Buscan sacar $165 millones del Fondo de Reserva del Fondo del Seguro del Estado para mitigar alza en el costo del agua y la luz

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández y el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carlos “Johnny” Méndez, presentaron un proyecto para ordenar a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado que en el Año Fiscal 2022-2023 se realice una transferencia de $165 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) con el fin de enfrentar el alza en los costos de combustible y mitigar el impacto en el alza del precio de la energía eléctrica y del agua potable en Puerto Rico.

Los $165 millones provienen del “Fondo de Reserva” y buscan asistir a la AEE a enfrentar el alza en los costos de combustible, “lo que ayudará a mitigar el impacto en el precio de la energía eléctrica, así como del agua potable, y de esa manera se evita traspasar a los consumidores el efecto acumulativo de la pandemia, las interrupciones en la producción a nivel global y, la invasión de Rusia a Ucrania”.

El Proyecto de la Cámara 1387 cuenta además con la autoría de los representantes Jesús Santa y Juan O. Morales Rodríguez.

Mientras, a preguntas de Cuarto Poder (WAPA-TV) la Junta de Control Fiscal dijo que “revisará el proyecto cuando se presente a la Junta de Supervisión para garantizar que sea consistente con el Plan Fiscal según lo requiere el artículo 204 de PROMESA”.

Gobernador solicita al Congreso $1,000 millones en fondos para el PAN

Con el objetivo de que continúen las ayudas a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) durante el año fiscal 2023, el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, solicitó a la presidenta del Comité de Asignaciones de la Cámara Representantes federal, Rosa DeLauro, y al liderato del mismo, la asignación de $1,000 millones a esos fines. También, requirió que el Departamento de Agricultura federal (USDA, por sus siglas en inglés)  publique un plan de acción abarcador que incluya a Puerto Rico en una transición completa del PAN al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

“Estamos solicitando la asignación de $1,000 millones en fondos a Puerto Rico durante el año fiscal 2023 a través del USDA incluyendo Desarrollo Rural, la Administración de Alimentos y Medicamentos  (FDA, por sus siglas en inglés) y otras agencias relacionadas porque la Ley de Reconciliación Presupuestaria Consolidada de 1981 excluyó a Puerto Rico del SNAP y desde entonces, y por más de 40 años, hemos recibido un trato desigual en comparación con los ciudadanos americanos de los 50 estados”, dijo Pierluisi en una carta dirigida a la congresista.

El gobernador también insistió en que para la implementación y administración exitosa de estos beneficios, es sumamente necesario modernizar la programación y digitalización de los registros. De igual forma, Pierluisi, requirió más fondos para mejorar y ampliar los servicios en línea de la Administración de Desarrollo Socioeconómico (ADSEF) del Departamento de la Familia (DF) dirigidos a familias de escasos recursos, así como la digitalización de documentos relacionados a beneficiarios del PAN y del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés).  De esta forma, Pierluisi aseguró que se evitará el fraude.

“Estamos exigiendo trato igual en ayuda nutricional para beneficiar a más del 40 por ciento de los residentes de la Isla y el 50 por ciento de los menores de edad que lamentablemente viven en condiciones de pobreza. Esto es un asunto de vital importancia porque ningún ciudadano americano debe sufrir de hambre”, añadió el gobernador, quien resaltó que para que la recuperación de Puerto Rico sea completa se necesita una inversión sustancial e integral que aborde de raíz los problemas que diariamente enfrenta la Isla.

Precisamente sobre este tema, Pierluisi firmó hace unos días una Orden Ejecutiva para establecer un grupo de trabajo multisectorial que presentará estrategias de política pública ante el Congreso y la Rama Ejecutiva federal en coordinación con el primer mandatario y la comisionada residente, Jenniffer González Colón.

Desde el comienzo de la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico, en la Isla se ha visto un incremento de 19 por ciento en beneficiarios de estas ayudas particularmente en niños, personas de la tercera edad y personas discapacitadas.

A diferencia del SNAP, que se financia mediante una estructura conocida como “derecho a subsidio”, que permite que el programa sirva a todas las personas elegibles que presenten una solicitud, el PAN se administra de subvenciones en bloque. Actualmente, bajo la estructura del PAN, Puerto Rico recibe entre un 25 y 30 por ciento menos de fondos que bajo SNAP.

