juan con una aportación de capital privado de sobre $400 millones.
El Nuevo Día
Agentes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, siglas en inglés) en conjunto con la Policía de Puerto Rico efectuaron ayer un allanamiento que tuvo como objetivo la armería Mudafort Xtreme Sports & Motorsports, en Santurce, que al final concluyó sin arrestos, aunque con la confiscación de armas y documentos sobre personas que poseen licencia de armas.
El Censo 2020 contó 174,000 personas de más lo que representa que la isla ha perdido más habitantes de lo que se pensaba. El anuncio de la Oficina del Censo federal supone un conteo en exceso de un 5.7% en la población y de esta manera, se reduce la población de Puerto Rico –al 1 de abril de 2020– de 3,285,874 a 3,111,874 habitantes.
El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) concedió al Departamento de Justicia una prórroga que se extenderá hasta el 31 de octubre para la investigación sobre sobre el alcalde de San Juan, Miguel Romero, y los representantes de distrito Juan Oscar Morales y Jorge “Georgie” Navarro y unos trabajos de asfalto que realizó la compañía J.R. Asphalt, presuntamente de manera gratuita, en varios distritos de la capital desde 2019.
La mayoría de los cerca de 248,000 estudiantes del sistema público de enseñanza regresan hoy a las escuelas, algunos por primera vez en dos años. Pero muchos volverán a planteles que se encuentran en medio de labores de reparaciones y pintura o cuyas áreas comunes reflejan el deterioro de la falta de mantenimiento.
El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, recomendó hoy a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para que investigue al expresidente de la Legislatura Municipal de Caguas, José R. Torres Torres, por el uso indebido de propiedad y servicios públicos para beneficio personal.
Justicia encaminó una pesquisa luego de que un reportaje de Cuarto Poder (WAPA-TV) revelara las presuntas irregularidades en la Legislatura Municipal.
Emanuelli Hernández realizó la correspondiente notificación a la OPFEI tras acoger un informe de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, que estuvo a cargo de la investigación junto al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE). La DIPAC concluyó que existe causa suficiente para creer que las actuaciones de Torres Torres constituyen infracción a los artículos 202 (fraude), 216 (archivo de datos o documentos falsos), 252 (aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos) y 264 (malversación de fondos públicos) del Código Penal de Puerto Rico. Igualmente, concluyó que el querellado incurrió en la conducta delictiva tipificada en el artículo 4.2 de la Ley Núm. 1-2012, conocida como la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico.
“Conforme a los hallazgos, la norma legal vigente y el quantum de prueba exigido en esta etapa de los procedimientos, recomendamos la designación de un FEI. En el día de hoy referimos el informe de la investigación preliminar y el expediente a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente”, confirmó el secretario de Justicia en declaraciones escritas.
La investigación preliminar del Departamento de Justicia reveló que Torres Torres, mientras fue presidente de la Legislatura Municipal de Caguas, utilizó la propiedad pública y los servicios de los empleados públicos para atender asuntos estrictamente personales, ya que encomendó a funcionarios municipales a transportarle en vehículo oficial a diferentes foros en los cuales ofrecía conferencias, en su capacidad personal y por las cuales recibía remuneración económica de entidades privadas. Asimismo, lo trasladaban en vehículo oficial, ida y vuelta, al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín para viajes personales, no relacionados con sus funciones oficiales.
Entre las actuaciones indebidas del funcionario también se incluyen la impresión de las asignaciones escolares de sus hijas y el traslado de estas tareas a su residencia en días y horas laborables. Además, durante la pandemia de COVID-19, este solicitó los beneficios federales del Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) y ofreció información falsa al indicar que no había recibido remuneración ni salarios en las semanas para las cuales solicitó dichos beneficios en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico.
Debido a que la investigación continúa, ahora en la OPFEI, el secretario y los funcionarios del Departamento de Justicia no emitirán comentarios adicionales sobre este caso en particular.
