La jueza Gema González del Tribunal de Fajardo determinó ayer “no ha lugar” a la solicitud del convicto por el asesinato Jensen Medina Cardona para que le revoquen los cargos criminales y modifiquen el fallo en su contra.
“Ante planteamientos de publicidad excesiva, nuestro más alto foro ha determinado que la publicación de noticias sobre el proceso judicial no constituye de por si una violación al derecho del acusado a un juicio justo e imparcial”, dice la jueza en su resolución.
Además, sostuvo que “no cabe duda de que la prueba presentada por el Ministerio Público ante el Tribunal de Primera Instancia demostró los elementos necesarios para que se configure el delito”.
La jueza declaró culpable a Medina Cardona por todos los cargos que pesaban en su contra: uno por asesinato en primer grado de Arellys Mercado Ríos y dos por violaciones a la Ley de Armas.
Fermín Fontanés de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas detalló que LUMA recibió un pago fijo de $5 millones mensuales, para un total de $60 millones. Recibió, además, $53 millones por “mano de obra” y $47.3 millones en gastos reembolsables relacionados con la transición (subcontratistas, asistencia legal, tecnología informática, finanzas, etc.).
La medida aprobada anoche en la Cámara federal que persigue evitar un cierre parcial del gobierno federal a la medianoche de hoy no incluyó lenguaje para extender el actual nivel de aportación federal por servicios médicos bajo el programa Medicaid.
Sin ese lenguaje, a partir de mañana, sábado, el gobierno de Puerto Rico deberá aportar 45 centavos por cada dólar que se gaste de Medicaid en el plan de salud Vital -como establece la ley federal permanente-, en vez de los 24 centavos que ha asignado los últimos años, reportó El Nuevo Día en su edición impresa.
El proyecto para desarrollar el área de Bahía Urbana está en entredicho luego que la Junta de Control Fiscal advirtiera que no ha revisado el contrato. El lunes pasado el Gobierno admitió que el proyecto no fue a subasta, sino que surgió de un “acercamiento” de los desarrolladores y también informó que la negociación comenzó hace tres años bajo Noelia García, quien ahora es secretaria de la Gobernación.
Aunque en ninguno de los documentos revelados ayer por la Fiscalía Federal se menciona por nombre a otros funcionarios municipales, sí dice que “Félix “El Cano” Delgado Montalvo ejerció su influencia sobre oficiales del municipio en Cataño para asegurarse de que el negocio de (Mario) Villegas Vargas tuviera contratos municipales”.
“El Cano” promovió en su carta de renuncia para que se quede en el cargo, al licenciado Gabriel J. Sicardó Ocasio, alcalde interino, que tiene un historial de trabajo en el municipio que incluye haber sido secretario de la Junta de Subastas y director de Asuntos Legales, dos áreas críticas para los procesos de contratación.
Después de negociar desde el año pasado con la fiscalía federal, Juan Matos de Juan, abogado del exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, espera que no cumpla una condena de cárcel. Rechazó confirmar si “El Cano” está cooperando.
Al preguntarle qué beneficio obtendría la fiscalía de parte de Delgado para recomendar una sentencia baja, el abogado resaltó que su cliente está renunciando a un derecho constitucional, además de que el Ministerio Público se evita un proceso largo de litigio con la declaración de culpabilidad, así como la entrega voluntaria de bienes y dinero equivalente a los beneficios ilegales que obtuvo como parte del esquema.
Ante la propagación del ómicron, el gobierno de Joe Biden exigirá a todo pasajero internacional mostrar una prueba negativa del virus hecha 24 horas antes de partir hacia Estados Unidos o Puerto Rico. Biden dio a conocer, al mismo tiempo, que los planes médicos privados tendrán que reembolsar el costo de pruebas caseras para detectar el coronavirus, reportó El Nuevo Día en su edición impresa.
Cuando se creó el Instituto de Estadísticas, en 2003, la Legislatura le debería haber asignado $2 millones como partida inicial para financiar proyectos de mejoras metodológicas o productos estadísticos. Sin embargo, el Instituto no ha recibido la asignación para el fondo especial, según la Oficina del Contralor en un informe de auditoría.
El director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Jorge E. Galva Rodríguez, informó hoy que culminó el proceso de evaluación y selección de la compañía administrará la red de farmacias del Plan Vital, bajo el modelo de servicios profesionales conocido como Administrador de Beneficios de Farmacia (por sus siglas en inglés, PBM) y el Manejador del Programa de Reembolsos de Medicamentos de Medicaid (MDRP) y otros servicios de reembolsos de medicamentos en conjunto, “Rebate Aggregator”.
La empresa seleccionada fue Abarca Health LLC de San Juan. ASES emitió su solicitud para propuestas (RFP) el pasado 31 de marzo para entidades interesadas en servir sus servicios profesionales para el Plan de Salud del Gobierno.
“Como resultado de un riguroso proceso, la Junta de directores de ASES adjudicó este contrato a Abarca Health LLC de San Juan por ser la entidad más responsiva que demostró tener la capacidad, conveniencia y a la vez presentar precios competitivos para proveer estos servicios profesionales”, explicó Galva tras enfatizar que la economía que generará esta nueva contratación “redundará en beneficios para los pacientes y/o beneficiarios del Plan Vital”.
Plan Vital cuenta con 1.3 millones de beneficiarios que reciben servicios a través de cuatro aseguradoras bajo el modelo de cuidado coordinado. Las aseguradoras adscritas son: First Medical, Plan de Salud Menonita, Triple S y MMM.