El gobernador regresó hoy de la capital federal luego de haberse reunido con varios secretarios del gabinete del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, incluyendo al  secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas,  con quien discutió y evaluó la estrategia de seguridad de la Frontera del Caribe y el tráfico ilegal de armas de fuego ilegales en la zona caribeña. También, con el administrador de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), Michael S. Reagan y la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, entre otros funcionarios federales, con quienes también conversaron sobre la necesidad de mano de obra en la Isla, además de la calidad del aire y el cumplimiento con regulaciones federales, así como sobre la resiliencia de la red eléctrica.

Esta tarde Pierluisi sostendrá una reunión con varios miembros del Comité de Recursos Naturales de la Cámara Federal que estarán en la Isla para realizar una audiencia relacionada al proyecto congresional de estatus.

Aaron Vick imputado en caso de pruebas covid-19 se entrega a las autoridades

El empresario estadounidense Aaron Vick, vinculado a la compra de pruebas rápidas de COVID-19 al principio de la pandemia, se entregó esta mañana en el Tribunal de San Juan, según fuentes de Cuarto Poder (WAPA-TV).

Contra Vick pesaba una orden de detención, luego de que la jueza Iraida Rodríguez Castro encontró causa para su arresto e impuso una fianza global de $200,000 el pasado 4 de noviembre.

Después del arresto esta mañana, el imputado compareció a una vista de rebaja de fianza ante el juez Rafael Taboas Dávila del Tribunal de San Juan. Tras escuchar a las partes, Taboas Dávila impuso una fianza de $1,000 por cada delito imputado, pero sin derecho al pago del 10%, según la resolución que emitió. Es decir, que redujo la fianza de $50,000 a $1,000 por cada una de las cuatro acusaciones presentadas contra Vick.

A cambio, el empresario que reside en Virginia renunció a cualquier derecho del proceso de extradición.

Durante el proceso, Vick estuvo acompañado de sus abogados Leonardo Aldridge y Guillermo Ramos Luiña.

La vista preliminar quedó pautada para el 15 de junio y mañana será fichado en la Oficina sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente.

Los fiscales especiales Ramón Mendoza Rosario, Manuel Núñez Corrada y Juan Catalá Suárez presentaron cuatro denuncias en ausencia en contra del empresario, quien viajó a la isla calladamente para entregarse a las autoridades luego de que el estado inició un proceso de extradición.

Vick enfrenta cargos de falsificación, falsificación ideológica, tentativa de fraude, intervención ilegal en los procesos gubernamentales en el fallido proceso de la venta de las pruebas diagnósticas.

Los fiscales especiales también radicaron cinco denuncias en contra el exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo, Juan Maldonado de Jesús.

Maldonado de Jesús encara cargos de falsificación, falsificación ideológica, traspaso de documentos falsos, tentativa de fraude, intervención ilegal en los procesos gubernamentales como representante legal de la empresa Apex General Contractor. Los cargos de falsificación se deben a que supuestamente falsificó la firma de Vick en un contrato relacionado a la venta de las pruebas rápidas al gobierno para detectar el COVID-19 al principio de la pandemia.

Legisladores PNP creen que la AEE debe supervisar el contrato de LUMA

El representante Carlos “Johnny” Méndez dijo hoy en Radio Isla que, luego de unos ajustes de lenguaje, firmará la medida que busca que traspasar la administración del contrato de LUMA a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Actualmente el contrato de LUMA es supervisado por la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP).

La medida es de la autoría de Luis Raúl Torres y cuenta con el respaldo de Johnny Méndez y Víctor Parés Otero quien forma parte de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía.

Fuente: Radio Isla

Machargo firmó concesión de 30 pies de costa en Joyuda a corporación de presidente Junta Subastas de Carreteras (DOCUMENTO)

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(eyboricua)

Blue Bay Village, LLC, la empresa que dirige el actual presidente de la Junta de subastas de la Autoridad de Carreteras, Moisés Sánchez Loperena, se quedó con más de 30 pies de playa con tan solo instalar un camper.

Y todo fue aprobado con la firma del secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo, en febrero del año pasado.

Asimismo dice el documento de la concesión otorgada el 8 de febrero del 2021 por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), que firmó el entonces secretario Machargo.