Desde el año pasado, la DIPAC del Departamento de Justicia ha completado 37 investigaciones que se han referido a la (OPFEI) relacionadas con actuaciones ilícitas por parte de alcaldes, legisladores y otros funcionarios. Actualmente, la DIPAC trabaja en 22 investigaciones adicionales.
ALCALDE SOLICITA RENUNCIA DE LEGISLADOR MUNICIPAL
El alcalde William Miranda Torres reaccionó con frustración ante la noticia. A pesar de que resaltó la separación de poderes entre el ejecutivo municipal y la legislatura del ayuntamiento, solicitó la renuncia de Torres Torres.
“El señor Torres Torres tiene el derecho que nos cobija a todos y a todas a la presunción de inocencia. Sin embargo, le solicito su renuncia como legislador y confío que la Legislatura Municipal lo retire inmediatamente de sus funciones”, afirmó.
Apuntó que continuará colaborando con las autoridades y recordó que en febrero pasado hizo un referido de investigación a la Oficina de Ética gubernamental.
“Mi equipo de trabajo está apercibido de que no toleramos la corrupción y nos mantenemos en educación permanente. Como funcionarios electos tenemos que comprometernos en servir de forma íntegra y velando siempre por el bienestar de nuestro País. El pueblo no aguanta más abusos a su confianza”, concluyó en declaraciones escritas.
El banquero venezolano Julio Herrera Velutini no ha perdido las ganas de tuitear aunque pesa en su contra una orden de arresto desde hace más de una semana por montar un esquema de sobornos para influenciar a políticos criollos con el fin de descarrilar una auditoría de Bancrédito International Bank & Trust.
A diario, el prófugo de 50 años comparte a través de su cuenta de Twitter noticias o comentarios sobre la realidad en Gran Bretaña, país donde se encontraba el pasado 4 de agosto cuando un gran jurado federal autorizó la acusación que le imputa sobornar a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced a cambio de la destitución del entonces comisionado de Instituciones Financieras, George Joyner.
Ayer, por ejemplo, posteó una historia sobre el huelga de los conductores de trenes en Reino Unido y como desembocará en un aumento en la tarifa. En la víspera, compartió una historia sobre el primer aumento en 14 años que sufre el menú de McDonald’s y destacó que ahora el cheeseburger vale más.
Desde que las autoridades federales anunciaron que lo buscan ha compartido historias de economía y política, dos temas que le tocan de cerca. Medios ingleses han reportado que Herrera Velutini es uno de los principales donantes del partido conservador británico. Fue también uno de los auspiciadores del Jubileo de Platino o la celebración de los 70 años de la coronación de la reina Isabel II.
La mayoría de sus “posts” del banquero no tienen comentarios. Pero los mensajes que publicó el 4 y 5 de agosto cuentan con comentarios sobre la acusación federal que enfrenta en Puerto Rico. Algunos cibernautas le preguntan cuándo viajará al archipiélago para entregarse. Otros le comparten extractos del comunicado de prensa del Departamento de Justicia, que contiene detalles de la acusación, y se lo vacilan.
El pasado 4 de agosto, agentes federales arrestaron a Vázquez Garced en su residencia en San Juan. Cinco días más tarde el exagente del Negociado Federal de Investigaciones, Mark Rossini, viajó de España a Puerto Rico para entregarse en las autoridades federales.
Los tres acusados enfrentan siete cargos por conspirar para cometer fraude. En síntesis la acusación federal, alega que el banquero contrató una firma de consultoría inglesa a la que pagó más de $300,000 para realizar trabajo de investigación y asesorar a Vázquez Garced en sus campaña primarista de 2020. Rossini era un consultor del banquero y sirvió de intermediario con la firma de consultoría política.
Solo queda pendiente el arresto de Herrena Velutini, quien también ha esquivado a las autoridades venezolanas, según el periódico El Nacional. El día del arresto de Vázquez Garced, la fiscalía federal indicó que el banquero -de origen venezolano y ciudadano italiano- se encontraba en Inglaterra y que iniciaría el proceso de extradición.