Pierluisi pide reconsideración a Junta Fiscal para usar fondos de emergencia para aliviar alza en la luz

En una carta enviada hoy al presidente de la Junta de la Junta de Control Fiscal (JCF), David Skeel, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia urgió al ente fiscal a que reconsidere su posición sobre la propuesta del Gobierno para autorizar el desembolso de no menos de $200 millones de la Reserva de Emergencias Estatal para subsidiar el costo de energía eléctrica a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Al mismo tiempo, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, adelantó que pondera una propuesta para la eliminación permanente del impuesto al combustible ante la proyección de aumento en los recaudos que recibirá el gobierno. Esta medida también busca aliviar el golpe en el bolsillo que ha causado la volatilidad en los precios del crudo debido a la guerra.

Ambas reacciones ocurren luego que la JCF rechazó una solicitud del mandatario para acceder al fondo y recomendó, en cambio, utilizar fondos federales para mitigar ese aumento en el costo del combustible que utiliza el sistema de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ayer, el ente fiscal también objetó una medida de la autoría de Dalmau Santiago, que impone una moratoria de 45 días en el cobro del impuesto al combustible, pero dejó la puerta abierta para discutir ese proyecto y alinearlo con el plan fiscal y presupuesto ya aprobados por el ente fiscal. El Senado ya aprobó la medida, que pasó a la consideración de la Cámara de Representantes.

“El Gobierno evaluará las opciones para continuar optimizando el uso de fondos federales y programas existentes, pero reconocemos que esas acciones son insuficientes para atender adecuadamente esta crisis energética global. Según usted indica en su carta, parece que estamos de acuerdo en que la Autoridad de Energía Eléctrica necesita una inyección de dinero para evitar futuros aumentos en las tarifas de energía eléctrica, sin embargo, diferimos en cuanto a la cantidad y las fuentes de financiamiento”, advirtió Pierluisi Urrutia al reiterar que la solicitud se debe a la guerra y no a insuficiencias operacionales de la corporación pública.

“Solicito que la Junta reconsidere su posición”, insistió el gobernador al añadir que “el impacto a Puerto Rico no puede ser sobreestimado porque el inesperado aumento en los precios del petróleo que necesitamos para la generación de energía requeriría aumentos tarifarios súbitos y significativos en la AEE para atender esta emergencia. Si hay algo que constituye una emergencia, es esto. La emergencia actual no habrá sido provocada por la naturaleza, pero sus ramificaciones económicas en Puerto Rico son iguales. Sin una inyección de fondos adicionales, los costos energéticos de la AEE, que ya son de los más altos a nivel de todo Estados Unidos, tendrán que aumentar, forzando a que muchos ciudadanos escojan entre mantener las luces de sus residencias encendidas o darles de comer a sus familias – una decisión que nadie debiera tener que hacer”.

De paso, Pierluisi Urrutia enfatizó que el Gobierno no está solicitando un uso incondicional de la Reserva de Emergencias Estatal y aclaró que la Junta mantendría la autoridad y la decisión final de aprobar el uso de cualquier desembolso proveniente de la Reserva. Asimismo, indicó que de ser necesario el Gobierno someterá ante la JCF enmiendas al Plan Fiscal Certificado.

“No aprobar el acceso al Fondo de Reserva de Emergencias ahora expondría a Puerto Rico a efectos económicos negativos que se pueden evitar. El tiempo apremia y actuar ahora nos ayudará a abordar esta emergencia de manera más efectiva”, apuntaló.

Dalmau Santiago, por su parte, señaló solicitó una certificación de la proyección de ingresos al secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea.

“La carta difundida ayer por la Junta de Supervisión Fiscal con relación a la Resolución Conjunta que dispone una moratoria de 45 días en el recobro del arbitrio especial al combustible, conocido como la crudita, no es un rechazo absoluto a dicha propuesta. Lo que plantea el ente federal es que resulta necesario identificar $25 millones que es el costo estimado de dicha moratoria. Asimismo, la junta reitera su disposición para colaborar en enmiendas a la medida que reflejen de donde saldrá el dinero que sustituye el recaudo de dicho arbitrio”, apuntó en declaraciones escritas.

“Es de conocimiento general que los recaudos del fondo general, es decir del gobierno, han aumentado, excediendo las expectativas tenidas en el presupuesto aprobado y certificado como balanceado por la propia Junta. En consecuencia, hay fondos suficientes de ese aumento en recaudos para subsanar cualquier desfase de la crudita cuando esté en moratoria. Además, existe recursos de fondos ARPA que pueden destinarse a este alivio al bolsillo de todos. De hecho, la medida fue enmendada en el Senado para establecer la procedencia de los fondos, por lo que el comentario de la Junta se hace inoficioso”, agregó.

Por tanto, el líder senatorial solicitó la certificación para validar la disponibilidad de los ingresos estatales y anticipó que evalúa la eliminación permanente del arbitrio a la gasolina. Pero no ofreció detalles de esa propuesta.

Pese a la resistencia, una mujer combate al sistema por el bienestar de su ahijada

Hace tres semanas María (nombre ficticio) alertó a las autoridades de que su ahijada era sometida a un alegado patrón de maltrato y posible abuso sexual.

Pero en vez de encontrar empatía y apoyo en el sistema, se chocó con un muro de cemento.

Primero encaró la resistencia de la escuela donde estudia la menor de 16 años. La mujer, que pidió que su nombre se mantuviera en el anonimato por razones de seguridad, contó a Cuarto Poder (WAPA-TV) que cuando se presentó al plantel para indagar sobre la situación de su ahijada, una funcionaria escolar la despachó inicialmente con “usted no es nadie”. También se percató de que el personal escolar desconocía que la madre de la menor había muerto en el 2018.