El diario digital ¡Ey Boricua! reveló la situación esta madrugada, reportando que el ingeniero Moisés Sánchez Loperena, presidente de la Junta de Subastas de la Autoridad de Carreteras (ACT), instaló una casa rodante y se apropió de más de 30 pies de playa en el kilómetro 13.9, carretera PR-102, en la comunidad de Joyuda, Cabo Rojo, luego que su empresa Blue Bay Village LLC obtuviera un permiso ilegítimo de concesión para el uso de la zona marítimo terrestre, que podría ser revocado si cesan las presiones contra los funcionarios del Departamento de Recursos Naturales (DRNA) que batallan para que se emita una determinación para sacar la estructura móvil de la playa.

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(eyboricua)

Varias fuentes le indicaron al periodista Marcos Pérez Ramírez que el DRNA ya comenzó los trámites para revocar el permiso de concesión para el uso de la zona marítimo (número 0-BD-CZM01-SJ-00860-20102020), que se le otorgó a la empresa del Ingeniero Sánchez Loperena, quien también fue secretario auxiliar de permisos del DRNA y gerente de proyectos de la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura (AFI).

Mira el documento:

¡Ya van tres este año! Manatí apareció muerto en la costa de Guayama tras impacto de embarcación

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Suministrada: DRNA

Un manatí adulto de nueve pies fue hallado muerto en Punta Ola, en Guayama, y los resultados de la necropsia revelaron que su muerte fue causada por el impacto de una embarcación que le ocasionó daños severos en sus costillas y columna vertebral. 

“Nuevamente, hacemos un llamado a los nautas a navegar con precaución y prudencia. Es importante que durante este verano los navegantes conozcan los reglamentos y leyes que rigen las aguas de la isla. Esta especie está protegida por estatutos estatales y federales, por lo que es vital que velemos por ella”, puntualizó la secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la licenciada Anaís Rodríguez Vega.

“Ciertamente es una tristeza que muera otro manatí y no por causas naturales, sino causada por actividades humanas. El mar es hogar de cientos de especies que, con nosotros, comparten ese espacio. Por lo tanto, no debemos ser una amenaza para sus vidas y, mucho menos, que las embarcaciones que se utilizan para entretenimiento y disfrute sean un arma o causa de muerte para ellas”, agregó la funcionaria.

Este mamífero marino fue hallado a principios de esta semana y personal del Programa de Rescate de Mamíferos Marinos del DRNA, junto al equipo de la Oficina de Manejo de Emergencias de Guayama, completaron las labores de rescate y traslado del manatí hembra. Con este reporte, son tres los manatíes muertos este año por el impacto de embarcaciones de motor.

Esta especie no nada con rapidez debido a su peso y tamaño, lo que la hace vulnerable a esquivar rápidamente una embarcación a gran velocidad. Suele estar flotando en la superficie, en desembocaduras de ríos y áreas llanas, zonas en la que los nautas y bañistas deben estar alertas. Los manatíes son especies que se encuentran alrededor de todo Puerto Rico y su población se estima en 300 a 500 individuos.

Para reportar una especie en peligro o bajo amenaza, llame al Cuerpo de Vigilantes al (787) 724-5700 o descargue la aplicación Dolphin & Whale 911 en teléfonos inteligentes.

A partir del 1 de julio se reducirá ayuda del PAN 28%

En julio concluyen las ayudas adicionales que llegaron con la pandemia del Covid-19 y por tanto se reducirá el cheque del Programa de Asistencia Nutricional (PAN). Una familia de cuatro personas que por los pasados años estuvo recibiendo un cheque mensual por unos $646, recibirá en julio un cheque por $468. Esto representa 28% menos en ayuda para la compra de comestibles.


Fuente: El Vocero

Uniformada recibe  carta de amenaza tras muerte de adolescente en Toa Baja

La Policía se mantiene alerta ante unas supuestas amenazas en venganza por la muerte del a adolescente de 16 años Obed García Beltrán ocurrida en un supuesto encuentro con miembros de esas unidades el pasado domingo en el balneario de Punta Salinas, en Toa Baja. Se alega que que un tal “Pito”, hermano de Obed, se había reunido con varios sicarios en la noche del martes en el callejón Corea en el barrio Monacillos, para pedir el asesinato de los dos agentes que estuvieron invoclucrados. 

Fuente: El Vocero