Pierluisi pide reconsideración a Junta Fiscal para usar fondos de emergencia para aliviar alza en la luz

En una carta enviada hoy al presidente de la Junta de la Junta de Control Fiscal (JCF), David Skeel, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia urgió al ente fiscal a que reconsidere su posición sobre la propuesta del Gobierno para autorizar el desembolso de no menos de $200 millones de la Reserva de Emergencias Estatal para subsidiar el costo de energía eléctrica a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Al mismo tiempo, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, adelantó que pondera una propuesta para la eliminación permanente del impuesto al combustible ante la proyección de aumento en los recaudos que recibirá el gobierno. Esta medida también busca aliviar el golpe en el bolsillo que ha causado la volatilidad en los precios del crudo debido a la guerra.

Ambas reacciones ocurren luego que la JCF rechazó una solicitud del mandatario para acceder al fondo y recomendó, en cambio, utilizar fondos federales para mitigar ese aumento en el costo del combustible que utiliza el sistema de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ayer, el ente fiscal también objetó una medida de la autoría de Dalmau Santiago, que impone una moratoria de 45 días en el cobro del impuesto al combustible, pero dejó la puerta abierta para discutir ese proyecto y alinearlo con el plan fiscal y presupuesto ya aprobados por el ente fiscal. El Senado ya aprobó la medida, que pasó a la consideración de la Cámara de Representantes.

“El Gobierno evaluará las opciones para continuar optimizando el uso de fondos federales y programas existentes, pero reconocemos que esas acciones son insuficientes para atender adecuadamente esta crisis energética global. Según usted indica en su carta, parece que estamos de acuerdo en que la Autoridad de Energía Eléctrica necesita una inyección de dinero para evitar futuros aumentos en las tarifas de energía eléctrica, sin embargo, diferimos en cuanto a la cantidad y las fuentes de financiamiento”, advirtió Pierluisi Urrutia al reiterar que la solicitud se debe a la guerra y no a insuficiencias operacionales de la corporación pública.

“Solicito que la Junta reconsidere su posición”, insistió el gobernador al añadir que “el impacto a Puerto Rico no puede ser sobreestimado porque el inesperado aumento en los precios del petróleo que necesitamos para la generación de energía requeriría aumentos tarifarios súbitos y significativos en la AEE para atender esta emergencia. Si hay algo que constituye una emergencia, es esto. La emergencia actual no habrá sido provocada por la naturaleza, pero sus ramificaciones económicas en Puerto Rico son iguales. Sin una inyección de fondos adicionales, los costos energéticos de la AEE, que ya son de los más altos a nivel de todo Estados Unidos, tendrán que aumentar, forzando a que muchos ciudadanos escojan entre mantener las luces de sus residencias encendidas o darles de comer a sus familias – una decisión que nadie debiera tener que hacer”.

De paso, Pierluisi Urrutia enfatizó que el Gobierno no está solicitando un uso incondicional de la Reserva de Emergencias Estatal y aclaró que la Junta mantendría la autoridad y la decisión final de aprobar el uso de cualquier desembolso proveniente de la Reserva. Asimismo, indicó que de ser necesario el Gobierno someterá ante la JCF enmiendas al Plan Fiscal Certificado.

“No aprobar el acceso al Fondo de Reserva de Emergencias ahora expondría a Puerto Rico a efectos económicos negativos que se pueden evitar. El tiempo apremia y actuar ahora nos ayudará a abordar esta emergencia de manera más efectiva”, apuntaló.

Dalmau Santiago, por su parte, señaló solicitó una certificación de la proyección de ingresos al secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea.

“La carta difundida ayer por la Junta de Supervisión Fiscal con relación a la Resolución Conjunta que dispone una moratoria de 45 días en el recobro del arbitrio especial al combustible, conocido como la crudita, no es un rechazo absoluto a dicha propuesta. Lo que plantea el ente federal es que resulta necesario identificar $25 millones que es el costo estimado de dicha moratoria. Asimismo, la junta reitera su disposición para colaborar en enmiendas a la medida que reflejen de donde saldrá el dinero que sustituye el recaudo de dicho arbitrio”, apuntó en declaraciones escritas.

“Es de conocimiento general que los recaudos del fondo general, es decir del gobierno, han aumentado, excediendo las expectativas tenidas en el presupuesto aprobado y certificado como balanceado por la propia Junta. En consecuencia, hay fondos suficientes de ese aumento en recaudos para subsanar cualquier desfase de la crudita cuando esté en moratoria. Además, existe recursos de fondos ARPA que pueden destinarse a este alivio al bolsillo de todos. De hecho, la medida fue enmendada en el Senado para establecer la procedencia de los fondos, por lo que el comentario de la Junta se hace inoficioso”, agregó.

Por tanto, el líder senatorial solicitó la certificación para validar la disponibilidad de los ingresos estatales y anticipó que evalúa la eliminación permanente del arbitrio a la gasolina. Pero no ofreció detalles de esa propuesta.

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