No se dio por vencida.

Regresó a la escuela cuatro días después con una brigada familiar. Ese lunes 7 de marzo logró que la trabajadora social de la escuela la escuchara e iniciara el protocolo para proteger a la menor.

“Ella (la ahijada) llegó tarde. Llegó corriendo porque se había escapado”, explicó María.

“Se me tiró encima llorando. Me dijo frente a la trabajadora social: ‘titi, por favor, ayúdame porque me están maltratando’”, agregó

Luego de una jornada larga, que incluyó una entrevista a la menor, el Departamento de la Familia (DF) finalmente la removió y la colocó en un hogar de la agencia.

Aunque la intervención de María precipitó esa movilización del Estado, afirmó que nadie atendió sus preguntas, ni inquietudes. Tampoco la consideraron con una alternativa para ubicar a la menor. Al contrario, sintió que el personal de la agencia la atendió de forma fría y distante.

“Ni me pude despedir de ella”, señaló.

Explicó que preocupada ante lo que presenció durante el proceso de remoción acudió al Tribunal de San Juan para solicitar una orden de protección para su ahijada. Ese mismo día, el juez Glenn Velázquez Morales se la concedió. El 9 de marzo, el juez enmendó la orden de protección y le concedió la custodia provisional de su ahijada. El DF no acató la orden. En cambio, presentó una moción en oposición.

Las gestiones de María no acabaron ahí.

Acudió a una entrevista con la agente de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores que investiga el caso. Siguió tocando puertas de amistades, de organizaciones y de Cuarto Poder en busca de ayuda y de un lugar donde la escucharán.

Pese a que María se presentó a la oficina del DF para entregar la orden de protección, indicó que la agencia no le ofreció información de la menor.

“Yo solo quiero saber que ella está bien y en un lugar seguro”, soltó atribulada.

Indicó también que la menor le dijo que le estaban pasando cosas “muy malas”, pero que otra amiga de la ahijada le contó que ella le había confiado que era víctima de abuso sexual.

Desde el punto de vista jurídico, María no tiene derecho a reclamar participación en la vida de su ahijada porque no existe un vínculo sanguíneo. Eso sí, las une otro lazo que nace de las vivencias compartidas y del compromiso simbólico que María hizo cuando aceptó ser su madrina.

La veterana trabajadora social Rita Córdova indicó a Cuarto Poder que el DF podía ubicar a la menor con su madrina con quien mantiene un fuerte vínculo afectivo.

“La pueden ubicar en su casa, aunque el hogar todavía no esté certificado”, aseguró.

Ante esta situación, el DF informó a Cuarto Poder que “la menor se encuentra estable y ubicada en un hogar certificado por la agencia”. En declaraciones escritas también ofreció los criterios para que el hogar de la madrina se convierta en un hogar de crianza de la agencia.

Ayer, María regresó al juzgado para procurar una nueva fecha para la vista de ratificación de la orden de protección a favor de su ahijada e informar que el DF no le había entregado la custodia. La vista debió celebrarse el lunes, pero fue cancelada porque era feriado. Descubrió que un juez acogió la petición del DF y dejó sin efecto ambas órdenes.

“Voy a seguir luchando. No voy a estar tranquila hasta que sepa que ella está bien”, apuntaló.

Aqui el reportaje de Cuarto Poder: Bajo custodia de desconocidos joven de 16 años

Hacienda no habla con Jenniffer González sobre plan para evitar fuga de empresas foráneas

El Departamento de Hacienda “mantiene a oscuras” a la comisionada residente Jenniffer González y al presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernandez sobre el proyecto que trabaja para evitar perder entre $1,400 millones y $1,600 millones del impuesto a las empresas foráneas. El presidente de la Cámara, adelantó que en los próximos meses presentará su propia medida para mantener estas empresas en la Isla.

El Vocero

Controversia por tuit de Jasmine Camacho-Quinn en rechazo a que trans participen en competencias femeninas 

“Las mujeres biológicas no tienen ninguna oportunidad en el deporte si siguen permitiendo que los hombres biológicos compitan contra ellas. No es justo. Vive como quieras vivir, pero en cuanto a los deportes, no estoy de acuerdo con lo que está pasando”, tuiteó Jasmine Camacho-Quinn en su cuenta oficial de Twitter.

Sin embargo, horas después la medallista de oro en las Olimpiadas borró el tuit disculpándose por los que se sintieron ofendidos. La controversia surge luego que Lia Thomas pasara a los libros de historia al convertirse el pasado 17 de marzo en la primera nadadora transgénero en ganar el campeonato de la National Collegiate Athletic Association (NCAA), División I.

El Vocero

Ante escasez de sangre evalúan permitir que hombres homosexuales puedan donar  sin restricciones 

Ante la escasez de donativos de sangre a nivel mundial, la Cruz Roja en Grecia y Francia levantaron por completo la prohibición para que los hombres gay y bisexuales puedan donar sangre. Las restricciones contra esta población para donar sangre no es asunto reciente, dado que el gobierno federal decretó en 1977 un veto de por vida para donar sangre en hombres que sostienían relaciones sexuales con personas del mismo sexo. No fue hasta el 2015 que Estados Unidos levantó el veto de por vida, pero lo sustituyó por el requisito de un año de abstinencia sexual.


Primera Hora

Gastan $1 millón en pago a fiscales especiales independientes para llevar casos que no presentan cargos

Durante la pasada década, la OPFEI gastó más de $1 millón únicamente en pagos a sus fiscales para realizar investigaciones a fondo contra empleados públicos a quienes, concluida la pesquisa, determinaron no presentar cargos. La Cámara de Representantes tiene ante sí, al menos, dos medidas que ordenan examinar la operación fiscal de  la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI). 


El Nuevo Día